El gas, decisivo para el medio ambiente y el progreso

La retribución a las redes de distribución de gas se halla en un momento decisivo después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentara la semana pasada un primer borrador de las circulares donde se recoge la nueva metodología para el periodo 2021-2026. Difundidas sin previa consulta con el Gobierno, grupos políticos o actores del mercado, incluidos inversores, agentes del sector y clientes, tiene consecuencias tanto para el medioambiente como para el progreso económico y social. Ahí radica su importancia y su alcance.

La remuneración no es gratuita, debe existir para asegurar un sistema sólido, seguro, creciente y estable, que no ponga en peligro las inversiones necesarias que se contemplan en el Plan Nacional Intergrado de Energía y Clima (PNIEC) del Ministerio para la Transición Ecológica y que ya ha sido valorado favorablemente por la Comisión Europea. Estima que para alcanzar los objetivos la demanda de gas debe crecer hasta el 20% de la energía final en 2030, algo que será imposible de lograr sin un sistema retributivo incentivador.

El PNIEC español es el único de los presentados por los grandes países de la UE que incluye un aumento de la participación del gas en la matriz de energía final, mientras que en Portugal o Francia se estanca y en Alemania o Italia se reduce. Actualmente se dispone de la infraestructura básica de transporte de gas, por lo que el reto de es aumentar la capilaridad a través de una mayor inversión en distribución.

Esta apuesta exige seguir retribuyendo con previsión de futuro la distribución, más aún si esta actividad es la más barata de Europa. En concreto, España retribuye hoy con una media de 175 euros por punto de suministro. Por el contrario, la UE lo hace en media de 220 por punto de suministro y sí que reconoce la inflación al contrario que aquí. Alemania la compensa con 330 euros por puntos de suministro y Francia con 300 euros.

El modelo vigente de incentivos en España está justificado ante la necesidad de que fluyan capitales al sector con vistas a mantener y desarrollar una red sólida capaz de dar servicio de calidad a una industria y un país cuya demanda seguirá creciendo.

Los expertos consideran que España debería trabajar en una nueva retribución a la distribución homogénea con el resto de los países del entorno para no perder el atractivo inversor necesario para garantizar la transición energética y asegurar la calidad del suministro.

Sólo en la distribución de gas participan hoy directamente más de 15 grandes inversores internacionales, como Allianz Capital Partners, JP Morgan Assets Managment o Abu Dhabi Investment Council. Todos ellos, son firmes candidatos a implicarse en el desarrollo del PNIEC.

Ahora, con la nueva retribución propuesta se pone contra las cuerdas a unas entidades que han puesto ya más de 75.000 millones de euros. Además, estos operadores extranjeros tienen una posición inversora en la economía española de más de 425.000 millones de euros (deuda soberana más inversiones directas). No olvidemos que el apalancamiento del sector de la distribución fue de alrededor de 10.000 millones de euros en 2018 y un cambio tan sustancial en la retribución les haría sus compromisos con los bonistas frente a sus proyectos de inversión.

Recibo del gas

La incertidumbre causada por la CNMC ha tenido ya un efecto devastador. Nedgia, la distribuidora de gas de Naturgy, ha anunciado la pausa temporal de sus nuevas inversiones hasta que se dé visibilidad regulatoria al próximo periodo retributivo. Además, las siete empresas del sector energético que cotizan en el Ibex 35 han perdido más de 5.000 millones de euros en los últimos días.

El principal problema que existe con el recibo del gas estriba en parte en los peajes (impuestos y cargos), así como en una planificación discutible del Estado en infraestructuras. Esto es responsabilidad del regulador y del Ministerio, cuyas hojas de rutas contemplaban un aumento continuado de la demanda, e impulsaron gasoductos y plantas de regasificación que ahora están infrautilizadas por el auge de las renovables, lo que ha propiciado un descenso en la utilización de los ciclos combinados de gas.

Sin embargo, las gráficas de precios finales para los clientes industriales demuestran que en comparación con el resto de los países de la UE, España presenta precios similares en todas las bandas de consumo. Es más, si se equiparan los gravámenes, se paga por debajo de los país del entorno.

Conviene subrayar que el cargo por distribución no es una partida relevante en la factura del consumidor: supone un 11% de los costes del sistema y éstos a su vez son aproximadamente la mitad de la factura del gas. Además, el sistema gasista está actualmente en equilibrio financiero y sin déficit de tarifa. Por tanto, la factura no soporta hipotecas de errores pasados, a diferencia de lo que sucede en el eléctrico.

La inestabilidad e incertidumbre generada pone en riesgo miles de puestos de trabajo. La patronal de instaladores de gas, con un total de 19.000 empresas asociadas que generan más de 100.000 empleos en toda España, ha alertado de la pérdida de empleo que supondría el recorte. Se impediría el desarrollo de nuevas tecnologías y, en consecuencia, la oportunidad de generar entre 15.000 y 20.000 nuevos puestos en el futuro.

Otro de los elementos a tener en cuenta es que sigue siendo necesario el esfuerzo en captación para sustituir las calderas de carbón y diésel por otras de gas natural y mejorar la calidad del aire. Este último combustible reduce las emisiones de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno en más de un 25%. Estos gases son los principales causantes de los problemas respiratorios.

El gas natural, en comparación con el gasoil, es más sostenible y económico. El ahorro puede llegar a ser de 300 euros anuales, calculado sobre una vivienda de unos 100 metros cuadrados con uso de combustible para calefacción y agua sanitaria.

Inquietud en el sector y los inversores

El gas es un sector de largo plazo, las inversiones se hacen considerando periodos de amortización de al menos 20 años. Cambiar las reglas a las que ya se han efectuado generará inseguridad a los inversores, por falta de reglas claras. Pero aún más importante, es necesaria una concreta previsibilidad para las futuras apuestas que deben realizarse para acompasar el avance del país.

El regulador hace gala ahora de querer favorecer la inversión y cuidar los precios finales. Pero si ante las nuevas condiciones, los inversores deciden no invertir, el regulador no habrá cumplido ninguno de sus cometidos, no existirá flujo de capitales, se resentirán los precios finales y se pondrá en riesgo los objetivos del PNIEC.

Además, se prevé un aluvión de demandas internacionales por la vulneración a la protección de las inversiones de estas compañías extranjeras. España corre el riesgo de volver a estar en el foco mediático por los arbitrajes internacionales, al igual que ocurrió con el sector de las renovables tras la reforma energética de 2013.