En noviembre de 2025, el mercado del alquiler en España atraviesa una encrucijada marcada por la incertidumbre. El Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda IRAV, utilizado desde 2025 para calcular las revisiones de renta anual, se ha situado en un 2,25 %, lo que supone su nivel más alto del año. Esto implica que quienes tengan contratos de larga duración firmados, tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en mayo de 2023, afrontarán la mayor subida de 2025. En los contratos anteriores a esa fecha, la actualización seguirá realizándose mediante el Índice de Precios al Consumo (IPC), que cerró octubre con un 3,1 %, también la cifra más elevada registrada en lo que va de año.

Esa dualidad en los mecanismos de ajuste intensifica la inseguridad para muchos inquilinos. Por un lado, los nuevos contratos se benefician de un límite algo más moderado aunque en muchos casos la renta inicial ya era elevada. Por otro, los antiguos alquileres pueden registrar incrementos significativos al vincularse al IPC, lo que eleva la carga económica en un contexto en el que los precios del alquiler ya han crecido de manera sostenida durante los últimos años, hasta un 10,9 % interanual, situándose en 14,5 euros por metro cuadrado al mes según Idealista. La tensión acumulada y la persistencia de una oferta muy reducida añaden presión a hogares que dependen del alquiler como única vía de acceso a la vivienda.

La situación resulta especialmente delicada para la juventud. Por su parte, Eurostat sitúa la edad media de emancipación en España por encima de los treinta años, una de las cifras más altas del entorno europeo. Esta demora se combina con salarios que avanzan a menor ritmo que los costes del alquiler y con la incertidumbre que generan las nuevas medidas previstas por las administraciones, que están pendientes de ser aprobadas. Todo ello dibuja un panorama en el que muchos jóvenes perciben un riesgo creciente de quedar excluidos del mercado residencial, dificultando la posibilidad de planificar un proyecto vital estable y profundizando la brecha generacional.

Un abogado explica las medidas planeadas para el alquiler

Andrés Millán, abogado que se ha dado a conocer por sus populares vídeos en redes sociales de carácter divulgativo acerca de los derechos de los trabajadores y las nuevas leyes vigentes, expone las nuevas medidas que se tomarán respecto a la regulación de los alquileres. "Importante para aquellos que tienen inmuebles en alquiler. Para evitar que se refugien en alquiler por habitaciones (los propietarios) cuando se les limita el precio al alquiler de residencia habitual se va a prohibir hacerlo así", comienza explicando la práctica que muchos propietarios estaban dispuestos a efectuar con vistas a estos límites. Por ende, basándonos en las palabras del experto, aquellos que tengan el piso en propiedad no podrán llevar a cabo este ejercicio como respuesta ante la limitación de precios.

"Se van a limitar los precios del alquiler por habitaciones, se va a regular el arrendamiento de temporada y, además, se busca que de ninguna forma el propietario pueda repercutir sobre el inquilino el IBI y otros impuestos", confirma. Este listado de medidas sin duda podrían sentar un cambio de paradigma en la percepción del mercado del alquiler, sin embargo, sus efectos a largo plazo son inciertos. "No eliminar estos impuestos y tasas sino que el propietario no los pueda repercutir", recalca. De esta manera, el propietario tendrá más presión y algunos expertos indican la posible salidad de estos usuarios del mercado de arrendamiento. "Esto no esta aprobado pero es el plan que hay a futuro, además solo afectaría, parece, a zonas tensionadas", afirma.

El problema que prevé Millán sobre las zonas

"En España cada vez va a haber más zonas tensionadas y se va a desincentivar cada vez más la inversión en inmobiliario", explica. Es así como una de las consecuencias adversas podría ser la disminución de oferta de alquiler debido a que los inversores no ven rentable el ejercicio de alquiler en relación los nuevos impedimentos. "Mucho dicen pero tampoco bajan los impuestos a aquella persona que no quiere invertir en inmobiliario y simplemente se quiere comprar su primera casa", concluye con una ligera crítica sobre los intereses detrás de subir cada vez más los impuesto sin variar aquellos que repercuten sobre los derechos de primera necesidad, como es la vivienda digna.