El Gobierno aprobó la semana pasada la condonación de parte de la gran deuda de Cataluña, deuda fruto de sus sucesivos ejercicios cerrados en déficit por no haber ajustado todo lo que deberían el gasto, y que ahora tenemos que asumir todos los ciudadanos. Una vez más, como ya he hecho anteriormente en estas páginas, hay que recordar este grave error.

Podemos entrar en números, pero da igual, primero, porque dichos números están diseñados a medida de Cataluña, que es quien lo exige. Segundo, porque es un problema de concepto, de fuero, no tanto de huevo, donde se reconoce que una administración regional no puede pagar sus deudas o que tiene problemas para ello, y, por eso, se le condona. Eso lanza una pésima señal al mercado y afecta seriamente a la credibilidad de la economía española.

El independentismo vuelve a sacar rédito a costa de todos los españoles. Mientras puedan exprimirlo, lo harán, antes de dejarlo caer, porque con nadie van a poder sacar tanto como con él, ya que cada minuto está dispuesto a pagarlo al máximo precio que le pidan. Los independentistas están ejerciendo una discriminación prácticamente perfecta de precios, ante la situación desesperada en la que se halla Sánchez. El problema es que al exprimirlos a él, como paga con el dinero de los ciudadanos, exprimen a estos últimos.

La condonación es un disparate que desincentiva la buena gestión, lanza una muy mala señal a los mercados, y constituye el reconocimiento de la incapacidad de poder repagar la deuda por parte de quien recibe la condonación. Unido a un sistema de financiación propio para Cataluña es el desarme de la financiación regional: la deuda, porque es consecuencia del déficit; éste lo es de un descontrol del gasto; y esto proviene de no ajustarse a los ingresos del sistema. Por tanto, se les da barra libre en el gasto ofreciéndoles todos los ingresos con su sistema fiscal propio y, además, se les perdona gran parte de su deuda.

Medida inconstitucional

El perdonar la deuda, da igual que sea todo o parte, es una barbaridad legal y económica. Es una barbaridad legal, porque al realizarse al dictado de Cataluña y, específicamente, para Cataluña, se vuelve inconstitucional, porque atenta contra el artículo 138.2 de la Constitución Española, que dice que «Las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales». ¿Y qué es esta medida, sino una medida que otorga privilegios a una región? Por otra parte, el artículo 157.3 de la Constitución establece que podrá regularse mediante ley orgánica las competencias financieras de las comunidades autónomas, que son enumeradas en el artículo 157.1 de la Constitución, entre ellas, las operaciones de crédito. Y ello está regulado en la LOFCA, en el artículo 14. Del mismo modo, en dicha ley orgánica, se contempla en la DA octava la posibilidad de detraer de los recursos del SFA las cantidades necesarias para atender los mecanismos adicionales de financiación, como el FLA, si no se atienden por parte de la comunidad autónoma. Sánchez, en lugar de velar por dicho cumplimiento, lo vuela por los aires y les regala ese importe. Por eso, lo amplían a todas las CCAA, para salvar el artículo 138.2 de la Constitución, pero, aun así, no dejará de ser un privilegio, pues se hace para beneficiar a Cataluña, porque en el propio acuerdo del PSOE con ERC se especifica que la operación supondrá la asunción del 22% de la deuda viva de Cataluña con la Administración General del Estado (AGE), aparte de la aberración del concierto catalán.

Y también es una atrocidad económica y financiera, porque lanza una señal pésima como país: ¿qué inversor va a confiar en cualquier comunidad autónoma a la hora de financiarla, si pueden no hacerse responsables de la deuda que emitan con este sistema ideado por Sánchez para obtener los votos de los independentistas? Esto es gravísimo, porque debilita la credibilidad crediticia de todo el Reino de España, pues está reconociendo, tácitamente, que algunas de sus administraciones no pueden pagar su deuda.

Además, la deuda no desaparece, no se evapora, sino que cambia de casilla: la parte que se le perdona a Cataluña la van a pagar todos los ciudadanos –incluso los catalanes– al asumirla la Administración General del Estado. Por tanto, es falso que haya menos deuda, sino que varía su ubicación, pero con peores consecuencias, como las ya citadas de descrédito.