Las micropymes, incapaces de afrontar los 10.000 euros de gasto para cumplir el decreto energético

Afrontar un gasto de miles de euros para adaptar su negocio a las nuevas exigencias del decreto ley de ahorro energético sin ayudas públicas. Ese el panorama que tienen que afrontar decenas de miles de pymes y micropymes que calculan las patronales CEOE y Cepyme que tendrían que invertir en sus negocios para cumplir con la nueva normativa. Estas asociaciones reclaman al Gobierno más diálogo del que ha habido. Creen que no se han tenido en cuenta sus opiniones, «una vez más», y reiteran que «el sector empresarial está dispuesto a seguir contribuyendo al impulso que necesita la economía de España, pero para eso se necesita un marco estable y apoyos claros por parte de la Administración».

A través de un comunicado, CEOE reclamó evitar «la proliferación de medidas que generen confusión y desconcierto entre las empresas» y exigió «más participación en el diseño de unas políticas que tienen un enorme impacto, en especial en la industria, y hacer uso, al máximo, de toda la flexibilidad». En el caso concreto de la industria, reclamaron «mecanismos de apoyo» al sector en su conjunto y, en especial, al del gas y a la electrointensiva, tanto «en el aumento del importe de las ayudas como en el del número de sectores que puedan recibirlas».

Ante este contexto de incertidumbre, los empresarios exigieron «más seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma, evitando la proliferación de medidas que generan confusión y desconcierto entre las empresas».

Para las pymes la situación es aún peor. Las que comparten espacios abiertos al público aplicaron ayer –en su mayor parte– el ajuste del termostato a 27 grados y el apagado escaparates desde las 22:00 horas, pero las quejas se han multiplicado en las últimas horas sobre todo entre el comercio de proximidad, que critica que adaptarse en su totalidad al decreto tiene un «enorme coste económico para un pequeño negocio».

Al perjuicio que puede tener la pérdida de clientela se suma la obligación de disponer de un sistema de cierre de puertas para los locales climatizados. El Gobierno ha dado un margen más amplio de tiempo para ello, hasta el próximo 30 de septiembre, pero los comerciantes se quejan del elevado coste de la inversión, con un presupuesto medio cercano a los 10.000 euros por instalación, a lo que hay que sumar los cuellos de botella que se están formando entre los fabricantes, que ya reconocen tener problemas para atender la demanda.

Así las cosas, el comercio teme que proliferen los castigos ante un eventual incumplimiento del plan de ahorro del Ejecutivo, y admite su miedo a las multas. El régimen sancionador se remite a la Ley de Industria de 1992, que establece multas de hasta 60.000 euros dependiendo de la gravedad de la infracción. Al menos la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dado «un margen» a los propietarios para que cumplan la normativa.