El Consejo Económico y Social duda de que se reduzcan la deuda y el déficit: "Es un objetivo poco realista"

"Lograr el equilibrio entre la necesaria estabilidad macrofinanciera de la Eurozona y acometer las inversiones que requiere la economía europea para afrontar el desafío climático y la transformación tecnológica". Estas son las dos principales claves que el Consejo Económico y Social de España (CES) -órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral- ha plasmado en su último informe sobre la gobernanza económica europea, con el que pretende también reforzar la competitividad de las empresas europeas, potenciar la creación de empleo, así como para aumentar los niveles de cohesión social y territorial.

El CES ha plasmado sus conclusiones y sus propuestas en un informe que nace bajo las nuevas reglas fiscales de obligado cumplimiento, que considera que "son necesarias en una unión monetaria para coordinar la política fiscal de los Estados, propiciar políticas fiscales prudentes y evitar que los desequilibrios individuales de los Estados afecten a la estabilidad del conjunto". Aunque reconoce que el marco de supervisión y gobernanza fiscal "favorece la implicación de los Estados", al tener en cuenta las características de cada país, y permite conciliar mejor la sostenibilidad fiscal y el crecimiento, "al dar más margen fiscal a los países más endeudados para que realicen inversiones y reformas", también censura que "no resuelve del todo los principales problemas de los que adolecía el sistema anterior: la complejidad, la prociclicidad y la desprotección de la inversión", ha explicado Antonio Romero, presidente de la comisión que ha elaborado el informe y consejero del CES.

Aunque el nuevo sistema introduce más flexibilidad para acometer los procesos de consolidación fiscal y permite que los ajustes "sean menos severos y más extendidos en el tiempo", desde el CES creen que el nuevo marco "continúa dificultando la política fiscal anticíclica" de los Estados miembros, ya que las salvaguardas imponen reducciones mínimas anuales de déficit y deuda, que "reducen esa flexibilidad individual", y ponen en duda que se logre el principal objetivo, que sigue siendo "propiciar procesos de consolidación fiscal nacionales hasta situar la deuda pública en el 60% del PIB, objetivo que califica como "poco realista". Sólo hay que recordar que España cerró 2023 con la deuda en el 107,7% del PIB y que sólo está obligada a reducirla en un 1% anual. Por ello, desde el CES reclaman la creación de una mayor capacidad presupuestaria a escala de la Eurozona, que permitiría "suavizar tanto los shocks macroeconómicos asimétricos como las perturbaciones graves que afecten al conjunto".

También creen que los incentivos a la inversión que se han introducido son "insuficientes" dada la necesidad de afrontar las transiciones en marcha y no ven claro cómo se van a evaluar y a priorizar las inversiones para aprobar los programas de consolidación fiscal y, en su caso, su extensión temporal. Ni siquiera ven posible que "las inversiones y reformas dirigidas a aumentar el capital intangible europeo" logren sus objetivos. "Sería necesario que la Comisión apruebe una metodología consensuada y transparente de evaluación de inversiones y reformas estratégicas".

Para el CES resulta prioritario completar la Unión Bancaria, lo que permitiría evitar situaciones de inestabilidad financiera, al tiempo que contribuiría a la resiliencia y la sostenibilidad económicas de la Unión. También pide profundizar en la integración financiera avanzando en la Unión del Mercado de Capitales, dado el "limitado espacio fiscal existente" en la Unión Europea, para lograr unos mercados financieros y de capitales más "diversificados, profundos y competitivos" que permitan movilizar tanto el capital privado como los propios fondos europeos.

El Consejo insiste en que continúa habiendo "dudas importantes" en relación con las inversiones y reformas estratégicas de índole social, puesto que los criterios específicos para valorar su compatibilidad con las reglas fiscales y los planes de ajuste de la deuda están "pendientes de concreción".

Para Antón Costas, presidente del CES, el nuevo marco de gobernanza económica se enfrenta a las crecientes necesidades de inversión, que "exige la política industrial como vía para recuperar la autonomía estratégica y propiciar la reindustrialización de la UE". En el informe se apunta la necesidad de "asegurar unas mismas reglas del juego en la estrategia comercial" de la UE, porque su falta está provocando "fricciones comerciales", que cree se han exacerbado por la necesidad de acelerar la descarbonización de la economía europea, de luchar contra el cambio climático y de proteger la biodiversidad. "La profundización del mercado único y una mayor integración económica resultan fundamentales para que la UE pueda continuar siendo la primera potencia comercial".

Asimismo, ha expresado sus críticas porque la nueva gobernanza europea ha dejado de lado el debate sobre la "necesidad de crear instituciones presupuestarias supranacionales de calado y permanentes". Para Costas, el presupuesto de la UE es tan reducido en este aspecto que "condiciona su capacidad para respaldar elevados niveles de ambición política", sobre todo porque se ha "dejado de lado el debate sobre la necesidad de crear instituciones presupuestarias supranacionales de calado y permanentes". Para superar esta situación y después de la positiva experiencia del SURE como herramienta europea de estabilización económica y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como instrumento europeo de inversión, "es interesante y factible que la UE se dote de nuevas capacidades presupuestarias permanentes". Por eso, reclama avanzar en una "mayor integración presupuestaria", que exigiría un incremento sustancial de los ingresos que maneja la UE, lo que pasa por "reforzar su sistema de recursos propios" y por considerar la emisión de deuda pública conjunta.