La “Ley Rider” cumple un año: conflictos judiciales, falta de flexibilidad y cruzada del sector contra Glovo

Este 12 de agosto se cumple un año de la efectiva entrada en vigor de la polémica “Ley Rider”. Casi doce meses después de su aplicación, la normativa se mueve entre halagos por los avances conseguidos en la protección laboral de los repartidores y enfrentamientos judiciales y críticas al modelo creado. La puesta en marcha de esta regulación estuvo marcada por los constantes tiras y aflojas entre los sindicatos y las plataformas de reparto y por un pesimismo imperante entre los repartidores, a los que acechaba la destrucción de empleo, liderada por la salida de Deliveroo de España.

Tras meses de negociaciones, el Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme lograron cerrar a principios de marzo del año pasado un acuerdo para sacar adelante una ley que establecía la presunción de asalariados de los repartidores autónomos en plataformas.

La “Ley Rider” daba a las empresas de reparto como Glovo, Uber Eats, Deliveroo, Stuart y Just Eat tres meses desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (12 de mayo) para contratar a sus “riders” autónomos como trabajadores asalariados, al quedar reconocida la presunción de laboralidad de sus empleados, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos. Sin embargo, en este proceso de adaptación no todos los operadores siguieron la misma receta.

De entre todas, Glovo se situó en el centro del huracán por su polémica forma de adaptarse a la “Ley Rider”. A finales de julio de 2021, la empresa comunicó su intención de contratar al 20% de su plantilla y mantener como autónomos al 80% restante de “riders” (más de 10.000) gracias a varias modificaciones de la plataforma que, afirmaba, se ajustan a la normativa y garantizan la autonomía de los trabajadores. Este nuevo modelo le costó a Glovo dos denuncias de CC OO ante la Inspección de Trabajo por “desafiar la ‘Ley Rider’”.

Uber Eats, por su parte, optó por subcontratar, mientras que Just Eat negociaba con CC OO y UGT un convenio laboral, ya que la firma nunca utilizó repartidores autónomos. También a finales de julio, a pocos días de entrar en vigor la “Ley Rider”, Deliveroo anunció su intención de cerrar su actividad en España con un ERE que afectó a 3.781 personas entre personal de oficina y repartidores.

Desde entonces, el sector ha experimentado importantes cambios, como la salida definitiva de Deliveroo de España, la llegada de nuevas empresas como Getir, Rocket (en febrero de 2022 cerró sus operaciones en todo el mundo) y Gorillas (finalmente también abandonó España) y la firma de Just Eat con UGT y CC OO del primer convenio que regula el trabajo de los “riders”.

El balance anual de la “Ley Rider” sigue arrojando opiniones contrarias. Mientras que para algunos la normativa ha conseguido “logros prometedores” y ha aportado estabilidad, otros siguen reclamando una legislación que garantice la flexibilidad y el dinamismo inherente a las plataformas digitales.

“Se ha conseguido que la mayoría de las empresas cumpliera”, resume a Efe el profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, Adrián Todoli, quien subraya la excepción de Glovo. ”Hay conflictos judiciales abiertos pero lo más urgente se ha conseguido en la mayoría: que tengan un mínimo de derechos laborales y dejen de ser falsos autónomos”, añade. Ninguna de las fuentes consultadas por Efe -Gobierno, sindicatos, empresas- ha podido facilitar una cifra de cuántos repartidores habrían pasado de autónomos a asalariados en este año.

La última estimación del empleo en el sector es de la patronal Adigital y lo cifraba en 29.300 trabajadores, en un negocio que, según los últimos datos de The NPD Group difundidos por AECOC, factura en España 2.600 millones de euros con 400 millones de pedidos de comida a domicilio al año.

Mucho por mejorar, en opinión de los “riders”

Las críticas a la eficacia de la “Ley Rider” también llegan por parte de los propios repartidores afectados. “Seguimos prácticamente igual”, lamenta a Efe un “rider” que trabaja a las afueras de Barcelona, prefiere no revelar nombre y apellidos y que tras trabajar como autónomo para Glovo y estar contratado a través de un tercero para Stuart ahora está a la espera de juicios por demandas contra ambas empresas. ”Los avances son lentos”, apunta este repartidor que recuerda además lo duro del trabajo -repartos en horas de máximo calor, bajas retribuciones, problemas de espalda- y los constantes cambios en las empresas que van invirtiendo y saliendo y entrando de los países.

Otros repartidores se opusieron directamente a la normativa y reclamaron seguir siendo autónomos. Gustavo Gaviria, portavoz de Repartidores Unidos, asociación defensora del modelo autónomo, declara lo siguiente: “Nuestro balance se resume en ver con auténtica desazón, y horror, el cumplimento de todas y cada una de las advertencias que hicimos sobre la Ley: 3.781 despidos en Deliveroo y la empresa fuera de España, 75% de los riders de Uber Eats desconectados, 4.000 despidos en Amazon, que sumado a las desconexiones en Stuart nos dejan, como mínimo, un saldo de 11.000 personas que perdieron sus trabajos”.

Gaviria señala también a CC OO y UGT por “venderles” que las empresas de reparto recién llegadas como Getir, Gorillas, Dija/Gopuff y Rocket absorberían la ola de despidos demostrando, a la vez, que es posible operar con el 100% de asalariados. Sin embargo, menos de ocho meses después de su llegada, “la mayoría ha despedido al 100% de sus plantillas y anunciado su salida de España”. “En resumen: precariedad, despidos colectivos, incertidumbre, desprotección y el monopolio de Glovo. Nuestro sector no es que peque de pesimismo o de ser poco creativo, pero en verdad nos cuesta muchísimo encontrar mejoría alguna tras este auténtico desastre de Ley”, valora.

Sindicatos y empresas acusan a Glovo de competencia desleal

Aunque son muchos más los operadores que cumplen la legislación que los que no lo hacen, parte del sector está molesto con Glovo por seguir manteniendo a falsos autónomos en su flota, lo que genera una desventaja competitiva para el resto de las plataformas de delivery. El más crítico con esta práctica fue Uber Eats. El pasado mes de marzo la directora general de Uber Eats en España, Courtney Tims, envió una carta a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la que acusaba a Glovo de seguir operando con trabajadores autónomos pese a que estaba prohibido por la ley.

“Vemos con impotencia cómo el Gobierno no ha conseguido hacer cumplir la Ley Rider. Y cómo la situación de desventaja de todas las empresas que sí la cumplimos empeora cada día. Ante esta situación, todos nos hacemos la misma pregunta: ¿Debemos seguir el ejemplo de Glovo y trabajar con autónomos para poder competir en igualdad de condiciones?”, arremetía en la carta. “Más de seis meses después de su entrada en vigor, las empresas que cumplimos la ley nos encontramos con una situación paradójica. Nuestras flotas colaboradoras no encuentran repartidores porque estos prefieren ser autónomos, de manera que trabajan con Glovo”, añadía la misiva la misiva.

Los principales sindicatos, CC OO y UGT, también son críticos con la postura de Glovo. “Estamos en el camino de equiparar sus derechos pero no es sencillo”, reconoce a Efe el coordinador de plataformas de UGT, Rubén Raz. “La valoración un año después es positiva: ha permitido ordenar y regular derechos de los trabajadores, aunque queda mucho por recorrer”, señala el secretario de Estudios y Formación sindical de CCOO, Carlos Gutiérrez.

Glovo ha alegado que las modificaciones que ha llevado a cabo en su relación con los “riders” son suficientes para cumplir con la norma. La patronal Adigital mantiene su postura de que la normativa debería haber sido fruto de un proceso de diálogo más amplio con el sector, dando cabida a la realidad de estos servicios y “a la opción de que estos se realicen por trabajadores por cuenta ajena y cuenta propia” y piden una evaluación de su aplicación. Y desde el Ministerio de Trabajo también destacan que la norma española haya sido pionera en Europa y señalan al trabajo de la Inspección vigilante para que todas las empresas cumplan con la norma.