Inflación: La enfermedad silenciosa

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), marzo cerró con un incremento del IPC adelantado del 9,8%, una cifra récord en los últimos cuarenta años, siendo la electricidad, los carburantes y los alimentos los grupos con mayor influencia en el incremento de los precios. Esto supone que la inflación subyacente (índice sin incluir los alimentos, ni la energía) se incrementó en un 3,4%, el dato más alto desde 2008. En esto han influido una multitud de distintos factores que han generado un efecto mariposa amplificando sus consecuencias, entre ellos el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la escasez de los cereales, la huelga de los transportistas, la subida del precio de la energía, la excesiva liquidez en el mercado monetario debido a los bajos tipos de interés, la progresiva reducción de la tasa de desempleo en nuestro país, etc.

¿Cómo nos afecta a cada ciudadano?

Los elevados índices de precios impactan con fuerza sobre el estado de bienestar de todas las personas, que paulatinamente ven cómo disminuye su capacidad de consumo y de ahorro. Esto influye sobre todo en las clases medias, que tienen que destinar cada vez más una mayor parte de su renta disponible para satisfacer sus necesidades habituales de bienes y servicios básicos, como pueden ser los alimentos, la energía y el transporte, alejando progresivamente a muchas familias del estado de bienestar. En resumen, la inflación nos empobrece a todos, de ahí que pueda ser considerada como una enfermedad silenciosa.

A pesar del incremento de los precios, y la pérdida de poder adquisitivo que eso conlleva, el ciudadano promedio seguirá cobrando lo mismo por su trabajo, ya que el Estatuto de los Trabajadores no establece ninguna obligatoriedad de vincular una subida de los salarios al IPC, y son muy pocos los convenios colectivos que suelen incluir cláusulas de revisión salarial estableciendo subidas vinculadas a la evolución del índice general de precios.

En cambio, todos seguimos pagando los mismos impuestos, contribuyendo así a las arcas públicas, de ahí que en el último informe mensual publicado por la Agencia Tributaria se pueda observar como la recaudación de enero y febrero de 2022 se incrementó en un 21,4%, respecto al mismo período del año anterior. Casi la mitad de ese incremento proviene del IVA, impuesto indirecto que recae en su totalidad sobre el consumidor final gravando las entregas de bienes y las prestaciones de servicios, es decir, este tributo grava el “consumo”. La subida general de los precios incrementa la base imponible de este impuesto y por tanto su recaudación. Como los ciudadanos no pueden dejar de adquirir los bienes y servicios básicos y necesarios para su vida cotidiana, y además están obligados por ley a soportar este tributo, uno de los grandes beneficiarios de esta gran escala de precios es precisamente la Hacienda Pública, ya que la inflación le ayuda a rebajar el déficit presupuestario.

¿Es suficiente lo que hace el Gobierno?

Las medidas adoptadas por el Gobierno no son suficientes, se podría hacer mucho más, de forma rápida y eficaz. Considero que el poder ejecutivo debería estudiar y proponer medidas concretas y directas, que se reflejen sobre el bienestar y la vida diaria de los ciudadanos, como podría ser la deflactación del IRPF.

Del informe de recaudación tributaria, se puede extraer que la recaudación total en el año 2021 por concepto de IRPF alcanzó la cifra récord de más de 94.000 millones de euros (94.545.865), lo que representa un incremento del 7,5% respecto a lo recaudado por ese impuesto durante el ejercicio anterior, que ascendió en 2020 a casi 88.000 millones de euros (87.971.623). Si en lugar de analizar sólo el IRPF, observamos la variación producida en la recaudación de todos los tributos durante el último año, sorprende ver que el incremento es superior al 15%, por tanto más del doble del aumento del índice de precios, que cerró el pasado año en un 6,5%. Cifras de recaudación históricas, muy superiores incluso a las obtenidas en los años previos a la gran crisis económica que sufrió España, ya que en 2007 (pico máximo antes de la crisis) la recaudación total por IRPF alcanzó más de 72 mil millones de euros (72.614.266), a partir de ese momento esa cifra se contrajo debido fundamentalmente al alto nivel de desempleo, no siendo hasta el año 2014 cuando comenzó a recuperarse.

Según declaraciones recientes de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, “es obvio que si se incrementa el empleo, se incrementa la masa salarial y mejora la recaudación por IRPF. De igual manera que cuando se recupera el consumo vemos consecuencias en la recaudación del IVA”. A pesar de esto, el Gobierno evita deflactar el IRPF como medida para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, aunque históricamente sí han existido ciertos mecanismos o fórmulas similares en nuestro ordenamiento tributario para atacar precisamente ese problema. A modo de ejemplo, hasta el año 2014 existían los llamados “coeficientes de corrección monetaria”, que permitían corregir las ganancias obtenidas en la venta de inmuebles, eliminando el efecto de la inflación del importe de los beneficios generados en la transmisión de estos. Deflactar consiste en eliminar de un valor monetario los efectos producidos por la inflación, es decir, implica convertir una magnitud medida en términos nominales en otra expresada en términos reales. En el caso del IRPF, si no se hace nada al respecto, cada vez más los contribuyentes pagarán más impuestos, ya que la configuración actual de este tributo no tiene en cuenta el incremento del coste de la vida.

El IRPF es un impuesto personal, directo y progresivo. Es decir, cuanto más rendimientos obtiene una persona, más alto es el porcentaje impositivo que se le aplica, siendo uno de los defectos de este tributo que los tramos y las escalas de tipos de gravamen no se ajustan automáticamente a la inflación. Esto en la práctica ocasiona que si un trabajador pasa a cobrar un salario mayor, el porcentaje equivalente a la inflación hará que pierda poder adquisitivo real, ya que esa persona pagará más impuestos en su nómina, dado que la presión fiscal le sube por encima del incremento del salario. Y en aquellos casos en que las subidas del salario ni siquiera alcancen el IPC, la pérdida de poder adquisitivo es mayor.

Muchos críticos llevan años solicitando que, para compensar y mantener un equilibrio, los tramos del IRPF también suban a la par de la inflación (o en su defecto, se reduzcan de forma equivalente los tipos de gravamen existentes), para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo real en beneficio de la Hacienda Pública. Otro efecto perjudicial del incremento general de los precios sobre el IRPF, es que si los mínimos personales y familiares exentos no varían anualmente para ajustarlos a la inflación, éstos cada vez serán más bajos en términos reales, lo que hará que los contribuyentes tributen más cuando realmente están ganando menos. A este efecto se le denomina “incremento de la fiscalidad en frío”, porque no requiere de ninguna reforma tributaria y transcurre de manera silenciosa, siendo una subida de impuestos encubierta.

¿Qué medidas se deberían adoptar?

Para intentar mitigar los efectos de la subida generalizada de los precios, se debería presionar fuertemente al Banco Central Europeo (BCE), para que finalmente ponga el pie en el acelerador con la subida de los tipos de interés. Aunque es cierto que se ha producido un cambio de postura al respecto, la realidad es que el BCE es mucho más lento que la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), mientras que del otro lado del Atlántico se prevén realizar hasta seis subidas paulatinas de tipos de interés durante este año, la Eurozona sólo estima llevar a cabo tres incrementos durante el 2022. Por otra parte, considero que se debería estudiar la posibilidad de deflactar los impuestos personales y directos, como el IRPF, adaptándolo a escenarios con altos niveles de inflación, de forma que este tributo grave la verdadera renta de los contribuyentes y no se convierta en una loza o carga adicional que minore aún más la renta real de los ciudadanos.

Ernesto Campos Campillo es Profesor Universitario en Finanzas, Contabilidad y Tributación del MBA de VIU- Universidad Internacional de Valencia, así como miembro de Andersen.