Uber: “Las regulaciones de Madrid y Andalucía han evitado la destrucción del sector VTC”

Uber ha lanzado en España Uber One, su nuevo programa de suscripción para servicios de movilidad y “delivery”, un año después de estrenarlo en Estados Unidos, con el objetivo de fidelizar a sus usuarios mediante descuentos y ventajas exclusivas por 4,99 euros al mes. Durante la presentación de este nuevo servicio, Felipe Fernández Aramburu, director general de Uber en España y Portugal, y de Courtney Tims, directora general de Uber Eats en España, cargaron contra la regulación catalana de los VTC y el dogmatismo de la “Ley Rider”.

El 30 de septiembre venció el plazo de cuatro años otorgado por el conocido como “decreto Ábalos” a las comunidades autónomas para regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en las ciudades. Aunque solo 10 comunidades autónomas (Madrid, Valencia, Andalucía, Cataluña, Murcia, Galicia, Navarra, País Vasco, Aragón e Islas Baleares) regulan el sector, la mayoría de las licencias de VTC que hay en España tienen amparo para seguir realizando servicios urbanos, ya que de las de las 17.385 autorizaciones de VTC existentes en la actualidad, 16.475 se concentran en estas comunidades. El director general de Uber en España, Felipe Fernández Aramburu, no compartió cuántas licencias han quedado inoperativas en las demás comunidades donde Uber está presente, pero sí alabó la regulación de Madrid y Andalucía, frente a la de Cataluña.

“Las regulaciones de Madrid y Andalucía han evitado la destrucción de un sector que emplea a mucha gente. Han asegurado la continuidad de las licencias de VTC. Muy diferente es la regulación catalana que genera muchísimas dificultades al sector VTC. El decreto catalán va en contra de las recomendaciones de la UE imponiendo requisitos de tiempos mínimos y tamaño de vehículos injustificados y desproporcionados”, señaló durante la presentación de Uber One. Para el director de Uber, el sector se ha visto perjudicado por la regulación de Cataluña, pero los que más han sufrido son “los comercios y turistas”.

El taxi comenzó en 2018 a presionar al Gobierno para que regulase la actividad de compañías como Uber, Cabify o Bolt al entender que operaban con ventaja y en franca competencia desleal ya que su actividad estaba menos regulada. Para poner fin a la disputa, el entonces ministro de Transportes (Mitma), José Luis Ábalos, aprobó un decreto que establecía que las competencias de los VTC pasaban a ser de ámbito autonómico, como los taxis. Traspasó así la patata caliente a los gobiernos regionales, que debían ser los que legislasen en un plazo máximo de cuatro años sobre la operativa de los VTC en las ciudades. De no hacerlo, estos vehículos sólo tendrían derecho a realizar los servicios interurbanos para los que tienen autorización. Finalmente, el grueso de los VTC tienen cobertura para prestar servicios urbanos y los taxis pueden operar a través de la plataforma. Según datos de la compañía de movilidad y “delivery”, en 2021, 120.000 taxis se registraron en Uber en toda Europa y más de 4.000 en España. En Madrid, en concreto, fueron 3.000 taxistas los que operaron con Uber y el objetivo de la compañía es que en 2025 todos los taxistas estén incluidos en Uber.

Uber defiende su modelo autónomo frente a la “Ley Rider”

La presidenta de Uber Eats España también cargó contra el dogmatismo del Gobierno en la “Ley Rider”. El pasado mes de septiembre la plataforma de reparto implantó su nuevo modelo autónomo que convive con las flotas de “riders” subcontratados creadas en agosto de 2021, tras la entrada en vigor de la “Ley Rider”. El ministerio de Trabajo amenazó con sancionar a las empresas rebeldes que operasen con autónomos, vulnerando la presunción de laboralidad de la “Ley Rider”. Sin embargo, Courtney Tims afirma que Uber ha intentado “tender puentes” y fue a presentar su nuevo modelo ante el Ejecutivo. Aunque la validación final del nuevo modelo autónomo de Uber Eats, Tims ha dejado entrever que la respuesta en un principio no fue negativa, ya que sus “riders” autónomos pueden fijar el precio de reparto, pueden rechazar o ignorar pedidos y no reciben penalizaciones. Tanto Uber Eats como Glovo, las dos grandes empresas del sector que operan con autónomos, quedan a la espera de que la directiva europea fije los criterios de presunción de laboralidad de los “riders” para validar su modelo autónomo.