Los transportistas en huelga: «Mejor arruinarse parados que salir a perder dinero»

La huelga de transportistas no ha terminado. A pesar del acuerdo alcanzado en la madrugada de ayer por el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), órgano de representación del sector; la Plataforma por la Defensa del Transporte, convocante de los paros y que no forma parte de este órgano, confirmó ayer que las movilizaciones siguen. Su presidente, Manuel Hernández, explicó a los medios tras el ansiado encuentro que celebró con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez; que el Ejecutivo no les ha dado garantías de que puedan volver a trabajar desde el mismo lunes sin perder dinero. Y eso, dijo, no es admisible para la Plataforma.

Hernández se vio las caras con Sánchez horas después de la manifestación que la Plataforma celebró frente a la sede ministerial en el duodécimo día de paro. Al termino de la reunión, que se prolongó casi dos horas, explicó que Transportes se ha comprometido a presentarles en un plazo de dos o tres meses un borrador de la ley donde se recoja la imposibilidad de contratar el transporte a pérdida. Se trataría de un anticipo de uno de los puntos acordados entre el Gobierno y el CNTC para ayudar al sector. Según lo pactado, Transportes presentará antes del 31 de julio al CNTC un texto de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la ley de la cadena alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector. Sin embargo, la Plataforma estima que no pueden esperar tanto. Hernández trasladó a la ministra la necesidad de articular algún tipo de medida transitoria a través de un decreto-ley o figura similar que permita garantizar a los transportistas no perder dinero por trabajar hasta que la ley se apruebe definitivamente. Porque, según dijo, «la situación del sector es caótica». «Perdemos dinero por trabajar», dijo Hernández. Un planteamiento en el que le secundó otro de los coordinadores de la organización, José Fernández. «Es mejor arruinarse parados que salir a perder dinero», aseguró en declaraciones a La Sexta. «Si salimos, vamos a arruinarnos y endeudarnos. Es mejor estar parados», añadió.

La única opción para que esto no ocurra, dicen, es que se les garantice por ley que van a poder trabajar desde ya con unos beneficios mínimos. Pero Hernández aseguró que Sánchez le trasladó que «no ve posible aprobar un decreto-ley transitorio». Por este motivo, «y muy a nuestro pesar, seguimos con el paro», dijo el presidente de la Plataforma. La duda ahora es si lograrán mantener movilizados a todos los que hasta ahora han secundado los paros. Desde Plataforma sí lo creen. Aseguran que en las asambleas que han celebrado, han recibido el respaldo de sus asociados.

Minutos después de la comparecencia de Hernández, la ministra de Transportes reconoció la imposibilidad de articular las medidas transitorias que la Plataforma ha pedido. El problema, dijo, es que la redacción de cualquier ley o normativa «requiere de un trabajo y lleva tiempo» y eso impide adoptar ya cualquier medida transitoria como la planteada por los convocantes de la huelga. Sánchez aseguró que tienen «identificado el problema» del sector sobre la necesidad de tener asegurada una rentabilidad. Pero también añadió que necesitan tiempo para abordarlo. Y ese tiempo son los meses que recoge el acuerdo que presentó a la Plataforma y que, en cualquier caso, no iba a tocar.

El pacto sellado con las grandes patronales del transporte, además de esta ley para no trabajar a pérdida, incluye medidas económicas por valor de 1.125 millones. El documento, que se aprobará el próximo día 29 dentro del paquete de medidas proyectado por el Gobierno para hacer frente al impacto por la invasión de Ucrania; recoge una bonificación mínima de 20 céntimos por litro o kg (gas comprimido) de combustible. La ayuda se aplicará al gasóleo, gasolina, gas y adblue. De forma que, a modo de ejemplo, un camión de gasóleo ahorraría más de 700 euros al mes. Según cálculos de los Técnicos de Hacienda, a los precios medios actuales que ronda el gasóleo -1,79 euros por litro-, a los transportistas el litro les saldría a 1,23 euros sumándola a otras desgravaciones que ya tienen.

La bonificación de los carburantes estará vigente hasta el 30 de junio -prorrogable según evolucionen los mercados- supondrá más de 600 millones de euros para el sector y será soportada en un 25% por las petroleras. Algunas, tal y como ha solicitado el Ejecutivo, ya han empezado a arrimar el hombro. Repsol, Cepsa y BP han anunciado rebajas en los precios de los carburantes hasta finales de junio que oscilan entre los 10 y los 14 céntimos en función del vehículo. A los 20 céntimos se suma otra de las históricas reivindicaciones del sector: que el gasóleo profesional se liquide mensual y no trimestralmente.

El acuerdo también incluye ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para las empresas de transporte de mercancías y de viajeros en función del tipo de vehículo. La cuantía será 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias). La cuantía tendrá un límite de 400.000 euros por empresa. Estas subvenciones motivaron que el sector del transporte de viajeros desconvocase la manifestación que tenía previsto celebrar mañana en Madrid para denunciar su situación.

Otras medidas

Junto a estas subvenciones, el acuerdo recoge la ampliación de plazo de vencimiento de los créditos avalados por el ICO hasta 8-10 años, así como la ampliación del periodo de carencia de los créditos avalados por el ICO en 6 meses y nueva línea de crédito avalado por el ICO con 12 meses de carencia.

También acordaron duplicar el presupuesto para las ayudas al abandono a la profesión de transportista, que pasará de 10 a 20 millones de euros en 2022.

El acuerdo complementa las medidas del Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo como son la prohibición de la participación del conductor en la carga y descarga, la reducción de los tiempos de espera de dos horas a una o la cláusula obligatoria de revisión de los precios en función de la evolución del coste del combustible.