Cataluña presentará a Sánchez una factura de 92.000 millones por sus votos

La tercera investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno puede tener el coste económico más alto de la historia reciente para las arcas del Estado. El apoyo de Junts y ERC al candidato socialista no solo pasa por ceder a sus exigencias secesionistas, sino que sus pretensiones van acompañadas de una reclamación económica que supera los 92.000 millones de euros, que tendría que asumir el erario público y, por tanto, todos lo contribuyentes españoles, incluidos los catalanes.

El grueso de esta factura que van presentar tanto los republicanos como el partido del huido expresidente catalán, Carles Puigdemont, corresponde a la deuda que Cataluña ha contraído con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que suma a día de hoy 71.852 millones, correspondientes a las transferencias que durante los últimos años ha enviado este organismo –creado por el PP en 2012 para sostener las finanzas autonómicas ante la imposibilidad de financiarse en los mercados financieros– para solventar los problemas de liquidez de los gobiernos catalanes, y por el denominado déficit fiscal catalán

A esa cifra habría que sumar una más. El frente secesionista pretende aprovechar su posición de fuerza para hacer caja y quitarse de un plumazo tanto la mayor parte de su deuda como ese déficit fiscal, que el Gobierno de Pere Aragonés ya cifró el año pasado en 20.200 millones de euros, cifra equivalente al 8,5 % del PIB catalán, y que exigen sea asumido por el Estado porque de no ser así «perjudicaría los servicios públicos y el Estado del Bienestar al impedirnos disponer de unos recursos que generamos y que luego no podemos destinar a lo que la ciudadanía de Cataluña se merece. Hay que acabar con este sistema que perjudica Cataluña», defendió ayer la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta.

Según fuentes secesionistas, el objetivo de estos partidos se centrará en desembarazarse al menos de esos 20.200 millones y «rascar todo lo que se pueda de la deuda con el FLA. Y si puede ser todo, mucho mejor». Para ello, exigirán a Sánchez una «negociación bilateral», al margen de las demás comunidades autónomas, rechazando que la revisión del sistema de financiación autonómica –que ha prometido la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, si logra seguir en el Gobierno– deba pasar por un nuevo «café para todos».

Tomar una decisión por parte de Sánchez en este sentido y que se condone toda la deuda a Cataluña –o parte de ella– para ganar así el apoyo de Junts y ERC en la investidura provocaría una rebelión de barones autonómicos de todo signo, incluidos los socialistas, y supondría un enorme problema político y un coste personal de imposible cuantificación para el PSOE y el propio presidente.

Los diferentes gobiernos han intentado desde 2014 llevar a cabo una reforma del sistema de financiación autonómica –el mecanismo a través del cual el Estado da dinero a las comunidades para financiarse–, pero después nueve años, tres intentos y dos comisiones –una para la reforma de la financiación autonómica y otra para la local– finalmente en 2021, Hacienda realizó una propuesta para cambiar la forma en la que se calcula la población ajustada –un mecanismo para definir cuánto dinero debe dar el Estado a cada autonomía–, pero el proceso quedó estancado y es ahora cuando la posible condonación de la deuda que las comunidades tienen con el Estado podría reactivarse. Ahora Montero pretende revitalizar la reforma y readaptarla para plantear una quita parcial del pasivo acumulado por las regiones con el Estado.

De momento, los partidos independentistas catalanes ya han lanzado la primera parte de su órdago, acabar con su déficit fiscal pero únicamente para ellos. Históricamente, la Comunidad de Madrid ha sido la comunidad que ha presentado una balanza fiscal más negativa: es la que más aporta y la que menos recibe. Por eso, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ya ha dicho que llevará a los tribunales cualquier decisión que perjudique los intereses de Madrid.