Retroceso de la clase media: siete de cada diez trabajadores será más pobre

La inflación ha desatado el temor en el Gobierno y la preocupación en empresas y trabajadores, aunque por diferentes razones. Mientras el Gobierno intenta contener la carrera inflacionista con un plan de choque que ha nacido entre críticas y reproches por activar un sistema de ayudas que cuenta con más fondos crediticios que ayudas directas, las empresas temen que su capacidad financiera se resienta con la actualización de salarios. Les pone contra las cuerdas tener que asumir una subida con el IPC sin capacidad para poder redifinir sus plantillas –tras aprobarse por real decreto la prohibición de despedir por causas directas con la presente crisis–. Por su parte, los trabajadores ven cómo su poder adquisitivo se ha resentido un 9,8%, tras la última actualización de la inflación realizada la semana pasada por el INE.

Por tanto, la gran incógnita a desvelar es cómo se va a poder trasladar este despegue imparable de los precios a los salarios. Pese a que la presión inflacionista lleva 11 meses al alza –salvo un pequeño impás veraniego–, los sueldos se mantuvieron estables durante todo el año pasado. Pero en este primer trimestre de 2022, los nuevos convenios han aplicado importantes revisiones en las remuneraciones. Los convenios colectivos firmados durante los dos primeros meses del año ya incluyeron una variación media del 2,3% –casi un punto por encima de la media de 2021–, situación que no se veía desde la gran crisis financiera de 2008, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Una situación que se presume irá incrementándose en la misma medida que lo haga la inflación.

Así lo ve el Banco de España, que en su último análisis publicado advierte de la «tendencia al alza» en el porcentaje de convenios firmados en los últimos meses con cláusulas de salvaguarda salarial –las que ligan la subida a lo que se eleve el IPC–, lo que «constituye un riesgo creciente» de que se produzcan «efectos de segunda vuelta en la inflación que dañen al empleo y la actividad».

En su estudio, el supervisor recoge que el porcentaje de convenios firmados con cláusulas de salvaguarda salarial para 2022 alcanzó en febrero a «casi el 30% de los trabajadores con convenio registrado, después de haber descendido por debajo del 20% en los últimos años». Con estas cifras, el 70% de los trabajadores estaría fuera de estas cláusulas y, por tanto, perderían en el acto el porcentaje de poder adquisitivo que marque la diferencia entre la subida de sus sueldos y la inflación.

Las cláusulas de salvaguarda permiten que los salarios sean revisados al alza cada año en función de la inflación para no perder poder adquisitivo. El supervisor recuerda que los convenios acordados para el próximo ejercicio presentan ya un aumento adicional de la incidencia de las cláusulas de garantía salarial, hasta casi el 50% de los trabajadores con convenio vigente para dicho año.

«Aunque esta cifra se sitúa aún por debajo de la observada antes de la crisis financiera de 2008 –que estaba en el entorno del 70%–, y afecta a un número reducido de trabajadores, su tendencia al alza en los últimos meses constituye un riesgo creciente de que se produzcan efectos de segunda vuelta en la inflación». Por eso, insiste en que este «ajuste automático de los salarios a la inflación pasada» añade «un aumento del riesgo de que eventualmente se materialice una espiral de incrementos de salarios-precios que podría tener efectos muy nocivos sobre la actividad y sobre el empleo en un horizonte de medio plazo».

Las cifras que ofrece el Banco de España coinciden con las que maneja el Ministerio de Trabajo. Según datos de la estadística de negociación colectiva, el 16,3% de los convenios que cuentan con una cláusula salarial para no perder poder adquisitivo. Según consta en sus bases de datos, solo 277 convenios colectivos de los 1.694 registrados en los dos primeros meses del año –a falta de actualizar el mes de marzo– contaban con una cláusula de garantía salarial y 210 contemplan que ésta se aplique con efectos retroactivos.

Los convenios que recogen cláusula de revisión afectan a algo más de 1,2 millones de trabajadores de los casi 4,4 millones amparados por los convenios registrados hasta febrero, el equivalente al 28,7% del total –cifras que coincide con la del Banco de España–. Así, el grueso de los trabajadores, siete de cada diez, carece de cláusulas de salvaguarda en sus convenios colectivos y, por tanto, se confirma que perderán poder adquisitivo.

De acuerdo con los datos de Trabajo, los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,26% hasta febrero, dos décimas más que en enero y casi ocho décimas por encima del promedio de 2021 (1,47%), pero lejos del IPC, cuya última actualización lo dejó en el 9,8%, la tasa más alta desde 1985.

Este incremento salarial está por debajo tanto de la subida del 3,6% acordada entre el Gobierno y los sindicatos para el salario mínimo como de las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020 -el último firmado entre patronal y sindicatos-, que planteaba subidas salariales en el entorno del 2% más un punto porcentual ligado a productividad o resultados empresariales, entre otros. Este AENC, cuya vigencia finalizó el año pasado, se está actualmente negociando para un nuevo periodo de tres años.

Fuentes de la negociación explicaron a LA RAZÓN que la diferencia de postulados entre empresarios y sindicalistas “está ahora mismo en polos opuestos, aunque ambas partes tienen claro que no pueden hacer planteamientos imposibles dada la actual situación económica en la que nos encontramos”, marcada por el incremento imparable de los precios energéticos, los carburantes y las materias primas derivado, en parte, de la invasión de Ucrania. Los sindicatos saben que pedir alzas salariales en base al actual IPC es inviable y desde la patronal siguen haciendo llamamientos a la moderación de los salarios, además de oponerse a establecer cláusulas en los convenios vinculadas al IPC. El 70% de los trabajadores espera una solución.