El Gobierno, atado de manos para implantar peajes a los transportistas

Los transportistas están en pie de guerra. Varias asociaciones patronales como Astic, CETM o Fenadismer han anunciado movilizaciones entre los días 20 y 22 de diciembre para reclamar al Gobierno que cumpla con las promesas que les hizo tiempo atrás para protegerlos de lo que consideran posición de abuso de las empresas cargadoras ante la elevada atomización del sector, que le resta fuerza en la negociación de las condiciones de los contratos. Pero también van a la huelga porque están muy descontentos con una cuestión que consideran crucial para su actividad, la posible implantación de peajes. Están perplejos ante la determinación y voluntad expresadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) de extender el pago por uso a toda la red de vías de alta capacidad españolas sin haber consultado a nadie. Sobre todo porque, como recuerdan, el departamento que dirige Raquel Sánchez tiene un compromiso por escrito con los transportistas para no implantar el pago por uso a estos profesionales si no es con su consentimiento.

Nada más acabar el confinamiento, en vísperas del pasado verano, el transporte por carretera convocó ya otra huelga para reclamar al Gobierno más o menos lo mismo que ahora: que los transportistas no tengan que descargar los camiones, que se agilice la devolución del pago del diésel profesional o ver qué hacer con la cuestión de la euroviñeta. En aquella ocasión, el Mitma, dirigido entonces por José Luis Ábalos, movió ficha para evitar las movilizaciones y el 23 de julio envió una carta a Carmelo González Sayas, presidente del Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera, el órgano creado por el Ejecutivo para abordar las problemáticas del sector en el que están presentes sus patronales; con una serie de compromisos que el Ejecutivo adquiría a cambio de que los transportistas no hicieran huelga. Entre otras promesas, el entonces secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, se comprometió por escrito a “no implantar ninguna euroviñeta a los transportistas profesionales sin el consenso del sector”.

Aunque fue el anterior equipo del Mitma el que adquirió los compromisos, los transportistas dicen que, en una reciente reunión, la actual secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, les aseguró que siguen en pie porque no eran de carácter personal, sino del departamento. De ahí su sorpresa porque el ministerio esté preparando un sistema sin tener en cuenta su opinión.

Rechazo

En el sector no hay voluntad alguna en este momento de acceder al pago de esta tarifa plana por el uso de las infraestructuras viarias. Consideran que no está en modo alguno justificado. El Gobierno argumenta para defender su aplicación que la red tiene un déficit de conservación de unos 7.500 millones de euros -aludiendo a estimaciones de la Asociación Española de Carreteras (AEC)- y que, para enjugarlo y conservar la red, no es suficiente con los ingresos que se generan a través de los impuestos. Pero los transportistas tienen una percepción muy diferente. Aseguran que el Estado recauda suficientes fondos vinculados al transporte como para mantener en buen estado la red vial. Dulse Díaz, secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), afirma que muchos transportistas de otros países, incluidos los portugueses, repostan en España porque el gasóleo es más barato y que esto permite al Estado recaudar anualmente 19.000 millones en concepto de impuestos de hidrocarburos y de IVA. “Con eso tienes de sobra para cubrir los 3.000 millones que cuesta el mantenimiento”, aseguran. Además, con la situación que está atravesando el sector, con un incremento del 40% del precio del diésel en el último año y los problemas de liquidez que eso les está acarreando, “anunciar ahora que se van a poner peajes, creemos que es la medida menos acertada”, asegura Juan José Gil, secretario general de Fenadismer.

Díaz entiende que los países centroeruopeos cobren una viñeta a los vehículos pesados. Es comprensible, dice, porque allí el desgaste de las carreteras es similar al que puede hacer en las españolas, pero la recaudación en impuestos ligados a la circulación es menor porque todo el que puede, evita repostar en estos países porque es mucho más caro.

Al sector del Transporte tampoco le parece lógico que la ministra Raquel Sánchez anunciase el pasado jueves un paquete de ayudas de hasta 400 millones de euros para ayudar a su descarbonización sin haberles siquiera consultado cómo articular esas ayudas. Se trata, además, de un plan que va con un año de retraso, pues en la misiva que envío Saura para frenar la huelga del pasado año, el Mitma se comprometió a que, entre septiembre y diciembre de 2020, se iba a diseñar un Plan de Impulso a la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carretera 2021-2023.