A la caza del moroso: las empresas españolas dedican más de 10 horas semanales a perseguir pagos atrasados

España, en el top 5 europeo donde las empresas tienen que dedicar más tiempo a perseguir impagos. De media, 10 horas y 7 minutos semanales (10,12 horas), un cuarto de una jornada completa semanal, para reclamar pagos atrasados a clientes morosos. Esto equivale a 73 días al año centrados exclusivamente en perseguir pagos pendientes. Por delante solo se encuentran Suiza (10,73h), Eslovaquia (10,53h), Países Bajos (10,44h) y Austria (10,23h), según recoge la nueva edición del Informe Europeo de Pagos de Intrum 2025, que analiza 25 países europeos. En el extremo opuesto se encuentran países como Bulgaria (8,68 h), Serbia (9,29h) o Croacia (9,42h). Otros mercados clave como Alemania (9,91h), Francia (9,58h), Reino Unido (9,56h), Portugal (9,89h) e Italia (9,87h) también están por debajo del promedio español.

Ante un creciente incertidumbre geopolítica y comercial, "el riesgo de impagos cobra una especial relevancia, ya que muchas compañías podrían enfrentarse a un entorno menos favorable, con un impacto directo en su capacidad para cumplir con sus compromisos financieros", señala el informe. El recobro interno sigue siendo la opción más habitual, con un 64% de las empresas gestionándolo desde sus propios equipos. Sin embargo, esta cifra se prevé que descienda al 57% en los próximos dos años, mientras que aumentará la externalización del proceso: el uso de empresas especializadas pasará del 28% al 32%.

Para mitigar los riesgos, las empresas utilizan como medida preventiva el pago por adelantado (45%), aunque su uso ha descendido ligeramente. En su lugar, han ganado peso otras fórmulas como la prevención del fraude (23%) y las verificaciones de crédito (38%). También crece la contratación de herramientas más sofisticadas como el seguro de crédito (26%) y las garantías bancarias (26%). Asimismo, un 49% está endureciendo sus condiciones de pago, especialmente en sectores como servicios empresariales (59%), transporte y logística (56%) y seguros (56%). Esta tendencia refleja una preocupación creciente por preservar la liquidez y minimizar el riesgo de impago.

A pesar de estos esfuerzos, la brecha entre los plazos de pago acordados y los realmente ejecutados se mantiene elevada en todos los ámbitos. Según las empresas encuestadas por Intrum, se estima que un 12% de las facturas no se cobra en plazo, lo que afecta a la liquidez y planificación financiera de estas empresas. El sector público continúa siendo el más problemático, con una media de 69 días reales frente a 54 ofrecidos, es decir, 15 días de retraso. En el ámbito de las transacciones entre empresas, la diferencia es mayor, ascendiendo a 18 días (60 reales frente a 42 ofrecidos), mientras que en el entorno de las transacciones destinadas a clientes finales el retraso medio es de 11 días.

Este desfase se ha consolidado en el tiempo, como reflejan las series de datos desde 2020, y continúa tensionando las relaciones comerciales. De hecho, un 55% de las empresas reconoce haber aceptado plazos más largos de lo deseado para no poner en peligro sus relaciones con los clientes, y un 29% admite que no negocia las condiciones de pago cuando se le solicita más tiempo para abonar las facturas. De cara a los próximos 12 meses, un 54% de las empresas prevé que el riesgo de impagos o retrasos aumente, lo que representa un ligero descenso respecto al 60% registrado en 2024, aunque sigue siendo una mayoría preocupante.

Ante este contexto turbulento, las empresas españolas afrontan 2025 con una mezcla de ambición de expansión (58%) y prudencia en el gasto y endeudamiento (50%), ante la previsión de que la economía española se mantenga estancada o, incluso, se contraiga en los próximos meses (49%). Según este informe, un 23% de las empresas españolas considera que podría cerrar en un plazo de dos años si su situación económica no mejora pronto. Esta preocupación es especialmente acentuada entre las pymes, donde la proporción alcanza el 28%, frente al 12% en el caso de las grandes corporaciones. Esto se traduce en que más de 971.300 compañías y unos 3,6 millones de trabajadores podrían estar en riesgo.