Inflación: el impuesto de los pobres que además castiga más cuanto menos se ingresa

De la inflación se dice, entre muchas otras lindezas peyorativas para describirla, que es el impuesto de los pobres porque reduce la capacidad de consumo, de compra, de quiénes no están en condiciones de incrementar sus ingresos en la misma proporción que suben los precios. El carácter de la inflación es extremadamente clasista. Se vuelve cada vez más despiadada cuanto más pobre es el hogar. Así lo concluye un análisis publicado recientemente por CaixaBank Research y cuyo título resume de forma certera esta realidad: “La inflación sí entiende de clases”.

El documento asegura que la subida de los precios no afecta a todos los hogares de la misma forma. Al menos en el episodio actual de inflación que vive Europa. El estudio explica que una de las principales características de la oleada actual es que la subida de los precios ha sido “generalizada por partidas”. Si, a nivel europeo, a comienzos de 2021 apenas el 17% de los componentes de la cesta del IPC superaba una inflación del 2%, ese porcentaje ascendió hasta el 75% en diciembre, con cerca del 25% de las partidas superando el 5%. No solo eso. Según añade, los componentes que engloban a bienes y servicios de primera necesidad (alimentos, electricidad y calefacción, por ejemplo) pasaron según el análisis del 0,5% de enero del año pasado a casi un 7% en diciembre, tasa que subiría hasta el 9,2% si se incluye la gasolina.

Productos de primera necesidad

Y es precisamente ese fuerte encarecimiento de los precios de los productos de primera necesidad el que determina que el incremento de la inflación castigue más ahora a aquellos que tienen menores rentas. Estos hogares, según el estudio, concentran el 13% de su gasto en alimentos y otro 20% aproximadamente en vivienda, gas, electricidad y calefacción. Por el contrario, estos gastos representan menos del 10% y del 5%, respectivamente, en el caso de los hogares con mayor renta. En consecuencia, “la fuerte subida de los productos de primera necesidad tienen un mayor impacto en los tramos de renta más baja”, explica el informe. “Aunque la inflación a diciembre de los bienes de primera necesidad fue cercana al 7% (sin gasolina), esta fue distinta según el nivel de renta. Para las rentas más bajas, hemos estimado que dicha inflación fue del 7,3%, mientras que para las más altas fue del 6,5%”, concluye el análisis.

A priori, la fórmula más sencilla de combatir una subida de precios es con un incremento de salarios. En el caso español, la mayoría de asalariados españoles no están protegidos por convenio automáticamente frente a la brutal espiral inflacionista que se vive en los últimos meses. Según datos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social, apenas 304 convenios colectivos de los 1.892 registrados en los tres primeros meses del año, el 16%, contaban con una cláusula de garantía salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo. Estos convenios que contienen cláusula de revisión salarial benefician a algo más de 1,4 millones de trabajadores de los casi 4,4 millones amparados por los convenios registrados hasta febrero, el equivalente al 29,1% del total, una cifra ligeramente por encima del 28,7% de febrero. Es decir, que sólo tres de cada diez trabajadores afectados por estos convenios están protegidos por cláusulas de salvaguarda en sus acuerdos sobre las condiciones laborales. No obstante, entidades como el Banco de España no son partidarias de este sistema porque consideran que alimenta la espiral inflacionista.

Pacto de rentas

En las últimas semanas, y ante la escalada sin freno de los precios, el Gobierno ha solicitado a los agentes sociales, patronal y sindicatos, que alcancen un “pacto de rentas” que evite que la inflación se descontrole. Porque como advierten los economistas, si los sueldos empiezan a escalar de forma igual de vertiginosa que los precios, existe el peligro de entrar en una espiral imparable muy destructiva. Lo que los expertos y entidades como el propio Banco de España temen es que una subida muy pronunciada de los salarios para contrarrestar la elevada inflación actual empuje a su vez los costes de producción. Esto se traduciría de forma inmediata en un nuevo incremento de precios y, de trasladarse a los salarios, se produciría un bucle infinito que iría mermando el poder adquisitivo de las familias. Con el consiguiente riesgo de consumo y parón económico.

Las posiciones para lograr un acuerdo de este tipo están, ahora mismo, algo alejadas. Desde la patronal CEOE, su presidente, Antonio Garamendi, mostró hace unas semanas “la intención y la vocación” de los empresarios por llegar a un acuerdo con los sindicatos. Eso sí, piden “ver esto con más perspectiva”, ya que el Banco de España estima que los precios comenzarán a bajar después del verano, por lo que las subidas salariales no deberían tener como punto de origen la elevadísima inflación actual -8,4% en abril-. Los sindicatos, por el contrario, están de acuerdo con un pacto salarial que incluya una subida más moderada que la inflación, pero con una cláusula de garantía que compense a fin de año el poder adquisitivo de los trabajadores. “No es realista plantear subidas salariales del 10%”, ha declarado el secretario general de CC OO, Unai Sordo. Pero tampoco “podemos ir a políticas de devaluación salarial amparadas en una inflación disparatada que se puede contener”, añadió.

La distancia ha quedado patente en el hecho de que la CEOE ha rechazado la primera propuesta realizada por los sindicatos para tratar de alcanzar ese “pacto de rentas”. La propuesta no es aceptable para los empresarios porque, según aseguran, indexa los salarios al IPC año a año, porque corre el riesgo de integrarse de cara al futuro y porque contribuye a los efectos de segunda ronda por la inflación.

Los sindicatos, según CEOE, reclaman una subida del 3,4% para 2022. Para 2023, la recomendación salarial era del 2,5% a lo que se sumaría una parte variable con la evolución del IPC de 2022 hasta llegar a un mínimo del 3%, un esquema que se repetiría para 2024, con un alza del 2% y un variable en función de la inflación de 2022 y 2023 con un mínimo del 2,25%. Esto supondría repartir el impacto de la inflación de 2022 en varios ejercicios. Para 2025, el esquema vincula el alza al dato del IPC de diciembre de 2024 más un 0,25% adicional. Los empresarios ofrecen una subida de hasta el 8% hasta 2024 en función de la situación y la capacidad de cada sector y cada empresa.