El tour de los «riders»

En el centro de las principales ciudades, transeúntes y vecinos conviven con cada vez menos coches y más bicicletas, pedaleadas en su mayoría por jóvenes a los que se les hinchan los gemelos por llegar a tiempo y cumplir con los plazos de entrega que se les ofrece a los clientes de la nueva economía, conformada –entre otras– por plataformas de «delivery» como Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart que, según la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), durante el próximo año podrían superar los 2.000 millones de euros de facturación.

Sin embargo, los ingresos mensuales de buena parte de sus trabajadores –conocidos como «riders»– apenas alcanzan los 1.000 euros. Es el caso de Dani (nombre ficticio), de 25 años, quien confiesa a TU ECONOMÍA que se trata de un falso autónomo que se ha visto obligado a darse de alta para trabajar en Glovo.

«A la deriva»

El joven, que recibe unos tres euros por pedido, valora la flexibilidad que se le ofrece en cuanto a horarios y turnos, pese a que reconoce lo difícil que le resulta librar un fin de semana por la pérdida de puntos que le supondría. En cualquier caso, le gustaría disfrutar de una mayor protección para no «estar a la deriva».

Y, precisamente, para regular el modelo laboral de este tipo de plataformas, parece cada día más cercana la creación del denominado «autónomo digital», una figura que regularía empleos como el de los «riders» o como el de todos aquellos trabajadores de la ya no tan nueva economía.

«Las plataformas como Glovo, Deliveroo, Uber Eats o Stuart están generando una actividad con un impacto económico positivo para el país. Este nuevo modelo empresarial busca y pide a las instituciones públicas un espacio de diálogo para encajar y regular su actividad de la mejor forma posible, tal y como sucede en los países de nuestro entorno», afirma José Luis Zimmermann, director general de Adigital.

Es cierto que estas plataformas representan una oportunidad de empleo para los jóvenes, para complementar rentas o para lograr unos ingresos mientras se estudia, así como para aquellas personas cuya entrada al mercado de trabajo resulta complicada. Pero no es menos cierto que han estado, están y estarán en el foco del debate. Máxime teniendo en cuenta los sucesivos varapalos judiciales que han recibido.

Los expertos consideran que la economía online obliga a acometer un cambio legislativo para determinar las condiciones laborales que estas empresas deben respetar, poniendo de manifiesto la necesidad de implantar en el mercado reformas fundamentalmente relacionadas con la flexibilidad. Y es que muchas de las nuevas relaciones laborales no encajan en la actual legislación, por lo que urge una regulación que recoja las características y particularidades de estas disruptivas formas de trabajo.

Desarrollar un marco que garantice una seguridad jurídica a los trabajadores –autónomos– y a las empresas que están operando a través de estos sistemas sería lo más apropiado. Pero es que un buen número de compañías tradicionales han empezado a utilizar elementos de estos nuevos modelos de empleo.

Sea como fuese, el trabajo autónomo ha de ser el eje en torno al que giren estas modalidades laborales, puesto que la legislación actual no las contempla adecuadamente. «No es cuestión de desproteger al trabajador, sino de que éste trabaje voluntariamente. Resulta necesaria una regulación específica de este tipo de trabajo autónomo». Abogados especialistas consultados proponen revisar la regulación del Trade (trabajo autónomo dependiente económicamente) e incluir en este régimen a los trabajadores de estas plataformas para evitar la precarización y los abusos que pudieran cometerse.

Desde Adigital también piensan que son autónomos, lo que achacan a la ausencia de exclusividad, a la posibilidad de trabajar simultáneamente con distintas plataformas, a la libre elección de horarios y de jornadas, a la opción de rechazar o de no aceptar pedidos...

«Estamos de acuerdo en que tiene que regularse y hemos hecho propuestas en este sentido. Los propios tribunales están resolviendo unas veces a favor, otras en contra, y cuando es en contra el juez se ha pronunciado pidiendo una regulación. Entre los juristas y expertos hay diversidad de opiniones. Estas formas de trabajo van a ser cada vez más frecuentes y lo que hay que hacer es dotarles del marco normativo adecuado para su protección, tal y como están haciendo países como Francia o Portugal», apostilla.

A expensas de la formación del nuevo Gobierno, la ministra en funciones Magdalena Valerio ya mostró su intención de aumentar la protección de los repartidores de empresas como Deliveroo o Glovo que, en su conjunto, podrían aupar hasta los 2.277 millones su contribución al PIB, elevar hasta más de 50.000 los puestos de trabajo creados y registrar una recaudación fiscal asociada superior a los 1.000 millones de euros en 2020.