Economía
El 50% de los viajes en VTC no pueden realizarse por una legislación obsoleta y restrictiva en Europa
Hasta la mitad de los trayectos solicitados mediante plataformas de VTC en ciudades europeas como Roma, Barcelona o Dublín no pueden realizarse por culpa de normativas anticuadas que lastran el sector, según advierte Shared Mobility Europe, una nueva coalición formada por empresas como Bolt, leCab o Vay
Las principales empresas de movilidad bajo demanda (VTCs y taxis), organizaciones de conductores y plataformas tecnológicas de toda Europa han unido fuerzas para lanzar Shared Mobility Europe, una nueva coalición que reclama una reforma profunda de las normas obsoletas y restrictivas vigentes en muchos Estados miembros de la UE. Entre sus integrantes figuran compañías como Bolt, Cachet, leCab, Vay, así como asociaciones como ANM-TVDE, ANITRAV, MOVEA, MuoverSì, psnm, PZPA, TAF y TLP.
Se calcula que, para 2030, cerca de 190 millones de europeos —aproximadamente el 40 % de la población de la UE— utilizarán servicios de movilidad bajo demanda para sus desplazamientos diarios. Actualmente, se realizan más de 1,5 millones de trayectos diarios a través de estas plataformas, generando oportunidades de ingresos para millones de conductores.
Sin embargo, el marco legal europeo sigue siendo fragmentado, anticuado e incoherente, lo que impide el desarrollo del sector y lo coloca en desventaja frente a EE. UU. y otros mercados. En ciudades como Roma, Atenas, Barcelona o Dublín, hasta el 50 % de las solicitudes de viaje no pueden completarse por restricciones normativas que impiden a los conductores operar con eficacia —o incluso operar.
Según Shared Mobility Europe, el sistema actual no responde a las necesidades de movilidad modernas, crea barreras a opciones más asequibles e innovadoras, y frena tanto el crecimiento económico como la creación de empleo.
Ejemplos de regulación ineficaz en Europa
Italia: los pasajeros podrían tener que esperar 20 minutos tras reservar, aunque el coche ya esté en la puerta.
Grecia: los conductores solo pueden operar si el pasajero los contrata por un mínimo de tres horas y firma un contrato en papel, incluso para trayectos cortos al aeropuerto.
Alemania: los conductores deben regresar vacíos a su base tras cada trayecto, aunque tengan clientes potenciales cerca. En Múnich, los precios mínimos previstos duplicarían el coste actual de los viajes.
España: en regiones como Cataluña o Andalucía, los VTCs deben cumplir requisitos de tamaño que obligan a añadir paragolpes innecesarios para poder circular.
Malta: los conductores deben ser propietarios de un garaje para su vehículo, aumentando los costes de entrada al sector.
Mykonos y Santorini: apenas cuentan con 20 licencias cada una, a pesar de la altísima demanda turística.
"Esto no es regulación. Es una camisa de fuerza"
"Esto no es regulación. Es una camisa de fuerza", denuncia Andrea Romano, portavoz de Shared Mobility Europe, exdiputado del Parlamento italiano (2013–2022) y presidente de MuoverSì, la asociación italiana de movilidad bajo demanda.
Roberto Marra, conductor profesional en Italia desde hace más de 40 años, resume así la situación: "Estoy agotado. Hay tanta confusión legislativa que resulta desmoralizante. Es hora de decir basta. Necesitamos claridad".
En Polonia, Jurij, un conductor recién incorporado, relata su experiencia: "Tengo que llevar encima papeles, certificado médico, test psicológico... cuando ya tengo identificación digital. Estamos en el siglo XXI. Podríamos usar códigos QR y facilitarnos la vida".
Estas no son excepciones, sino el reflejo de una realidad generalizada. La falta de una normativa común dificulta la vida a miles de conductores, obstaculiza la digitalización, frena la sostenibilidad y perjudica la competitividad europea.
Una oportunidad económica y social
Uno de cada cuatro europeos ya depende de servicios como los VTC o taxis bajo demanda para desplazarse. Por eso, Shared Mobility Europe reclama una respuesta firme y coordinada desde Bruselas. Según estudios del Parlamento Europeo, un mercado de transporte unificado podría generar 600.000 nuevos empleos y hasta 1.400 euros anuales por ciudadano en beneficios económicos para 2030.
"El mensaje es claro: la movilidad está cambiando. Las normas deben cambiar también", concluye Andrea Romano. "La digitalización y la descarbonización exigen una regulación inteligente, no una burocracia del siglo pasado".
Es hora de que los responsables políticos de la UE tomen el volante.