Además de generar inseguridad jurídica, el panorama de 20 tributos diferentes reduce y merma la recaudación. Se trata de un sistema insolidario entre comunidades.

Un mapa caótico como consecuencia de la falta de orden y claridad típica de la competencia fiscal territorial. 20 normas diferentes. 15 de las autonomías, cuatro forales y una estatal. La disparidad provoca un cóctel de difícil digestión para el contribuyente. Cedido a las comunidades, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se aplica de manera diferente en cada región. Este tributo constituye un balón de oxígeno en época de asfixia económica, cuando algunas comunidades han suprimido bonificaciones para incrementar sus ingresos. Tiene una importancia vital para ellas, ya que, a diferencia de otros impuestos como el IRPF o el IVA, su recaudación no depende del ciclo económico.

Armonización de tipos

Los expertos consideran necesaria y urgente la homogeneización de las actuales 20 normativas sobre Sucesiones vigentes en España. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dedujo que el impuesto generaba discriminaciones entre los contribuyentes, en función de su lugar de residencia, lo que es contrario a la libre circulación de bienes. Ransés Pérez piensa que idéntica conclusión se puede mantener dentro de nuestro país, donde, fruto de las legislaciones regionales se discrimina fiscalmente, según se resida en una u otra comunidad en el momento de fallecer. «La solución más justa que evitaría estas distorsiones pasa por su armonización », asegura el inspector de Hacienda del Estado.

El actual Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones combina tipos marginales elevados con importantes beneficios. Recae fundamentalmente sobre las clases medias y no contribuye a limitar la desigualdad en la distribución de la riqueza. Santiago Álvarez piensa que una reforma podría pasar por la implantación de un impuesto general, de normativa estatal y recaudación transferida a las administraciones autonómicas, que conjugara una base imponible amplia con la aplicación de un tipo reducido, entre el 5 y el 10%. Y agrega que otra vía de reforma alternativa consistiría en eliminar la tributación de herencias y donaciones dentro de las familias, gravando solamente las transmisiones que se produjeran fuera del ámbito familiar.

Las bonificaciones varían de forma significativa entre territorios. E incluso en algunas apenas existen. Francisco de la Torre cree que los actuales 20 impuestos son «20 formas distintas de equivocarse» y que las competencias autonómicas tendrían que estar limitadas a una horquilla que no les permitiese desfiscalizar por completo el impuesto. «Eso no es corresponsabilidad fiscal, sino en determinados casos, irresponsabilidad y competencia fiscal no completamente leal», asegura.

Pese a que este tributo resulte necesario desde un punto de vista de justicia social y de eficiencia de los sistemas económico y tributario, las disparidades que genera entre comunidades no son de recibo. Todo ello, junto a las cuestiones de inconstitucionalidad que se están planteando , «está pidiendo a gritos una reforma del impuesto que implique una homogenización a nivel nacional, en la línea de la propuesta del informe Lagares», apostilla Ransés Pérez.

Si bien hace ya varias décadas que se modificó el sistema de financiación de las comunidades bajo el principio de corresponsabilidad fiscal –cada una puede determinar el tipo y volumen de su gasto público y, por ende, aumentar o reducir sus impuestos–, la proliferación de las bonificaciones ha generado una carrera por reducir los gravámenes y atraer a contribuyentes. El ex presidente de la Organización profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) afirma que «se está generando una dualidad entre autonomías: caras y baratas. Muchas han renunciado a entrar en esa carrera. El panorama de 20 impuestos diferentes es inadmisible y distorsionante, reduce la tributación global y genera inseguridad jurídica. Este sistema es insolidario. Desde el punto de vista de la recaudación general hace que se ingrese menos», sentencia.