El Gobierno avanza en su plan de cierre de las nucleares pese al precio de la energía y el criterio de Bruselas

Transición Ecológica saca a información pública la hoja de ruta para desmantelar las centrales. Su coste puede alcanzar los 26.500 millones de euros

FOTO: Teresa Gallardo

Ni el complejo panorama energético que ha provocado en Europa la invasión rusa de Ucrania, con fuertes subidas de los precios del gas; ni la decisión de la Comisión Europea de considerarla como una energía verde parece que vayan a alterar por ahora el objetivo del Gobierno de cerrar todas las centrales nucleares que quedan operativas en España como muy tarde en 2035. El Ejecutivo acaba de dar un paso más en pos de esta meta y ha sacado a información pública su hoja de ruta para gestionar los residuos radiactivos y desmantelar las centrales nucleares, el denominado Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (7º PGRR).

La versión inicial del 7º PGRR, sometida a información pública por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), sigue contemplando un escenario de referencia que incluye el cese de la operación de las centrales nucleares entre 2027 y 2035, en coherencia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales, firmado en marzo de 2019 entre Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos radioactivos, y sus propietarios. Según este cronograma, la central de Almaraz I cesará su explotación en noviembre de 2027. Le seguirán después Almaraz II (octubre de 2028), Ascó I (octubre de 2030), Cofrentes (noviembre de 2030), Ascó II (septiembre de 2032), Vandellós II (febrero de 2035) y Trillo (mayo de 2035). El plan contempla el inicio del desmantelamiento de las instalaciones nucleares a los tres años de su cese de operación definitivo, excepto Vandellós I, cuya última fase se ejecutará a partir de 2030, así como la continuidad para ampliar la capacidad de los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) para el combustible gastado en las centrales, que permitan su explotación y su desmantelamiento. También incluye la puesta en marcha de una almacén temporal centralizado (ATC) para el combustible gastado y los residuos de alta actividad, o, alternativamente, de siete almacenes temporales descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares.

Vista general del desmantelamiento del Edificio de Turbina de la planta de la central nuclear José Cabrera, este viernes en Almonacid de Zorita (Guadalajara)
Vista general del desmantelamiento del Edificio de Turbina de la planta de la central nuclear José Cabrera, este viernes en Almonacid de Zorita (Guadalajara) FOTO: Beatriz Retuerta EFE

En total, y según lo recogido en el documento hecho publico por el Miteco, los costes de apagar el interruptor nuclear en España se pueden ir hasta los 26.500 millones de euros hasta el año 2100. La partida más elevada, más de 13.600 millones, se destinará a la gestión del combustible gastado y de los residuos de alta actividad.

Una vez concluido el periodo de información pública y analizados los informes y las alegaciones presentadas, el Ministerio de Transición Ecológica elaborará la versión definitiva del plan, que será aprobado por el Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y oídas las alegaciones de las comunidades autónomas.

La energía nuclear es responsable del 22% del «mix» eléctrico español desde hace diez años y del 30% de la energía producida sin emisiones de CO2 gracias a sus siete centrales operativas. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez está totalmente decidido a apagar el interruptor de las centrales en 2035 y reemplazarlas por otras energías a pesar de la complicada situación que se ha generado en el sector energético europeo por la invasión de Ucrania y de que la transición energética que permita reducir de forma notable la dependencia de los combustibles fósiles no está ni muchos menos completada. A lo que hay que sumar la tensión añadida que supone para garantizar el suministro energético español la crisis abierta tras el cambio de postura sobre el Sáhara Occidental con Argelia, principal suministrador hasta ahora de gas de España con el 40% de lo consumido.

Refuerzo europeo

Al contrario que España, algunos países como Francia, Bélgica u Holanda ya han dado pasos para reforzar su generación de energía nuclear y garantizarse así el suministro energético en la actual situación de incertidumbre del suministro del petróleo y el gas. El país galo, donde esta tecnología representa el 67% de toda la energía eléctrica generada en el país, ya ha anunciado la construcción de nuevos reactores de pequeño tamaño más rápidos de fabricar con los que completar los 56 que ahora mismo tiene en marcha y que le convierten en el país de la UE con mayor número. En Holanda, la nueva coalición de Gobierno liderada por Mark Rutte ha anunciado también la construcción de dos nuevos reactores que deberán estar en marcha en 2030 después de que haya ampliado hasta 2034 el funcionamiento de la central que tiene en operación, fecha tras la que se preveía el cierre de esta tecnología. Y Bélgica también ha anunciado que atrasará diez años sus planes de cierre de las centrales nucleares para «fortalecer la independencia» del país frente a los combustibles fósiles «en un contexto geopolítico caótico». Incluso en Italia, el ministro de Transición Ecológica, Roberto Cingolani, ha relanzado un debate que hasta no hace nada era tabú.

La Comisión Europea también se ha puesto del lado de la nuclear al declararla junto al gas como una energía verde el pasado mes de febrero. Esto no obliga a los Estados miembros a cambiar su denominado mix energético, pero anima a los inversores privados a canalizar recursos en estas dos fuentes de energía, lo que podría ir en detrimento de los planes españoles de fortalecer la inversión en energías renovables.

España, en coherencia con sus planes de finiquitar esta energía, se ha situado en esta batalla en el lado de los perdedores junto a países como Austria o Dinamarca al defender que ni la nuclear ni el gas cumplen los requisitos científicos ni legales para ser consideradas como energías sostenibles.

La UE calcula que habrá que invertir medio billón de euros en esta tecnología

La apuesta de Bruselas por las nucleares va, además, más allá de esta decisión. La transición a una energía descarbonizada en la Unión Europea incluirá una parte de energía nuclear para que se puedan cumplir los objetivos y eso implica una inversión de medio billón de euros en nuevos reactores atómicos de aquí a 2050, según avanzó a principios de año el comisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton.

Teniendo en cuenta el proceso de transición en marcha y la situación del parque de centrales nucleares actual, Breton aseguró que los expertos estiman que el peso de la energía nuclear pasaría a menos del 15% en la UE en el año 2050. Pero como las necesidades de electricidad van a aumentar, el comisario europeo insistió en que habrá que aumentar la producción de nuclear, sobre todo teniendo en cuenta que algunas de las centrales más antiguas habrán de cerrar en los últimos años.