Fraude en la externalización de servicios municipales en la inspección de tributos locales

“Las haciendas locales son las grandes olvidadas en las propuestas de reforma fiscal”. Esta fue una de las principales acusaciones que el presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL), Arturo José Delgado, y el vicepresidente, Antonio Arenales, lanzaron en una sesión informativa organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), pero no la única. También cargaron contra la legislación tributaria municipal, que mantiene “un diseño del siglo XIX”, basado en algunos casos en la reforma de 1845 “a la que solo se le han cambiado los nombres”. Recordó Delgado que esto es así pese a que las entidades locales y, por tanto, los propios inspectores de hacienda pública local, trabajen con impuestos que pueden sumar hasta 25.000 millones de euros de recaudación anual, más de 14.000 millones solo del impuesto de bienes inmuebles (IBI).

También quisieron denunciar otro de los problemas más graves que acucian su trabajo: “La externalización en empresas privadas de la inspección tributaria municipal”, que impiden una “lucha eficaz” contra el fraude fiscal por culpa de una “contratación presuntamente fraudulenta” por parte de muchos ayuntamientos españoles que disfrazan como “apoyo y asistencia” lo que en realidad es una “sustitución de la labor completa de inspección” pública que deben llevar a cabo los inspectores. Aunque hace años estas empresas estaban más extendidas y en ocasiones llegaron a cobrar comisiones “desproporcionadas”, en algunos casos de cerca del 80% del fraude detectado, esta práctica subsiste todavía en muchas corporaciones, con el riesgo que supone dejar “una base de datos muy importante en manos privadas”.

Esta práctica fraudulenta acumula sentencias (de 2015 y 2016) en contra, pero según la Asociación, existen entidades locales que traspasan aún “líneas rojas” al suscribir contratos no muy distintos -cuando no iguales- a los que previamente han sido ya anulados por resolución judicial y con comisiones para las empresas de entre el 15% y el 25%. Desde la Asociación, se observa que, amparándose en términos como “apoyo”, “asistencia”, “colaboración” o “soporte” a la inspección local, las entidades privadas desarrollan potestades públicas de inspección legalmente vedadas a empresas.

Así, las tareas de los adjudicatarios no se limitan a asistir a los funcionarios, sino que los trabajadores de estas compañías llegan incluso a conocer los planes reservados de la inspección, e incluso los elaboran, seleccionando de paso a los contribuyentes que pueden ser objeto de una inspección. “La razón de esta externalización masiva se debe a la carencia de medios de los entes locales para obtener los ingresos que les corresponden de acuerdo con el ordenamiento jurídico tributario”, explicó el presidente de los inspectores locales. En su opinión, esa carencia no puede contemplar que las entidades locales se vean desprovistas de una capacidad mínima inspectora. De ahí que la Asociación reclame que se dote a todas las administraciones de los instrumentos jurídicos y medios necesarios.