Las cuatro mentiras sobre la electricidad que propaga el Gobierno

La reforma del mercado eléctrico en Bruselas presentada por el Gobierno la semana pasada supone un nuevo torpedo en la línea de flotación de la economía española. El Ejecutivo promete, básicamente, reducir los precios de la luz, que la energía renovable se pague a su precio justo, e impedir que el sector se embolse beneficios que no merece. Y todo esto a través de una reforma elaborada por expertos independientes y con consenso. La mala noticia es que estos cuatro asertos son mentiras.

Del conjunto de falacias, la que más enerva al sector eléctrico es que en el diseño de la misma -la reforma del mercado energético en su conjunto- parta de autodenominados expertos que claramente actúan en su planteamientos públicos “de parte”. Es el caso de la profesora Natalia Fabra, perteneciente a un consejo de administración de una de las principales empresas del sector del gas- y que forma parte del consejo de asesores de la vicepresidenta Calviño.

El sector eléctrico ha sido el objetivo del Gobierno Sánchez desde que los precios comenzaron a dispararse –la inflación llegó a situarse por encima del 10% en agosto, liderando la de toda la UE– y es otro de los mantras con los que intenta ocultar que el PIB español aún se sitúa por debajo del previo al estallido de la pandemia.

Una de las falacias de la propuesta de reforma del mercado es que se reducirán los precios de la luz con un mercado más intervenido por el gobierno de turno. No es verdad. La excepción ibérica, una de las medidas estelares que puso en marcha el Gobierno para supuestamente reducir el precio de la electricidad, ha encarecido el precio de los contratos a precio fijo, ha regalado energía a Francia, Portugal y Marruecos, y ha provocado que la gente no sepa qué va a pagar en su factura.

La reforma supone la estatalización del sector en España, como han denunciado las principales asociaciones de energías renovables europeas. Desde la liberalización del mercado a finales de los años 90, la competencia es efectiva, y el 90% de la demanda está vinculada al mercado libre.

Otro planteamiento equívoco es que no se paga la energía renovable a su precio justo. Las eléctricas sostienen que el precio ya es justo. El 70% de la energía está vendida y no pasa por el pool y no cobra ese precio de gas.

Es más, gracias a las renovables, con el sol, el agua y el viento como grandes aliados, los precios de estos días se han desplomado – son los más bajos de Europa- y que si hubiera una aceleración de las renovables esto se vería más a menudo. Y gran parte de que no haya más renovables ahora es por un problema burocrático del Gobierno, que tiene como fecha límite el próximo día 25 para decidir sobre proyectos multimillonarios de inversión. Gracias al mercado libre, formado por las energías renovables, la industria no ha visto incrementados sus precios en la mayoría de los casos, con contratos firmados a largo plazo al margen de las turbulencias de los mercados.

Críticas al protagonismo contaminado de la “experta” Fabra

El sistema de PPA (acuerdos para compraventa de energía a un precio fija) actual ya proporciona competencia, la injerencia regulatoria es la que entorpece el mercado libre, sostiene la patronal, con más de una docena de regulaciones adoptadas de manera unilateral por parte de España. Se le olvida decir que las empresas españolas han perdido competitividad desde que pagan el tope al gas.

De otra parte, la propuesta presentada por el Gobierno no es una propuesta española, ya que no ha contado con la opinión del resto de partidos políticos. Tampoco se ha contado con los diferentes subsectores energéticos “solo con expertas pagadas por el gas”. Es la propuesta del Gobierno de coalición PSOE-Podemos. Además, cabe destacar que no está consensuada ni con el sector, ni con la industria, ni con el resto de las principales fuerzas parlamentarias. Además, no presenta memoria económica, ni impactos para los inversores, ni impactos para la industria, ni análisis legales ni técnicos.

La mayor parte de las compañías eléctricas -especialmente las que contratan con la industria- tienen más del 70% de su energía vendida a precio fijo, por lo que no cobran los precios del mercado mayorista. Además, esta energía vendida cuenta con unos precios muy inferiores a los del pool, por lo que el sector no está cobrando los precios del mercado mayorista, como le acusa el Gobierno.

A esto se une que el Gobierno ha aplicado en los últimos meses unas duras reformas contra el sector eléctrico, que van contra las propuestas de Europa y que ha intervenido totalmente los beneficios de estas compañías. No solo porque han fijado un límite al que pueden vender la energía – que es de 67 euros MWh-, sino que además ha creado un impuesto sobre las eléctricas, un sector al que Europa no incluye y es sobre los ingresos de estas sociedades, que a diferencia de Europa es sobre ingresos en España y no sobre beneficios.