El pulso judicial entre España y los inversores en energías renovables ha sumado un nuevo capítulo. Otra vez, la Justicia estadounidense ha vuelto a inclinar la balanza a favor de las empresas afectadas por el lío de las renovables. Un juez federal de Washington D.C. ha rechazado la petición española para mantener la suspensión en el litigio que busca ejecutar un laudo arbitral de 77 millones de euros (80 millones de dólares).

Esta nueva decisión confirma que los intentos del Gobierno de Pedro Sánchez por evadir su responsabilidad encuentran cada vez menos margen en los tribunales extranjeros. El Estado español acumula numerosas condenas en contra por frenar el cumplimiento de sentencias arbitrales vinculantes que se derivan de la retirada retroactiva de las primas renovables tras la Gran Recesión, una medida que golpeó a más de medio centenar de empresas e inversores extranjeros que inyectaron más de 70.000 millones de euros en el sector energético español.

España enfrenta una ola de condenas internacionales, con más de 20 laudos arbitrales en contra derivados de los cambios regulatorios en el sector renovable. Hasta la fecha, las indemnizaciones a favor de los inversores superan los 1.478 millones de euros, a los que se suman 352 millones en concepto de sobrecostes financieros y legales, lo que suma un total de 1.830 millones, según recoge el portal “Spanish Renewable Debt”. Además, el daño a la economía española como consecuencia de los procedimientos de impago de bonos, mayor incertidumbre y mayor riesgo legal se eleva a 19.926 millones de euros. España ocupa la primera posición de laudos (fallo que pone fin al procedimiento arbitral) incumplidos, por delante de Venezuela y Rusia.

Los tribunales de Australia, Bélgica, Gran Bretaña y EE UU han rechazado reiteradamente las estrategias españolas para evitar el pago de estas obligaciones, como también han hecho los tribunales de Alemania o Suiza en otras disputas relacionadas. A pesar de ello, el Gobierno español sigue tratando de frenar la ejecución de los laudos, argumentando su inmunidad soberana y cuestionando la jurisdicción de los tribunales extranjeros. No obstante, las últimas resoluciones judiciales evidencian una tendencia clara: los tribunales estadounidenses priorizan el cumplimiento de los laudos arbitrales y refuerzan el principio de seguridad jurídica en la inversión internacional.

El caso Watkins, canalizado por Blasket Renewable Investments, marcó un hito en la batalla legal de los afectados por las primas renovables contra España en EE UU. A finales de 2023, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia desestimó los argumentos del Estado español y ratificó la validez del laudo, ordenando su ejecución. Watkins Holdings, al igual que otros inversores en energías renovables, demandó a España por los recortes retroactivos a las primas renovables, que alteraron las condiciones iniciales de sus inversiones. La decisión del caso Watkins reforzó la posición de los demandantes en casos similares, facilitando la ejecución de indemnizaciones en EE UU, incluso cuando España intentaba impugnar las sentencias mediante recursos y apelaciones.