Los peajes, un impuesto a cámara lenta

El pasado mes de abril se aprobó el «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia», elaborado por el Gobierno como compromiso ante la UE para la recepción de los fondos europeos del programa Next Generation. Este plan, en sus 227 páginas, incluye un sinfín de medidas a aplicar en los próximos años y sin duda una de las que más revuelo ha causado y sigue causando ha sido el proyecto de establecer un nuevo sistema de peaje para la red de autovías y autopistas.

En el documento indica: «Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras». Y en otro momento del documento concreta que esto será regulado en la «Ley de Movilidad y Financiación del Transporte». En esa redacción queda implícito que este compromiso viene a cumplir con dos de los principios habituales en las legislaciones medioambientales europeas: el principio de «quien contamina paga» y el principio de que «quien usa paga». Este plan es un compromiso de España ante la UE que ya había esquivado en anteriores ocasiones, en las que se había querido implantar «la euroviñeta», un sistema de peaje al transporte presente en algunos países europeos. Este impuesto es muy impopular y ha sufrido el rechazo prácticamente general de la población, y la oposición frontal del sector transporte y de todo tipo de asociaciones de conductores. Estas se han pronunciado contra la norma y han realizado detallados estudios sobre lo que recaudan las innumerables figuras impositivas que recaen sobre la compra, mantenimiento y posesión de vehículos en España.

Este malestar social no ha impedido, sin embargo, que los planes del Gobierno sigan avanzando y en un foro empresarial en Galicia, la semana pasada, el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, confirmó que el Gobierno prepara un nuevo «sistema de tarificación»; un extraordinario eufemismo para el pago por uso en la red de alta capacidad que estará listo en unos meses. Y esto fue ratificado por la ministra el pasado martes. En su respuesta a una pregunta sobre el asunto matizó que, una vez el sistema esté preparado, se discutirá con los agentes sociales y entes territoriales para obtener el mayor consenso.

Esta confirmación ha disparado todas las alarmas, pues un pago por uso perjudicará principalmente a los conductores profesionales y al transporte de mercancías. Y claro, los transportistas han dicho que «hasta aquí hemos llegado». Ya se han conocido respuestas de diferentes asociaciones profesionales en las que se deja claro que este impuesto «solo se aceptará con compensaciones negociadas adecuadas» y de no hacerlo anuncian movilizaciones.

Por fuentes del sector se ha conocido que en el Comité Nacional de Transporte por Carretera celebrado este jueves se aprobó la publicación de una carta abierta indicando la postura del sector. «Esta carta se conocerá en los próximos días y será muy clara», según ha indicado uno de los asistentes. Estoy convencido de que el Gobierno negociará y compensará al sector del transporte, o le eximirá del «Sistema de Tarificación», y por tanto lo acabará pagando el sufrido contribuyente que no tiene más remedio que utilizar su coche para ir a trabajar. Y si no, al tiempo.