Más de media España sufrirá fuertes restricciones para moverse en coche por su ciudad a partir de 2023

Moverse en coche por las grandes ciudades será bastante más complicado a partir del próximo 1 de enero. Desde ese día, los municipios de más de 50.000 habitantes y aquellos de más de 20.000 que superen unos valores límite de contaminación tendrán la obligación de establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las que la circulación se verá restringida como parte de sus Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Una medida que afectará a más de la mitad de la población española, según los cálculos que ha hecho la CEOE.

En su análisis “Implantación de Zonas de Bajas Emisiones en España”, la patronal asegura que serán 149 municipios de más de 50.000 habitantes los que tendrán que implantar estas áreas. Otros 265 de entre 20.000 y 50.000 habitantes deberán tener preparado un PMUS para activarlo en caso de se superen los valores límite de emisiones. A ellos se suman, además, otros que por motivos adicionales, van a implementar una ZBE. Es el caso de Soria, La Rinconada (Sevilla), Esplugues de Llobregat, San Adrià de Besòs y Sant Joan Despí, que lo harán por iniciativa voluntaria. En Navarra, se unirán también los once que tienen más de 10.000 habitantes por iniciativa autonómica.

De esta forma, serán 165 los municipios que dispondrán de una ZBE, lo que provocará que más de la mitad de la población española estará expuesta a las medidas implantadas por una de estas zonas, según la CEOE. En concreto, en los municipios de más de 50.000 habitantes reside el 53%, porcentaje que aumenta hasta casi el 54% sumando las localidades afectadas por la Ley Foral de Navarra. Adicionalmente, otro 16% de la población está condicionada para no sufrir estas restricciones a que en los municipios en los que residen no muestren insuficiente calidad del aire.

La obligatoriedad de implantar zonas de bajas emisiones emana de la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, que establece la obligatoriedad de establecer los PMUS el año próximo. Para ayudar a la implantación de estas áreas, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miterd) publicó a finales de 2021 las Directrices para la creación de ZBE. Una guía que considera más que útiles para limitar la circulación por las ciudades tanto los peajes urbanos como endurecer las condiciones para aparcar en las calles de estas ciudades.

Peajes y aparcamientos

El documento de Transición Ecológica, en su apartado de «Criterios de acceso y circulación», asegura que «el acceso y circulación en la ZBE puede incorporar el pago de una tasa o peaje, cuya cuantía puede además varias en función de las condiciones del vehículo, en función del principio quien contamina, paga». A renglón seguido, las directrices argumentan a favor de estas tasas asegurando que «el peaje aparece como una medida efectiva para estimular el cambio modal y reducir el volumen de tráfico, puesto que traduce los impactos negativos del automóvil a términos económicos claramente perceptibles por la ciudadanía». El ministerio considera que el peaje urbano «genera un flujo de ingresos económicos constante que puede sustentar actuaciones persistentes en la mejora del espacio público para la movilidad peatonal, en el desarrollo de infraestructura ciclista y para el transporte público, así como la mejora del servicio de transporte público». En este sentido, concluye, «es una medida que ayuda a la redistribución de recursos, coherente con la pirámide de movilidad».

El pasado mes de marzo, el Consejo de Ministros dio luz verde el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible que faculta a los ayuntamientos a implantar estos peajes. El documento recoge que para reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones como áreas “libre de humos y congestión”, se permitirá “crear medidas que limiten más el acceso de los vehículos privados a motor”. Así, la Ley abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer “una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones”.

En cuanto al aparcamiento, asegura que “el sistema de estacionamiento regulado puede constituirse como una herramienta eficaz para reforzar la implementación de una ZBE”. El Departamento que dirige Teresa Ribera, al respecto de cómo implantar estos sistemas de aparcamiento, sugiere a los ayuntamientos que “se puede plantear una tasa o impuesto anual de elevada cuantía para permitir estacionar en la calle”. Un coste que, añade, podrá regularse “atendiendo al distintivo ambiental del vehículo (menor coste para las menores emisiones)”. Transición Ecológica añade que los consistorios también pueden valorar que existan “varias categorías de estacionamiento para residentes o no residentes, con tarifas y límites horarios diferenciados”. Sin embargo, advierte, “se deben plantear con cuidado, ya que existen estudios que apuntan a un incremento del coche en propiedad entre los residentes al introducir este tipo de medidas”.

Además, el ministerio recomienda que el coste por hora por aparcar en áreas reguladas “sea superior al coste del billete sencillo de la red de transporte público para el fomento de la movilidad colectiva”. También pide que el estacionamiento máximo en estos lugares se limite a las dos horas -en Madrid la zona azul permite estacionar hasta cuatro horas-, dando así la posibilidad de resolver desplazamientos cortos, “pero no permitiendo el uso del automóvil para la movilidad pendular diario como ir al trabajo o universidad”. Transición Ecológica también apuesta directamente por reducir plazas de aparcamiento en las ciudades para disuadir a los conductores de que vayan en coche a las ciudades.