Planas rectifica sus normas sobre comunidades de bienes y ayudas de la PAC

Finalmente Planas y su equipo han dado marcha atrás en su proyecto y la mayor parte de las comunidades de bienes podrán seguir cobrando las ayudas directas de la PAC, ya que cumplirán con los criterios de lo que se denomina agricultor activo, que es el que tiene derecho a recibir esos apoyos. Según anunció recientemente Fernando Miranda, secretario general de Agricultura, a las organizaciones agrarias y a las autonomías, la última propuesta del Ministerio consiste en que si un miembro de la comunidad de bienes cumple con los criterios para ser considerado agricultor activo, la comunidad en cuestión también lo será. Este mismo criterio se aplicará a los miembros de las sociedades civiles y de otras figuras jurídicas en régimen de atribución de rentas. No obstante, y en caso de que no se reunieran esos requisitos, los afectados podrían modificar su condición jurídica en 2023 para convertirse en sociedad mercantil, sin que se considerase que había creación de condiciones artificiales para recibir las ayudas.

El proyecto anterior había provocado un fuerte rechazo en una parte significativa del sector agrario, especialmente en Andalucía y las dos Castillas, regiones en las que las comunidades de bienes tienen muchas implantación. Si se hubiese aplicado la definición de agricultor activo previa a la modificación, muchas de estas figuras jurídicas se habrían quedado fuera y sin las ayudas de la PAC.

Sin ayuda para las oleaginosas

Este es uno de los cambios introducidos en el Plan Estratégico nacional que Planas envió a Bruselas, sin haberlo consensuado con las comunidades. Pero ha habido más. Las oleaginosas se han quedado sin la ayuda acoplada que percibían hasta ahora. Según dice el Ministerio, es cosa de la Comisión Europea, que ha considerado que el girasol y la colza no deberían incluirse en el llamado plan proteico. Hasta ahora se destinaban a estos cultivos 45 millones de euros. Según la propuesta del Ministerio, esa cifra pasará a incrementar la ayuda básica a la renta de las regiones de secano 1, 2, 3 y 4, que concentran la mayor parte de estas producciones.

Según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), este año se han declarado algo más de un millón de hectáreas de oleaginosas, principalmente girasol y colza, lo que supone un incremento del 40% respecto a 2021. Se debe en parte a las medidas para paliar el impacto de la guerra en Ucrania en el abastecimiento de ciertas materias primas, especialmente la autorización para cultivar barbechos declarados en el marco del reverdecimiento de la PAC. En total, este año se han presentado más de 650.000 solicitudes únicas para recibir ayudas.

Incongruencias y acuerdo con Nueva Zelanda

En la Comisión Europea actúan con incongruencia y Planas, fiel a su estilo de ponerse de perfil cada vez que hay un problema, no da la batalla para arreglar el problema. Han dicho desde Bruselas en sus observaciones al Plan Estratégico de la PAC que las oleaginosas se quedarán sin la ayuda asociada y vinculada a la producción que percibían hasta ahora y, aquí, en Madrid, a tragar. Estamos ante una incongruencia, porque eso supone desincentivar el cultivo de girasol, sobre todo, y también de colza, justo ahora cuando más se necesitan por la situación en Ucrania. La incongruencia es que, por un lado, se esté promoviendo la siembra de estos cultivos para aumentar su producción, autorizando la siembra en barbechos y, por otro, se quite esa ayuda, lo que desincentivará los cultivos. ¿Quién lo entiende? Y tampoco se entiende muy bien que en el Ministerio de Agricultura, Planas y sus mariachis no den la batalla para lograr que la Comisión rectifique. Debe ser que el ministro no se ha recuperado todavía del varapalo que ha recibido su política en el sector agrario y el medio rural de Andalucía en las últimas elecciones autonómicas.

Y, mientras tanto, la UE ha cerrado las negociaciones con Nueva Zelanda sobre el acuerdo comercial que se aplicará en el futuro. Los productos agrarios de este país, en concreto los lácteos y las carnes de vacuno y de ovino, tendrán más facilidades para entrar en el mercado comunitario. Las organizaciones agrarias europeas han protestado, especialmente las francesas. Mientras, en España ha pasado más desapercibido de lo que debiera. En nuestro país el problema principal se registraría en el caso del ganado ovino. Este es solo el comienzo, porque están muy avanzadas las negociaciones comerciales con Australia, también hay conversaciones con Indonesia y se acaban de abrir con la India. Detrás de todo subyace otra contradicción: se exige a los productores de la UE el cumplimiento de una normativa muy estricta y no se garantiza que las mercancías importadas de terceros países cumplan esa misma normativa. El campo comunitario queda en desventaja.