El Gobierno activa una rebaja del 20% en el IRPF, créditos ventajosos y aplazamiento de cuotas para los agricultores afectados por la sequía

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley de apoyo al sector agrario frente a la “prolongada” sequía en el que participan seis ministerios y que incluye cinco bloques de medidas urgentes de carácter fiscal, laboral, financiero e hidráulico, entre las que destaca la rebaja del 20% del IRPF a los agricultores, ayudas económicas y líneas de crédito. Las medidas aprobadas competen a seis ministerios distintos y tienen como objetivo contribuir al “mantenimiento de la rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, en un contexto de dificultades acumuladas por la subida de los precios de insumos, materias primas y energía”. Así lo explicó en conferencia de prensa el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien ha detallado el contenido de las medidas y ha afirmado que se trata de un paquete “potente” con el que se espera mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias ante la sequía.

La reducción del 20% en los módulos del IRPF beneficiará a 918.000 agricultores y ganaderos, lo que reducirá la base imponible en más de 500 millones. Los agricultores también podrán acceder a líneas de créditos ventajosas y equiparar la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio. El Ministerio de Agricultura pondrá a disposición financiación de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca) y líneas de financiación de 2,7 millones de euros, en las que subvencionará, en régimen de concesión directa.

Otras medidas de liquidez se centrarán en aplazamientos especiales de las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario y para autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA), a un interés muy reducido del 0,5%, siete veces inferior al habitual. En el caso de las empresas, los periodos de devengo serán entre los meses de marzo a mayo de 2022 y, para los autónomos, de abril a junio. En este sentido, se pondrá a disposición de los operadores agrarios una línea de ayuda, en régimen de concesión directa, para la bonificación del principal de operaciones de financiación formalizadas a través de las entidades financieras, para lo que se habilita un presupuesto de 10 millones de euros, pero que pretende movilizar más de 100 millones desde los bancos.

Planas confirmó que se está trabajando ya para que el seguro agrario pueda acometer ampliaciones de crédito, para que dar respuesta al “incremento en la contratación” producida en el Plan de Seguros Agrarios Combinados y el Gobierno solicitará los anticipos de las ayudas y flexibilización de las condiciones de aplicación de la Política Agrícola Común (PAC).

El real decreto-ley también contempla una reducción de 35 a 20 en el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en el territorio de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura -los territorios más afectados por la situación de sequía, ya que las reservas almacenadas en las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana apenas alcanzan el 30%-.

Así, se equipara la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio para trabajadores eventuales agrarios y a la renta agraria. En concreto, los trabajadores con contrato de fijo discontinuo incluidos en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social que desarrollen esta actividad en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, cuando dejen de prestar servicios por haber finalizado o haberse interrumpido la actividad intermitente o de temporada de la empresa, o cuando se suspenda la actividad por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, o bien cuando, tras esas situaciones cesen involuntariamente en un trabajo eventual agrario, podrán tener la consideración tanto de trabajadores fijos discontinuos como de trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social a efectos de la protección por desempleo siempre que reúnan los requisitos exigidos en cada caso.

Además se ha aprobado la exención de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para determinados productores agrarios que reúnan ciertos requisitos.

Además, el paquete de medidas fija un precio del agua desalada para 2022, un recurso clave para paliar la falta de recursos hídricos convencionales en las explotaciones agrícolas y ganaderas del sureste, y se reducirán los cánones de regadío en las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana. Se limitará el coste del agua procedente de desaladoras de titularidad de la Administración General del Estado de hasta 0,450 ¬ /m3, en toma de riego y con el coste del agua en la Conducción Júcar-Vinalopó, donde se fijan precios de 0,295 euros por metro cúbico en toma postrasvase. La fijación de estos precios máximos permitirá a los usuarios asumir los costes del recurso.

La sequía, junto con el incremento de costes, ha puesto al campo al límite. El periodo del año hidrológico la reducción de precipitaciones con carácter general se ha situado en torno a un 40% respecto a las series históricas y en el Guadalquivir y el Guadiana se sitúa en torno al 60%. El titular de Agricultura ha comparado la situación actual con el periodo de sequía que tuvo lugar entre 1991 y 1995, ya que en este caso la situación de sequía “estructural” afecta tanto de secano como de regadío. Si bien da la bienvenida a las lluvias que está dejando ‘Celia’ como las que puedan llegar, admite que no pueden corregir el déficit estructural y por ello justifica que, igual que se hizo en 2005, 2011 y 2017, “el Gobierno toma medidas”.