El plan de ayudas directas para pymes y autónomos se queda a medias

12 de marzo de 2021. El Consejo de Ministros extraordinario de aquel día da luz verde al paquete de ayudas públicas por importe de 11.000 millones de euros para pymes y autónomos, especialmente destinado a la hostelería, el turismo y el comercio, y que incluía un fondo de apoyo directo a las pymes y a los autónomos de 7.000 millones, que serían gestionados a través de las comunidades autónomas. Anunciado a bombo y platillo por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a día de hoy, justo cinco meses después, sigue sin haberse implementado en toda su extensión y ninguno de los gobiernos autonómicos ha conseguido repartir la totalidad de los fondos concedidos a cada una de ellas. La burocracia, los requisitos leoninos y un mal planteamiento estructural ha convertido esta ayuda, esperada como agua de mayo, por miles de empresas y trabajadores por cuenta propia, en una medida casi residual en varias regiones. Poco más de un 40% de los fondos han llegado a las necesitadas empresas y autónomos, apenas 2.800 millones de euros.

Según datos facilitados por las dos principales asociaciones de autónomos, ATA y UPTA, apenas tres comunidades han logrado entregar más de la mitad de los fondos disponibles: Castilla-La Mancha (70%), Canarias (60%) y Baleares (60%). Ni siquiera la Comunidad de Madrid, que fue la primera en activar los plazos de solicitudes y la primera en pagar, ha conseguido subvencionar a poco más de un 40% de solicitantes. En otras regiones, la situación es aún peor. Cantabria apenas ha puesto en circulación un 14%, mientras Cataluña, Murcia, y La Rioja han clausurado las plecas en un 20%. Pero la palma se la lleva Asturias, en la que únicamente han solicitado el 4% del dinero ofertado y la convocatoria ha cerrado ya los plazos.

Pero, ¿qué es lo que ha provocado esta situación? ¿Por qué no se ha agotado el dinero disponible si millones de pymes y autónomos se encuentran al límite de su aguante? La respuesta es sencilla. El mecanismo de solicitud se ha mostrado demasiado lento, burocráticamente farragoso y con unos requisitos que se han demostrado ineficaces y, en la mayoría de los casos, imposibles de cumplir pese a que hayan perdido más de 30% de sus ingresos durante el último año.

En teoría, la finalidad de este plan era ayudar a las empresas a reactivar su actividad, sanear sus cuentas y que afrontaran los meses que resten de pandemia en la mejor condición posible. Sin embargo, la exigencia de que las ayudas solo se autorizarán para el pago de deudas y costes fijos que se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, ha retraído a miles de empresas. El mes pasado, la ministra de Economía, Nadia Calviño, decidió modificar las bases del decreto y permitir que la ayuda sirviese para compensar pérdidas contables. Pero ese cambio, lejos de ampliar el campo de acción, solo ha servido para añadir más incertidumbre.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, también ha sido muy claro en su crítica sobre este plan. «Ha estado mal diseñado desde el principio y esta son las consecuencias». En varias ocasiones lanzó un guante al Ejecutivo para facilitar el acceso a estas ayudas, pero no ha sido escuchado. «Si quería que los autónomos con caída de facturación accedieran a las ayudas directas, donde habla de deudas con proveedores del 1 de marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021, que hubiera cambiado el mes de mayo por diciembre y así seguro que se hubiera solucionado».

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, también dejó claro cómo se lograría una respuesta masiva de las empresas. «Bastaría con que para el acceso a las ayudas solo se tenga en cuenta la bajada de ingresos respecto a antes de la pandemia. Sin más requisitos. La caída de facturación es muy fácil de probar y no hay posibilidad de hacer trampa».

¿Y a quién se puede echar la culpa de esta situación? Pues, además de lo anteriormente comentado, a la propia concepción del plan. El Gobierno ha vuelto a demostrar su incapacidad para plasmar con medidas eficaces sus buenas intenciones y las comunidades han tardado demasiado en activar los protocolos y los plazos para acceder a las ayudas. Pero, sobre todo, el principal escollo ha sido la burocratización de los requisitos y las obligaciones de los perceptores, que han convertido las solicitudes en un infierno administrativo. Por ejemplo, desde la Junta de Andalucía critican que es la Agencia Tributaria la que debe detallar la situación fiscal de cada solicitante, «uno a uno», lo que multiplica los trámites y la burocracia. Por tanto, el proceso ha demostrado ser complejo y poco coherente», limitando las posibilidades de acceso a la subvención o, directamente, haciendo desistir a miles de posibles beneficiarios.

Además, con tanto procedimiento, se corre el riesgo de que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) no comparta los mismos criterios de comprobación utilizados por las comunidades y solicite el reintegro de los recursos, que no llegarán a las pymes. Desde la Comunidad de Madrid han criticado con dureza que la mayoría de estas exigencias han impedido una mínima automatización del procedimiento, obligado a un proceso manual «factura por factura» y provocado «un coste administrativo muy elevado» que, en la práctica, «ha impedido cumplir con el proceso y que el dinero llegara a quien lo necesitara», censuran.

Patronales y asociaciones también han cargado contra la decisión de dejar a las comunidades la potestad de ampliar el número de sectores a los que dar cobertura con estas ayudas, a partir de los 95 oficiales reconocidos por el Gobierno central. Creen que esta decisión ha creado serias diferencias entre comunidades, al haber sectores que han podido pedir subvenciones en un territorio pero no en otro.