Cuerpo publicará el resultado de la consulta de la OPA de BBVA antes de elevar su decisión al Gobierno y pese a la denuncia en la Audiencia Nacional

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, agotará el plazo máximo que le da la legislación para decidir si eleva la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell al Consejo de Ministros. Tiene tiempo hasta la medianoche de hoy para presentar su informe sobre la consulta previamente a decidir si eleva o no al Consejo de Ministros la decisión final sobre la autorización o no de la OPA, que estará basada en los "motivos de interés general que pudieran concurrir", aseguró.

Cuerpo señaló que la decisión sobre la oferta del BBVA para hacerse con el Sabadell se será respetuosa con "los lazos y procedimientos de la normativa española y europea" y que la consulta, sobre la que hará público el informe, será utilizado como un "mecanismo adicional de información" para decidir si se eleva o no al Consejo de Ministros.

El ministro manifestó que están tomando la decisión "con todas las garantías", y recalcó que la consulta les ha permitido recoger información cualitativa y no ha sido una consulta para que los ciudadanos dijeran "opa sí, opa no". Según Cuerpo, la consulta ha servido parea recoger "información válida de motivos de interés general distintos a los de competencia que puedan verse afectados por esta operación".

Pero el horizonte no está despejado. El despacho de abogados Statera Legal ha presentado en la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo en el que solicita como medida cautelar que no se tengan en cuenta los resultados de la consulta pública abierta por el Gobierno sobre la opa de BBVA a Sabadell. El despacho indica que el pasado 8 de mayo se requirió al ministro de Economía el cese de la "vía de hecho" derivada de la puesta a disposición de la consulta sin cobertura legal y con diferentes defectos formales de gravedad.

La falta de respuesta del Ejecutivo ha llevado a la presentación del recurso por la vía contencioso administrativa. Entre los motivos del recurso el despacho destaca que la consulta es "contraria al principio de igualdad y no discriminación, así como que el proceso de cumplimentación del formulario de la consulta está ausente de cualquier autenticación de identidad del usuario".

Asimismo, el procedimiento seguido "no se corresponde con aquel al que se vinculan las preguntas formuladas en la consulta, que no tiene cabida formal en el ordenamiento jurídico dado que no existe precepto habilitante para realizarla" en el procedimiento previsto para la intervención del Consejo de Ministros.