La Seguridad Social solo habría ingresado 4,7 millones de euros extra en cotizaciones con la “Ley Rider”

La “Ley Rider” cumplió el pasado 12 de agosto su primer año en vigor con las dos principales plataformas de reparto, Glovo y Uber Eats, retando al Ministerio de Trabajo. Actualmente, la fotografía del mercado laboral del sector “delivery” es muy similar a la que había antes de la entrada en vigor de la norma, ya que los “riders” que lo deseen pueden trabajar como autónomos para Glovo y Uber Eats, y solo Just Eat contrata a sus repartidores, tal y como ya ocurría antes de la entrada en vigor de la “Ley Rider”. Este jueves 27 de octubre, el Foro de Humanismo Tecnológico de Esade, en colaboración con Just Eat, ha presentado el informe “Ley Rider, un año después”, un estudio que analiza los impactos de la “Ley Rider” tras su primer año de vigencia. El estudio concluye que la ley no ha provocado el colapso del sector ni ha perjudicado la situación de los repartidores.

En primer lugar, se concluye que la nueva norma ha tenido un impacto positivo en términos de laboralización del sector “delivery”. El número total de trabajadores del sector sujetos a un contrato laboral se ha duplicado, pasando de 5.464 en mayo de 2021 a 10.980 en agosto de 2022. Aunque la aplicación no ha sido inmediata, sino progresiva. Pero la mejora también se ha evidenciado en términos cualitativos.

La mayoría de los nuevos trabajos creados son de carácter indefinido. Su incremento ha sido superior al 167% de mayo de 2021 a agosto de 2022, pasando de representar, sobre el total de trabajadores con contrato laboral del sector, un 74,42% al 97,78%. La otra cara de la moneda son los trabajadores con contratos temporales, que han caído más de un 83% en este periodo.

En segundo lugar, el informe destaca que el proceso de laboralización experimentado en el sector “delivery” tiene un impacto en términos de aumento de ingresos de las arcas de la Seguridad Social a través del incremento de cotizaciones empresariales. Tomando como referencia una base de cotización de 1.000 euros al mes, y teniendo en cuenta que desde la aprobación de la “Ley Rider” el número de asalariados en el sector “delivery” ha aumentado en 5.516, la Seguridad Social habría obtenido ingresos adicionales en concepto de cotizaciones empresariales por un valor de solo 4,7 millones de euros.

En tercer lugar, y en cuanto a la facturación de las empresas del sector, “el tiempo dirá si efectivamente la aprobación de la “Ley Rider” ha supuesto una reducción de los ingresos de las empresas del sector, señala el documento. Según datos de Just Eat referidos a empresas del ámbito “food delivery”, su facturación alcanzó los 1.079 millones de euros en 2021, lo que suponía un incremento del 15,9% con respecto a 2020. Otras fuentes como NPD Group, calculan que la facturación de 2021 fue de 2.600 millones de euros, un 80% por encima de la cifra registrada dos años antes.

“La Ley Rider está basada en condiciones de trabajo justas”, ha subrayado el director del Foro, José María Lassalle, ya que, frente al modelo de falsos autónomos, el modelo asalariado ofrece a los “riders” el acceso a derechos y prestaciones de las que ahora carecían como salario mínimo, paro, vacaciones pagadas, excedencias, permisos retribuidos de paternidad y maternidad, representación sindical y negociación colectiva, entre otros. “Estamos ante una ley que ha supuesto la anticipación de escenarios regulatorios” que servirá de ejemplo para la regulación europea, ha defendido Lassalle.

Jut Eat como referente de cumplimiento

Just Eat se posiciona como el gran referente de la aplicación de la “Ley Rider”, ya que ya trabajaba con asalariados antes de su entrada en vigor. Actualmente cuenta con 2.000 repartidores contratados, a los que se añade otro porcentaje sin especificar de subcontratados, y la plataforma ha firmado el primer convenio del sector que establece que los repartidores tienen un salario garantizado de 15.200 euros al año, por encima del Salario Medio Interprofesional (SMI).

Patrik Bergareche, director general de Just Eat España, que también ha participado en la presentación del estudio, ha declarado que la “Ley Rider” es una “ley pionera que viene a resolver la inseguridad jurídica del sector y su objetivo es crear un terreno de juego igual para todos”. En cuanto a cómo afecta a la competencia el incumplimiento de esta norma por parte de Glovo y Uber Eats, que siguen operando con autónomos, Bergareche ha asegurado que “mayoría de operadores de nuestro sector cumplen con la norma, aunque hay uno o dos operadores con tamaño importante que siguen utilizando un modelo de autónomos”. “No seré yo quien determine si esto es legal o ilegal, pero está claro que esta situación genera unas dinámicas de desventajas competitivas muy considerables, ya que utilizar el modelo empleado implica beneficios para los trabajadores que cuestan dinero a la empresa. Los operadores que no operan con este sistema tienen un ahorro en su estructura de costes. Desde Just Eat pedimos a los compañeros del sector que tenga la lealtad y un respeto al Estado de Derecho. Si hay leyes que se cumplan y si hay quien no la cumple que el peso de la Inspección de Trabajo actúe”, ha añadido.

En cuanto a la dureza de la Inspección para perseguir estos incumplimientos, tanto Lassalle como Bergareche coinciden en que la presunción de laboralidad de la “Ley Rider” deja espacio para que los autónomos reales pueda existir, pero es suficientemente rigurosa para poner en evidencia quién no cumple la norma. “Las denuncias están llegando a las empresas que están incumpliendo la norma, pero los procesos sancionadores van a la velocidad que van”, ha afirmado el director general de Just Eat. Respecto al uso de flotas subcontratadas de repartidores que puedan incurrir en cesión ilegal de trabajadores, Bergareche ha recordado que la subcontratación “es legal, pero debe ser independiente, no puede ser que la empresa de plataforma esté organizando el trabajado de los empleados subcontratados que dependen de una compañía logística”.

Díaz promete “exigir responsabilidades penales a Glovo”

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este mismo jueves que su Ministerio está ultimando las laborales técnicas para “exigir responsabilidades penales a Glovo”, empresa a la que prevé llevar ante la Fiscalía por su incumplimiento de la “Ley Rider”. Díaz ya anunció hace un mes que instaría a la Fiscalía del Estado a investigar si se están vulnerando los derechos de los trabajadores en el cumplimiento de la “Ley Rider”.

“Glovo va a cumplir la ley en mi país. No hay excepciones. Cuando cometemos un error, nos sancionan. Agradezco al resto de empresas españolas, que son muchas, que trabajan con plataformas digitales que respetan los derechos laborales. Estamos culminando tareas técnicas, pero en democracia no hay excepciones. La ley es igual para todos”, ha expresado la ministra este jueves en una rueda de prensa, tras una reunión con sindicalistas y diputados del Partido Laboralista británico.

La medida más reciente para atajar estos incumplimientos ha sido la multa impuesta por el Ministerio de Trabajo a Glovo por valor de 79 millones junto a la regularización de sus 10.600 de sus “falsos autónomos” en Barcelona y Valencia. No obstante, este castigo hace referencia al modelo usado por Glovo antes de agosto de 2021, y que más tarde adaptó con la llegada de la “Ley Rider”.

El trabajo autónomo vuelve a reinar en las plataformas de reparto

Este verano, el sector de las empresas digitales de “delivery” pasó del relativo cumplimiento de la normativa que obliga a contratar a los repartidores en base a su presunción de laboralidad, a amenazar con el regreso del modelo autónomo. Pese a la ley, Glovo ha mantenido este último año un modelo basado en mayoría de repartidores autónomos, un incumplimiento de la regulación que llevó a Uber Eats a tomar el mismo camino. Ante la falta de adaptación de Glovo a la “Ley Rider” y ante la inacción del ministerio de Trabajo, al que Uber Eats mandó una carta denunciando está competencia desleal en marzo, la plataforma de las mochilas verde tomó la determinación de crear un nuevo modelo autónomo, operativo en toda España desde el pasado 7 de septiembre, que convive con sus flotas de repartidores subcontratados.