La OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell se decidirá en tercera fase en el Consejo de Ministros. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha decidido elevar al Gobierno la penúltima decisión sobre la operación -antes de que decidan los accionistas si no hay bloqueo-, que podrá imponer condiciones adicionales a la entidad que preside Carlos Torres, que pueden provocar que desista de sus intenciones. Ese el objetivo que persiguen desde Banco Sabadell, apoyada incondicionalmente por la mayoría de asociaciones empresariales y sindicales, sobre todo en Cataluña. Ahora todo queda en manos de Pedro Sánchez y sus ministros, que tendrán que afrontar la decisión con un margen de maniobra limitado.

Cuerpo ha justificado su decisión razones "de interés general" tras analizar toda la información disponible y constatar problemas relacionados con el potencial impacto de la operación en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social. También se ha escudado en que los cinco ministerios del ámbito económico lo solicitaran -el Ministerio de Trabajo, que lidera Yolanda Díaz; Seguridad Social, de Elma Saiz; Transición Ecológica, (Sara Aagesen); Industria y Turismo (Jordi Hereu); y el de Consumo (Pablo Bustinduy).

De este modo, el ministro de Economía muestra su implícita disconformidad con la aprobación por unanimidad que realizó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuando dio luz verde a la operación sujeta a una serie de compromisos para garantizar la competencia. Cuerpo, que se ha mostrado en contra de la operación desde su anuncio al igual que el Gobierno, ha aprovechado que la decisión no era firme para proporcionar al Gobierno la posibilidad de intervenir. En las próximas semanas tendrá que aclarar qué condiciones adicionales pone al BBVA para llevar a cabo la transacción. El banco vasco tendrá que decidir entonces si le sigue interesando mantener sus planes de compra.

Para recabar opiniones sobre si la operación afecta a criterios de interés general y dar más peso a un posible rechazo a la operación, el Gobierno abrió un polémico proceso de consulta pública no vinculante, que concluyó el pasado 23 de mayo y que debía servir como una puerta a la participación de los ciudadanos, asociaciones y organizaciones, después de sus quejas tras ser rechazadas sus alegaciones por la CNMC durante el procedimiento y que están en contra de la operación. El Sabadell también participó en la consulta, pero no así el BBVA, que la consideró "innecesaria" al no ver problemas de interés general. Asociaciones empresariales, de consumidores y sindicatos dejaron también constancia de su preocupación por el impacto en el empleo, y todos ellos recurrieron al envío de documentación complementaria.

La operación fue aprobada en segunda fase a finales de abril, con compromisos por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y activó una tercera fase, en la que ya puede intervenir el Gobierno, que puede aprobar la operación en los términos aprobados por la propia CNMC o modificar las condiciones para que se pueda llevar a cabo. Si se agotan los plazos, la decisión final del Gobierno no se conocerá hasta el 27 de junio.

El periodo de aceptación en el que los accionistas podrán pronunciarse a favor o en contra de la OPA, no llegaría hasta unas semanas después de ese 27 de junio. Pero antes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tendrá que aprobar el folleto de la operación.

Fuentes de esta entidad reafirmaron a LA RAZÓN que "la operación es buena para el interés general de Cataluña, España y Europa". Además, ha reiterado que BBVA ha asumido unos "compromisos sin precedentes" en el sector financiero español, que hacen que la operación "sea todavía mejor para familias, autónomos, pymes y empresas. La unión con Banco Sabadell es un proyecto de crecimiento que permitirá a la entidad combinada aumentar su capacidad de financiación en 5.000 millones de euros adicionales al año".

Banco Sabadell expresó su convencimiento de seguir operando "en solitario. Tenemos un proyecto de futuro sólido y creíble, que generará una mayor remuneración al accionista de forma sostenible, y permitirá tener una mejor calidad de servicio".

Por su parte, la Comisión Europea (CE) no aprecia razones para que el Gobierno de España bloquee o rechace la OPA y cree que debe alinearse con la autorización con condiciones ya dada por la CNMC. "Las autoridades competentes han dado su opinión sobre la transacción. El Banco Central Europeo (BCE) la ha aprobado. La autoridad española de Competencia la ha aprobado, sujeta a una serie de medidas de mitigación para garantizar", indicaron a Efe fuentes comunitarias, que se refirieron entre los compromisos a que los consumidores de las zonas más remotas de España no pierdan el acceso a los cajeros automáticos y a los préstamos a las pymes.

¿Sobre esta base, no conocemos ninguna razón que pudiera justificar el rechazo o el bloqueo de la operación. Nuestra expectativa sería, por tanto, que el Gobierno español se alineara con las decisiones de las autoridades competentes¿, agregaron.