
Trabajo
Díaz presenta su propuesta de permisos por fallecimiento y paliativos de forma "unilateral"
Empresarios y sindicatos cargan contra la propuesta de decreto sin diálogo social de Trabajo. "El Ministerio de Trabajo se ha precipitado al hacerlo de la manera en que lo ha hecho", critica UGT
Yolanda Díaz ha vuelto a mover ficha sin consultar. La ampliación permiso por fallecimiento y la creación de uno para cuidados paliativos ha caído entre los agentes sociales como una decisión tomada de espaldas al diálogo social. Sindicatos y empresarios coinciden por una vez en la queja: si se trata de reformar el Estatuto de los Trabajadores, debería hacerse en la mesa de negociación, no por decreto.
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Tras el anuncio de hace dos semanas de Díaz, el Ministerio de Trabajo envió este pasado domingo a los agentes sociales una propuesta de real decreto ley que concreta los detalles. Según el texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad –como hijos, padres, nietos o abuelos– se ampliaría de los actuales dos días a 10 días hábiles. En el caso de familiares por afinidad, como cuñados o abuelos del cónyuge, se mantendrán los dos días de permiso ampliables a cuatro, como hasta ahora, si el trabajador necesita desplazarse. Estos días podrían disfrutarse de forma continua o discontinua durante las cuatro semanas siguientes al fallecimiento o desde la entrega de los restos mortales de la persona fallecida.
La propuesta de real decreto también incorpora un nuevo permiso de hasta 15 días hábiles para atender a familiares en cuidados paliativos, siempre que se trate del cónyuge, pareja de hecho o parientes de hasta segundo grado de consanguinidad. Este permiso podría dividirse en dos periodos dentro de los tres meses posteriores a su inicio y hasta la fecha de fallecimiento de la persona que precisa de dichos cuidados y requerirá un informe médico que acredite la necesidad. Asimismo, solo podría solicitarse una vez por paciente, aunque es compatible con los permisos laborales por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización –de cinco días–, que contempla ya el Estatuto de los Trabajadores «si el paciente estuviera recibiendo los cuidados paliativos en régimen de atención domiciliaria».
Asimismo, el Ministerio de Trabajo propone extender a las situaciones de cuidados paliativos varios derechos de conciliación ya previstos en el Estatuto de los Trabajadores como la posibilidad de adaptar la jornada y de reducirla. Finalmente, la propuesta de real decreto que quiere aprobar Trabajo contiene otro permiso de un día para acompañar a una persona al ejercicio de su derecho a eutanasia. En este caso, no haría falta relación de consanguinidad, sino únicamente haber sido designado por quien solicita la eutanasia como la persona acompañante.
La CEOE ya ha manifestado su rechazo a la ampliación de estos permisos, cuyo presidente, Antonio Garamendi, calificó de «ocurrencia». La patronal criticó que estas medidas se plantearon sin diálogo social previo y sin un informe económico que analice su impacto. UGT y CC OO, por su parte, también han recriminado a Trabajo que no haya abierto un proceso formal de negociación en la mesa de diálogo sobre estos permisos. En su lugar, Trabajo ha lanzado una propuesta «unilateral». En este sentido, han recordado que estas medidas implican la modificación del Estatuto de los Trabajadores, por lo que requiere ser tratado en el marco del diálogo social.
"El Ministerio de Trabajo se ha precipitado al hacerlo de la manera en que lo ha hecho", criticó el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. Tanto él como el secretario de Acción Sindical de CC OO, Javier Pacheco, abundaron en que modificar el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores solamente se puede hacer a través de un Real Decreto-Ley o a través de una ley, por lo que es mejor hacerlo con el concierto del diálogo social antes de que vaya al Parlamento.
Los agentes sociales han sido convocados a una reunión el próximo 5 de noviembre, con la propuesta ya presentada, que, no obstante, debe ser aprobada por el Consejo de Ministros y validada por el Congreso.
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