Hacienda quiere eliminar casi todos los beneficios fiscales

María Jesús Montero siempre ha defendido que España debe seguir avanzando «hacia un sistema tributario más justo y progresivo, que sea capaz de garantizar la suficiencia de recursos para tener un Estado del Bienestar fuerte». Pero primero la pandemia y ahora la guerra de Ucrania parecen haberla obligado a retrasar su intención de elevar los impuestos. «No vamos a plantear de manera inmediata ninguna subida fiscal.

El contexto en el que nos desarrollamos no lo permite a corto plazo», dijo el paso mes de marzo durante la presentación del Libro Blanco fiscal del Comité de Expertos. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó en varias ocasiones que «hablaremos con los agentes económicos y los partidos políticos antes de poner en marcha las subidas de impuestos sugeridas por el comité de expertos de Hacienda, dadas las circunstancias actuales».

Sin embargo, el Ejecutivo reconoce ya ante Bruselas que el crecimiento de la presión tributaria será una realidad antes de 2025 y que la intención es poner fin a la mayoría de los beneficios fiscales. Así lo reconoce el Programa Nacional de Reformas que el Gobierno ha enviado a Bruselas.

En su apartado «Marco fiscal e institucional» detalla que «es necesario analizar los beneficios fiscales del sistema tributario español prestando atención a aquellos que distorsionan la progresividad y la redistribución del mismo». El texto advierte de que «la reducción y eliminación de beneficios fiscales y regímenes especiales de nuestro sistema tributario implicará no solo un incremento de la recaudación, sino que simplificará el sistema tributario lo que, a su vez, tiene efectos favorables sobre la seguridad jurídica, y sobre los litigios y conflictividad existentes».

La intención del equipo de Montero es plantear una «revisión exhaustiva de los beneficios fiscales existentes», con el fin de verificar «si cumplen los objetivos para los que fueron aprobados y si el coste que suponen, en términos de merma recaudatoria, resulta justificado». Para determinar el fin de estas medidas se constituirá un grupo de trabajo entre el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos (DGT), siguiendo la metodología de la AIReF.

En España existen tanto deducciones de carácter estatal como autonómico, en las que se tienen en cuenta aspectos como la discapacidad, familia numerosa, maternidad, por donativos, compra de vivienda habitual –eliminada para las nuevas operaciones desde 2013– o ser titular de un plan de pensiones. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, pymes y grandes empresas también existen deducciones para favorecer la creación de empleo, la inversión en I+D o la utilización de renovables. Por ejemplo, los autónomos pueden deducirse el IVA, servicios externos, gastos, transportes coste de empleados...

80.000 millones más de recaudación

Según detalla el Plan de Estabilidad enviado el pasado viernes por el Ejecutivo a la Comisión Europea, Hacienda prevé que la recaudación de los impuestos continúe creciendo en los próximos tres años, creciendo un 5,7% en 2023, un 4% en 2024 y un 3,5% en 2025, para alcanzar en este último año los 361.261 millones de euros, es decir, 25.442 millones más que los 335.819 previstos para 2023 y muy por encima de los 295.770 millones recaudados el pasado año 2021 por todas las administraciones públicas: 80.000 millones más, un alza del 22%.

En esta evolución de los impuestos, el Ejecutivo espera que el gravamen sobre la Renta, Patrimonio y «otros» presente cifras positivas, con una tasa de crecimiento del 5,9%, 5,5% y 4,9% para 2023, 2024 y 2025 respectivamente, alcanzando, al final de la serie los 181.310 millones de euros, frente a los 163.722 millones de 2023, 17.588 millones más. Respecto al IRPF y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, el Gobierno espera una ralentización del crecimiento de los ingresos los próximos años, «siguiendo el mismo perfil cíclico de la remuneración de asalariados y del empleo», explica.

Para el Impuesto de Sociedades, en cambio, espera un repunte de crecimiento en 2023, «para luego crecer a tasas dinámicas, pero algo más moderadas». Por su parte, el IVA tendrá un crecimiento pausado por la contención en el consumo entre los años 2023 y 2025, en línea con la evolución esperada del gasto en consumo final privado del 2,7%, 1,2% y 1,2%, lo que confirma que el comportamiento de los impuestos sobre la producción experimentará «un comportamiento prácticamente plano a lo largo de toda la serie».

En el documento se detalla también que los recursos no financieros de las Administraciones Públicas aumentarán a lo largo de estos años de 549.438 millones de euros en 2022 a 619.039 millones de euros en 2025, mientras que las cotizaciones crecerán a partir de 2023 en un 6,3%, moderando ligeramente esta tendencia en 2024 y 2025, año en el que alcanzarán el 13,9% del PIB.

Para sostener ese crecimiento de los ingresos impositivos, el Gobierno tiene ya preparada en la lanzadera de salida su batería de nuevos impuestos, como reconoce en el Programa. En él, recoge que en el marco del Plan de Recuperación –que entró en vigor en 2022– se crean nuevos gravámenes, «como el impuesto sobre plásticos de un solo uso o el impuesto sobre los depósitos en vertederos». Estas medidas forman parte de la actualización del sistema fiscal, «que tomará en consideración las recomendaciones recogidas en el informe del Comité de expertos para la reforma fiscal y recogerá la revisión de la tributación sobre la matriculación y circulación de vehículos y una nueva normativa sobre los impuestos sobre gases fluorados y los hidrocarburos».

Nuevos impuestos

Asimismo, el Ministerio de Hacienda espera que siga creciendo la recaudación gracias a las nuevas figuras impositivas: del nuevo Impuesto sobre las Transacciones Financieras, del Impuesto sobre Servicios Digitales, de la actualización del tipo impositivo sobre las Primas de Seguros –de forma que se eleva en dos puntos porcentuales, del 6% al 8%–, del tipo impositivo del IVA del 10% al 21% en las bebidas refrescantes, zumos y gaseosas con azúcares o edulcorantes o del Impuesto sobre el Patrimonio, que se incrementa en un punto porcentual, del 2,5 al 3,5%, el tipo aplicable a las bases liquidables superiores a 10 millones, entre otros.