Directos hacia el infierno fiscal

Winston Churchill (1874-1965), el histórico premier británico, que incluso obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1953, recomendaba que «si estás atravesando el infierno, no te detengas». El problema es mayor cuando lo que ocurre es que se avanza a toda velocidad hacia el infierno, en este caso, fiscal. El sueño de Pablo Iglesias cuando, en 2018, afirmaba: «yo creo que a la izquierda le iría mejor si en lugar de prometer paraísos para los parias de la tierra, prometiera un buen infierno rojo para los ricos». Pedro Sánchez y María Jesús Montero parecen decididos a hacer realidad no solo el sueño del fundador de Podemos, sino llevarlo más allá y que el infierno fiscal alcance a la práctica totalidad de la clase media española, cada vez menos media, como denuncia a menudo, con escaso éxito, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.​

Los datos están encima de la mesa y los colocan ahí desde la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen, hasta la OCDE, que acaba de presentar su informe sobre España, sin olvidar, por ejemplo, a la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), que encabeza Cristina Herrero, pero cuyo mandato expira en el primer trimestre del año, un puesto para el que el Gobierno ya busca a alguien dúctil.

Esta misma semana se ha conocido que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha impulsado el nombramiento de Francisco Sabido como director general de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), un departamento de nueva creación que asumirá la elaboración del PIB. El cálculo de ese indicador fue el que, en último extremo, provocó la dimisión/cese de Juan Rodríguez Poo y su sustitución por Elena Manzanera, algo en lo que, como ha reconocido en su libro recién publicado, tuvo un papel relevante la ex ministra Nadia Calviño. Eran tiempos en los que el Gobierno no estaba conforme con los datos que ofrecía el INE y que empezaron a ser más favorables.​

La OCDE, que en su último informe, presentado esta semana en Madrid por su secretario general, Mathias Corman, acompañado del ministro Carlos Cuerpo, constata el crecimiento de la economía española, también cree que los impuestos que gravan el trabajo son excesivos y recomienda subir el IVA.

Además, insiste en la necesidad de reformar las pensiones, es decir, buscar fórmulas para que las prestaciones futuras sean –en definitiva– menos elevadas. Casi al mismo tiempo, Roxana Minzatu, vicepresidenta de la Comisión Europea, y Valdis Dombrovskis, comisario de Economía, han avisado a España de que está en riesgo de incumplir las reglas fiscales. Significa, en román paladino, que el déficit, el incremento del gasto neto y la deuda pueden ser superiores tanto a lo permitido como a lo recomendable.

El remedio es tan sencillo como, casi siempre, difícil de aplicar. Consiste en ingresar más y gastar menos, o ambas cosas al mismo tiempo.​El jueves, el Congreso de los Diputados, minutos antes de que José Luis Ábalos y Koldo García fueran enviados a prisión, rechazó la senda de estabilidad, trámite previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.

Era la crónica de un fracaso anunciado desde que Puigdemont bajó el dedo. No, tampoco habrá Presupuestos para el próximo año, pero la «vice» Montero ya se ha apresurado a culpar a la oposición, mientras Sánchez corría a hacerse la foto con el ministro Óscar López y los sindicatos en la firma del acuerdo de subida salarial del 11% para los próximos años. Funcionarios y pensionistas, con y sin Presupuestos, son millones de votos y, quizá, la penúltima esperanza electoral del inquilino de la Moncloa. Sin Presupuestos, las comunidades autónomas (CCAA) tendrán 5.000 millones menos para gastar, lamenta María Jesús Montero, para quien gobernar es solo gastar.​

La ministra tiene un plan para la financiación de las CCAA en el que, según ella, todas saldrán favorecidas, tendrán más dinero y Cataluña, financiación singular. El papel lo aguanta todo, pero los expertos, AIREF incluida, ya han explicado que eso es imposible sin una subida notable de impuestos.

Lo mismo ocurre con las revalorizaciones de las pensiones de acuerdo con la inflación, algo que el PP también asume. La OCDE advierte sobre el asunto, pero el Gobierno hace magia contable y este año aportará 40.000 millones –de los impuestos– para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, de las que presume la ministra Elma Saiz.

En definitiva, gasto y más gasto, algo que se traduce en cada vez más impuestos y más altos, que conducen, de forma inexorable y directa, hacia un infierno fiscal, en lugar de intentar atravesarlo con rapidez para salir de él, como sugería Churchill.