Montero asegura que no se eliminarán bonificaciones para contratar a personas discapacitadas

El empleo de las personas con discapacidad entró en peligro inminente hace unos días cuando el Gobierno anunció su intención de acabar con las actuales bonificaciones e incentivos para la contratación de los pertenecientes a este colectivo. De esta forma, 1,9 millones de trabajadores y decenas de miles de empresas y centros de empleo se quedarían sin la posibilidad de acceder a estos incentivos, lo que provocaría un “efecto devastador” en el empleo de estas personas.

No obstante, un rayo de esperanza ha llegado a este colectivo, ya que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que no se van a eliminar las bonificaciones al empleo para personas con discapacidad.

“No hay ninguna voluntad de eliminar ninguna bonificación al empleo que tenga que ver con la discapacidad”, ha afirmado Montero en una rueda de prensa. En este contexto, la ministra ha explicado que se van a evaluar todas las deducciones con el objetivo de que tengan “la mayor eficiencia económica posible” aunque ha negado que se eliminen para ese colectivo.

Desde las organizaciones que representan a las personas con discapacidad habían denunciado que el anteproyecto de ley diseñado por el Ministerio de Trabajo para reordenar los incentivos a la contratación recortaba los incentivos para el colectivo en los centros especiales de empleo.

El texto acaba de pasar por el periodo de audiencia e información pública y desde el Ministerio de Trabajo aseguran que están en contacto permanente con diferentes asociaciones en el ámbito de las personas con discapacidad recogiendo sus aportaciones.

El objetivo es simplificar y ganar en eficacia con un marco jurídico único que facilite a las personas con discapacidad acceder a un empleo “estable y de calidad”, tal y como han destacado desde Trabajo.

El Ministerio de Trabajo ha elaborado el anteproyecto de ley para reordenar los incentivos a la contratación con un nuevo esquema de ayudas con el que prevé ahorrar 279 millones anuales y lograr un marco “más eficaz”.