Doble reto: bajar impuestos y déficit

Para reducir la carga fiscal y cumplir con los objetivos comprometidos con Bruselas es necesario recortar el gasto público

Bajar impuestos aumenta la actividad económica. Cuando se reduce el IRPF se incrementa la renta disponible de los contribuyentes, lo que a la postre puede avivar el consumo y favorecer el ahorro. Asimismo, las rebajas del Impuesto de Sociedades inyectan liquidez en las empresas y, por ende, favorecen la contratación. Es decir, se ensancha la base de cotizantes y aumenta la recaudación. Por ello, fuentes consultadas aseguran que se puede reducir el déficit bajando la carga fiscal, y que el año pasado se logró, aunque el desvío final fuera ligeramente superior al 5%.

Menos impuestos, más crecimiento. Está comprobado. La mayor renta disponible que generará entre 2015 y 2016 la rebaja fiscal se traduce en crecimiento económico y creación de empleo –casi 9.000 millones entre IRPF y Sociedades–. Se estima que durante el año pasado el impacto de la reforma en el avance del PIB fue de 0,34 puntos porcentuales y en el crecimiento del empleo, en 0,24. Pero no se puede perder de vista la senda de reducción del déficit marcada por la Comisión Europea, donde plantean la necesidad de disminuirlo hasta el 3,7% este año y el 2,5% en 2017. El próximo Gobierno deberá realizar un ajuste fiscal superior a los 8.000 millones de euros entre 2016 y 2017, ya que España se enfrenta a una posible multa de hasta 2.000 millones por el incumplimiento, cuya resolución se conocerá en julio.

Desde el Ministerio de Economía ven «factible y compatible» cumplir con los compromisos de déficit y bajar impuestos, siempre y cuando se mantenga el ritmo de crecimiento económico. Y es que el Gobierno en funciones ultima otra bajada impositiva, al ver margen para reducir el IRPF, de forma gradual, desde el próximo enero –siempre que la recaudación lo permita–. Además, en vísperas electorales, considera que hay posibilidad de aprobar nuevas bonificaciones para las cotizaciones a la Seguridad Social. En cambio, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos se oponen a una medida que no ven viable.

Si bien la recaudación de Hacienda durante los cuatro primeros meses se ha resentido de forma notoria, podría parecer lejano alcanzar los objetivos de ingresos para reducir el déficit. Sin embargo, las bases imponibles se han incrementado un 2,3%, lo que refleja un repunte de la actividad económica y adelanta aumentos de la recaudación en los próximos meses. Con el IRPF el año pasado se recaudaron en 2015 más de 72.300 millones de euros, y en 2016 se prevé una recaudación por encima de los 75.400 millones. En Sociedades las estimaciones señalan para este ejercicio unos ingresos de casi 4.000 millones más.

Ineficiencia

El objetivo que justifica la existencia de cualquier sistema tributario, el motivo por el que nacieron los impuestos, es sufragar el funcionamiento del Estado y proporcionar el volumen de recaudación preciso para financiar el gasto público –lo que los hacendistas clásicos llamaron el principio de suficiencia–. Es cierto que, cumplida la suficiencia, al conjunto impositivo se le asignan otros objetivos adicionales. Pero, con todo, «la aparición del déficit público es la consecuencia del incumplimiento del principio de suficiencia». Ignacio Ruiz-Jarabo, ex director general de la AEAT, resalta que la suficiencia o insuficiencia de un sistema tributario no responde a un baremo absoluto. «Es tan cierto que un sistema basado en una presión fiscal alta que genere una elevada recaudación puede ser absolutamente insuficiente, como que otro, con una presión fiscal moderada y una recaudación menor, puede resultar plenamente suficiente». Ruiz-Jarabo explica que todo depende de la comparación entre la recaudación tributaria lograda y el volumen de gasto público en el que se incurra. Por ello, cualquier reducción del déficit público –también su eliminación– puede pivotar sobre cualquiera de los dos elementos de la ecuación, o conjuntamente sobre los dos. Y el elevado déficit público en España resulta una clara evidencia de la insuficiencia de nuestro sistema fiscal. Para superarla, se han aumentado los impuestos y, sin embargo, los resultados han sido insatisfactorios.

Pese a que durante los últimos cuatro años el déficit se haya reducido un 4%, la mitad de esta reducción se debe, exclusivamente, al ahorro en el gasto financiero de la deuda pública como consecuencia de la evolución de los tipos de interés. Y es que si el año pasado el coste financiero medio de nuestra deuda pública viva fue el 3,5%, en 2011 ascendía hasta el 5,5%. Ruiz-Jarabo revela que ese diferencial, del 2%, sobre nuestro volumen de deuda (100% del PIB) supone un 2% del PIB. Es decir, «con los tipos de interés de 2011 nuestro déficit el año pasado hubiera sido del 7,1%».

El ex director general de la AEAT piensa que no se ha actuado eficazmente sobre el gasto público, y que la idea de combatir el déficit con nuevas subidas de impuestos debe desecharse. La presión fiscal (recaudación tributaria/ PIB) en España es ya muy elevada, y aún más lo es el esfuerzo fiscal (presión fiscal/ renta per cápita). De algunos estudios se desprende que el esfuerzo fiscal en España (0,14) es superior al de Suecia o Alemania (0,13), al de Dinamarca u Holanda (0,11), al de Irlanda o Noruega (0,08)... Por ello, «aumentar los impuestos, además de afectar negativamente a cada uno de los contribuyentes, resultaría tremendamente negativo para la actividad económica, ya que tendría un efecto desincentivador para la inversión». Ruiz-Jarabo propone abordar el combate contra el déficit público combinando una bajada (moderada) de los impuestos y una significativa reducción del gasto público.

Este aligeramiento de la carga fiscal debería recaer sobre los impuestos directos, ya que disminuir el IVA choca con las dificultades propias de su condición de impuesto armonizado en la UE. Además, los efectos de las subidas y bajadas de los impuestos directos sobre la actividad económica y la inversión son mucho mayores.

Ruiz-Jarabo también aboga por reducir la llamada brecha fiscal del salario –diferencia entre el coste de personal para el empresario y lo que percibe el trabajador–. La suma del IRPF y de la SS encarece la contratación sin que aumente la renta del empleado, por lo que debería suavizarse la tributación de las ganancias de capital. Y es que si se penalizan excesivamente las plusvalías procedentes del ahorro/inversión, se expulsa a los inversores. Por ello, «es preocupante la propuesta del PSOE que proyecta volver la tributación de las plusvalías al tipo general del IRPF. Sería nefasto». El ex director general de la AEAT afirma que «la reducción de impuestos sería positiva para la economía española». No obstante, advierte de que vamos abocados, bien a un gobierno de coalición, bien a un gobierno minoritario con apoyo parlamentario «multipartito». Y alerta de que estas fórmulas son siempre soluciones «pro gasto».

Guzmán Soldevilla, autor de «Con un pan debajo del brazo», explica que con las cuentas públicas, igual que con las de una familia, no se pueden hacer milagros. «Si te empeñas en reducir los ingresos tienes también que reducir el gasto. De otra manera tendrás que pedir dinero prestado, y eso se llama déficit e incremento de deuda pública». El economista también piensa que se pueden bajar los impuestos y cumplir con los objetivos de Bruselas, pero que a cambio habría que buscar algún gasto público que reducir. «Lo que está claro es que bajar el déficit se llama restricción fiscal y, lo hagas como lo hagas, frena la economía».

Soldevilla sostiene que, quizás, sea mejor reducir gasto que incrementar impuestos, ya que un aumento de Sociedades podría retraer posibles inversiones que aumentan la capacidad productiva y el empleo. En cualquier caso, apunta que la estabilidad de las cuentas públicas debe ser un objetivo prioritario. Si no, los costes de financiación subirían, se hundiría la inversión, se incrementaría el paro, acabaría cayendo el PIB y nos arriesgaríamos a una depresión como la de Grecia. Por ello, «es un compromiso ineludible, por muchos sacrificios que suponga».

«A mayores tipos impositivos, mayor incentivo al fraude»

La Agencia Tributaria logró durante el año pasado 15.664 millones de euros por sus actuaciones de la lucha contra el fraude fiscal, lo que supuso un aumento del 27% respecto a lo recaudado en 2014. Esta cifra representa un 1,5% del PIB y se trata del mayor ingreso obtenido jamás en el combate de Hacienda para aflorar el dinero sumergido. Tanto por criterios de equidad como de estabilidad presupuestaria, el fraude fiscal es una amenaza para cualquier economía. Y los expertos coinciden en señalar que existe una relación directa entre el aumento de la carga fiscal y el incremento del fraude.

El incentivo al fraude fiscal depende de diversas circunstancias, ya sean económicas o psico-sociológicas. Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública y Régimen Fiscal de la Empresa de la UCLM, explica que desde el punto de vista estrictamente económico hay tres variables cuyo comportamiento incentiva o limita la probabilidad defraudar. La primera de ellas es la cuantía de la cuota a ocultar, «y esto depende claramente del nivel de presión fiscal en los impuestos que afectan al contribuyente: a mayores tipos impositivos, mayor incentivo al fraude, dado que, si no declaro, me ahorro esa cuantía».

Fuentes consultadas remarcan la conveniencia de redoblar los esfuerzos para continuar luchando decididamente contra el fraude fiscal. Piensan que los ingresos adicionales que se lograrían si se eliminaran los paraísos fiscales permitirían equilibrar las cuentas públicas, e incluso obtener superávit.

Un coste máximo de 4.300 millones

La bajada del IRPF que propone el PP de cara a las elecciones generales costaría a las arcas públicas un máximo de 4.300 millones. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que el coste de la bajada de dos puntos del IRPF a todos los contribuyentes oscilaría entre un mínimo de 2.150 millones de euros y un máximo de 4.300 millones, en función de si la medida es seguida o no por los gobiernos autonómicos –responsables del gravamen de la cuota autonómica–.

Desde Gestha revelan que esta medida provoca una pérdida notable de progresividad en el IRPF, de forma que la rebaja es mayor cuanto mayor es el nivel de ingresos. Así, apuntan, alguien que declare 14.591 euros obtendrá una rebaja del 1,1% de sus ingresos, mientras que los escasísimos declarantes de 794.634 euros lograrían una rebaja casi del 2% de sus ingresos.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda también advierten de que las medidas que proponen los populares podrían comprometer aún más los compromisos de España con la UE en un momento especialmente delicado, pues a los ajustes de 8.000 millones que deberá acometer el próximo Ejecutivo se suma una posible multa millonaria por parte de Bruselas por el incumplimiento del déficit en 2015. Por ello, creen que «la propuesta popular peca de optimista al confiar en que la mejora de la economía conllevará el aumento de los ingresos tributarios, aun bajando los impuestos, y será capaz de corregir el déficit por sí solo». Y es que el propio Gobierno calcula que la pérdida recaudatoria en 2015 por la reforma del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades fue de 5.902 millones y que, pese a la sólida recuperación de la economía durante el pasado ejercicio, las arcas públicas ingresaron en términos de caja apenas 7.021 millones más que en 2014.

Para corregir esta situación y mejorar el cumplimiento de los principios tributarios, los técnicos proponen reducir la dualidad fiscal del IRPF, que favorece la tributación de la rentas del capital frente a las del trabajo y actividades económicas. En este sentido, sugieren aumentar el número de tramos de la tarifa del IRPF y eliminar las reducciones de la base imponible por aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social, sustituyéndolas por una deducción de cuota.