La UE pone coto a los desmanes de los gigantes digitales

La Eurocámara y las capitales europeas negocian una nueva normativa pionera en el mundo, prevista para 2023, que podría contemplar multas de hasta el 10% de sus negocios

A 3D printed Facebook logo is placed on broken glass above a printed EU flag in this illustration
A 3D printed Facebook logo is placed on broken glass above a printed EU flag in this illustration FOTO: Dado Ruvic REUTERS

El mundo digital dejará de ser la ley de la selva, dónde siempre ganan los más fuertes. El club comunitario se ha puesto como objetivo el año 2023 para poner en marcha un nuevo modelo regulatorio pionero en el mundo que tiene como objetivo atar en corto a los gigantes digitales, quienes en los últimos años han gozado de un poder casi omnímodo. Es una frase recurrente decir que la realidad suele moverse mucho más rápido que la legislación y esto adquiere pleno significado cuando hablamos del mundo virtual y los «clicks» que se suceden a velocidad de vértigo en cualquier punto remoto del globo terráqueo.

En estos años, Bruselas ha intentado frenar los abusos de las grandes plataformas gracias a su política de Competencia que debe asegurar que todos los actores del mercado interior europeo actúan en igualdad de condiciones, como modo de que los consumidores europeos tengan libertad de elección. Bruselas no persigue que una compañía, gracias a su buen hacer, consiga una posición de primacía en el mercado, pero sí que se extralimite en su posición de dominio al establecer barreras para los rivales. En los últimos años, la Comisión Europea ha acusado a Amazon de utilizar datos sensibles a gran escala para competir con los proveedores más pequeños en su propio beneficio u ofrecer un tratamiento preferencial en las ofertas a los vendedores que utilizan los servicios de logística y entrega del gigante del comercio on-line.

En el caso de Google, Bruselas le ha abierto hasta tres expedientes diferentes por favorecer su servicio de compra Google Shopping frente sus competidores, la implantación del sistema operativo Android para los móviles y por su servicio publicitario AdSense. La justicia europea, de momento, avaló el pasado mes de noviembre la histórica multa de 2.424 millones por el primer pliego de cargos.

Pero la Comisión Europea no se conforma con ganas estas batallas. Quiere que a partir de ahora las normas existentes sean más claras y que no sea necesario emprender una complicada investigación a posteriori, cuando el daño ya está hecho. Por eso, el club comunitario está tramitando la Ley de Mercados Digitales que, entre otras medidas, prohibirá a los gigantes tecnológicos favorecer a sus propios servicios frente a los rivales; les obligará a que los usuarios tengan garantizada la portabilidad de los datos y la interoperabilidad con otras plataformas; permitirá que las empresas usuarias accedan a los datos que generan al utilizar la plataforma e incluso asegurará que los anunciantes y editores tengan las herramientas y la información necesarias para llevar a cabo su propia verificación independiente.

La multan podrán ascender hasta el 10% de su volumen de negocios. Nada de bromas.

Todo parece indicar que el camino está desbrozado. Las capitales europeas han llegado a un acuerdo a finales del mes pasado y ahora comienzan las negociaciones con la Eurocámara. Según explica a este periódico la eurodiputada del Partido Popular Pilar del Castillo no hay grandes diferencias entre lo que propone el Consejo y la Eurocámara, por lo tanto todo indica que la tramitación se va a realizar en un «tiempo bastante razonable» debido a que no existen «diferencias insalvables», una vez la propuesta se apruebe en el pleno del mes de diciembre. Uno de los puntos que permanecen abiertos es la definición de a quienes afectará esta nueva normativa, denominados «guardianes de acceso», aquellas empresas que precisamente suponen la puerta de entrada a la red a proveedores de servicios de mercado. Aunque los grande nombres están claros, se necesita fijar el umbral de volumen de negocios a partir del cuál será necesario el cumplimiento de esta normativa, para no dañar a las pequeñas y medianas empresas.

El propósito es llegar a un acuerdo en la primera mitad del año 2022 para que la nueva legislación pueda comenzar a aplicarse en 2023, algo que parece claramente factible ahora mismo. Según explica Del Castillo, miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, uno de los puntos más favorables del acuerdo al que han llegado las capitales europeas reside en que «la Comisión Europea tendrá toda la competencia en el desarrollo y el control de la aplicación de esta normativa, lo que evitará la fragmentación en el mercado único que a veces deriva de las diferentes aplicaciones nacionales. Las capitales europeas suelen ser reticentes a otorgar esta serie de poderes a la Comisión. En este caso no será sí y esto tendrá un impacto muy positivo».

Sobre si la UE se convertirá en ejemplo para el resto del mundo, Del Castillo reconoce que el debate sobre el poder de los gigantes digitales también ha comenzado en EE UU y este modelo será debatido y analizado tanto dentro como fuera de las fronteras europeas. «Hablamos de un mercado muy dinámico y cambiante en el que casi no se había desarrollado la necesidad de hacer de la libre competencia un elemento central».