Buenas prácticas regulatorias como palanca de crecimiento

«Un marco regulatorio e institucional que configure los incentivos adecuados para los distintos agentes económicos favorecerá la asignación y acumulación de capital en proyectos de inversión rentable, productivos e innovadores». Así lo recoge el informe «Las buenas prácticas regulatorias», elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

El análisis destaca que existe una estrecha relación entre el uso de buenas prácticas regulatorias y el desarrollo de los países. Y es que éstas tienen un impacto positivo en la productividad y, por ende, en el crecimiento a largo plazo de la economía.

A juicio del IEE, cuando se quebranta la seguridad jurídica se genera un entorno de incertidumbre en el que las empresas afectadas aplazan o paralizan sus decisiones de inversión, con el consiguiente impacto también en términos de empleo.

Las consecuencias negativas se dejan notar también en el lado de la financiación de estas inversiones, al aumentar la prima de riesgo exigida por los inversores y, por tanto, incrementando los costes de capital para estas empresas.Este informe sale a la luz en medio de las críticas al regulador en España (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) por mala praxis al haber obviado una consulta previa con el sector energético sobre la normativa que establecerá la nueva retribución para diferentes actividades durante los próximos seis años.

De hecho, el análisis hace hincapié, precisamente, en que la participación de los agentes del sector es uno de los principios básicos para lograr esta buena regulación. «Es conveniente que las decisiones que se vayan a adoptar sean precedidas de consultas, y seguidas de un diálogo participativo, tanto a las empresas como a las organizaciones empresariales, de manera que se puedan contrastar los diferentes puntos de vista y se analicen con transparencia las consecuencias que un posible cambio regulatorio pueda tener sobre la actividad», subraya el informe.En sentido, el estudio recuerda que el marco institucional en España en lo relativo a los indicadores de gobernanza relacionados con la calidad regulatoria y el cumplimiento de la Ley ha sido analizado recientemente por el Banco Mundial en su publicación «Worldwide Governance Indicators».

Por debajo de la UE

Aunque la situación en nuestro país está en línea con el nivel exigido por la institución de crédito supranacional, sí advierte de que está algo por debajo del promedio de la Unión Europea. Así, el análisis de los indicadores cualitativos relativos a la calidad regulatoria y la seguridad jurídica evidencia que, para alcanzar las cotas de los países europeos con mejores prácticas, es necesario avanzar en estos aspectos nuestra política económica, para incorporar, como objetivo explícito, la mejora de la calidad regulatoria y la seguridad jurídica.

En este contexto, IEE insta a nuestro país a apostar por un marco institucional que garantice el cumplimiento de lo que se consideran los principios de las mejores prácticas regulatorias, que se concretan en seguridad jurídica, estabilidad y predictibilidad. Esto no significa que las normas no puedan y deban evolucionar en el tiempo para adaptarse a las realidades de cada momento, sino que estos cambios deben ser graduales, evitando procedimientos de urgencia..Además, las actuaciones deben ser previsibles en el sentido de que no supongan cambios drásticos respecto a la regulación anteriormente existente.

Asimismo, según el IEE, el análisis y la preparación de nuevas normas deben hacerse como respuestas a una necesidad previamente detectada. En ese sentido, un seguimiento continuado y colaborativo dentro del sector puede ayudar a identificar las necesidades existentes, presentes y futuras, que pueden dar lugar a posibles cambios normativos.

La consistencia, credibilidad, simplicidad y transparencia son otros de las aspectos fundamentales que garantizan una correcta regulación. «Las nuevas normas regulatorias que se elaboren, así como las decisiones de los órganos de regulación, deben ser coherentes entre sí y evitar contradicciones con otras normas ya existentes. Además, la legislación debiera ser sencilla, ordenada y transparente con el fin de facilitar su adecuada comprensión por parte de todos los agentes. Por tanto, es conveniente evitar la complejidad excesiva o la abundancia de normas que dificulten el entendimiento de las mismas», señala.

Por último, el IEE remarca que la seguridad jurídica es uno de los principales pilares del Estado de Derecho, por lo que está protegida por la Constitución de 1978, y se incluye dentro de las garantías del individuo contra la arbitrariedad de los poderes públicos y se basa en tres principios: conocimiento de la normativa vigente, calidad técnica en la elaboración y estabilidad del ordenamiento jurídico.

A ello hay que añadir la protección del derecho comunitario a través del principio de protección de la confianza legítima. Éste ha sido desarrollado por diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea afirmando que la autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquella, y en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones.

Y es que la seguridad jurídica pretende consolidar un sistema en el que sea razonable prever las consecuencias económicas de las actuaciones de los particulares y de los poderes públicos, lo que es fundamental para el progreso económico.