La salud fiscal y la presión impositiva hunden la libertad económica en España

La mayor carga impositiva, el gasto público y la salud fiscal ha condicionado “la mala posición de España en libertad económica y empresarial”. Esta es una de las principales razones que ha llevado a España a situarse por debajo de la media tanto de los países de la OCDE como de la propia Unión Europea en el Índice de Libertad Económica 2022 (ILE 2022) elaborado por la Fundación Heritage y presentado y editado en España por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

De acuerdo con el estudio, nuestro país se sitúa en la lista de libertad económica en el puesto 41 a nivel mundial de los 184 países analizados, aunque entre los países más desarrollados ocupa el puesto 29, un 6,2% por debajo de la media, mientras que se encuentra un 5,9% por debajo del promedio de la UE-27. Centrados en el ranking de libertad de empresa, ocupa la posición 32 dentro de los 38 países de la OCDE, con una puntuación (93,3 puntos) un 6,7% inferior a la de la OCDE y un 6,5% menor que la UE.

El análisis muestra que España presenta un elevado margen de mejora cuando se compara con los países de su entorno aunque por encima de Francia o Italia, pero “claramente por detrás de la mayor parte de los países desarrollados” y con una puntuación un 19,2% inferior a la de Singapur, que encabeza el ranking. Esto significa que España habría dejado de estar incluida dentro de la “categoría de democracia plena” para pasar a la de “democracia con defectos”.

El Instituto indicó que la mala posición de España a nivel mundial en cuanto a la libertad económica se ve condicionada por políticas relativas al tamaño del Estado, como son “la carga impositiva, el gasto público y la salud fiscal”. En todas ellas es donde España obtiene las peores clasificaciones, situándose en la zona muy baja de la clasificación. Por el contrario, la estabilidad monetaria, la apertura comercial y la facilidad inversora son las variables donde España alcanza las mejores clasificaciones, “las cuales están determinadas principalmente por nuestra pertenencia a las instituciones europeas”. Según han recordado, “nuestro país continúa con desafíos para la gobernanza, como la fragmentación política o la corrupción, al tiempo que sigue presentando problemas de sobrecarga y lentitud en el sistema judicial, que, además, padece una creciente interferencia política”, ha alertado el ‘think tank’ de la CEOE.

En cuanto a la libertad de empresa, España solo ha experimentado cierta mejoría en relación con 2021 gracias “a que se contabiliza un apoyo de los fondos europeos para la inversión empresarial (de nuevo una palanca europea y no doméstica)”. No obstante, continúa en la zona baja.

El IEE ha reclamado el establecimiento de un marco regulatorio “adecuado” para la mejora de la libertad económica y para garantizar la libertad de empresa. También han criticado el papel “muy relevante” que adquiere en este índice el impacto negativo de la gran “fragmentación del mercado interior” ya que, en las últimas décadas, se “ha producido una gran proliferación normativa en nuestro país, que configura un marco legislativo excesivamente complejo, con los consiguientes perjuicios y costes para el tejido empresarial y la actividad económica, que ha venido impulsado por la potestad legislativa de las comunidades autónomas”, cuya normativa supone el 70% del volumen total de normas. Asimismo, han señalado que la potestad legislativa de las comunidades autónomas “no es mala en sí misma, pero cuando se emplea de manera contraria a los principios de buenas prácticas regulatorias, se convierte en el contexto idóneo para que aparezca el fenómeno de la fragmentación regulatoria y, por tanto, un quebranto de la unidad de mercado”.

Según defiende el IEE, seguir avanzando en la aplicación de la parte que queda vigente de la Ley de Unidad de Mercado “permitiría reducir parte de la fragmentación normativa existente, mediante la aplicación de los principios de buenas prácticas, que facilitarían reducir las cargas administrativas y mejorar la calidad del marco regulatorio”. El cumplimiento de cargas administrativas derivadas de esta “fragmentación” supone costes para las empresas de entre el 1,5% y el 2,5% del PIB, mientras que la liberación de estos recursos y la mejora del marco regulatorio aportaría entre el 1,5% y el 3% del PIB.