La AIReF avisa: las pensiones bajarán hasta un 10% en cinco años

La Seguridad Social exhibe una brecha de 20.000 millones de euros que no va a cerrarse sola.

La creación de una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) fue una de las condiciones que la Troika le impuso al Reino de España para otorgarle la asistencia financiera extraordinaria con la que pudo rescatar a su multiquebrado sistema de cajas de ahorros. Que su constitución viniera impuesta por Bruselas ya resulta bastante sintomático sobre su naturaleza: la AIReF no es –al menos de momento– un órgano de propaganda política cuya misión sea la de engañar a los ciudadanos sobre la auténtica situación financiera del Estado, sino un órgano técnico que no manipula sus mensajes para evitar incomodar a los votantes.

Así las cosas, el último comunicado de la AIReF probablemente habrá supuesto todo un mazazo para millones de pensionistas, pero mucho peor habría sido engañarles. Y es que, según la AIReF, las pensiones no subirán más de un 0,25% al año (el mínimo legal) hasta 2022. O dicho de otra manera más clara: los pensionistas actuales experimentarán una pérdida de poder equivalente de entre el 6,5% y el 10% durante este próximo lustro (según la inflación anual media se ubique más cerca del 1,5% o del 2%). ¿Qué político se habría atrevido a decirles a nuestros pensionistas que se les bajará la pensión hasta en un 10% durante los próximos ejercicios? Ninguno, por eso ha tenido que salir a decirlo la AIReF.

Pero así son las cosas: la Seguridad Social exhibe un desequilibrio de 20.000 millones de euros y semejante brecha no va a cerrarse sola. Es verdad que la progresiva creación de empleo contribuirá a elevar sus ingresos a lo largo de los próximos años, pero no deberíamos confiar excesivamente en esta vía de salvación; en esencia, porque durante los próximos cinco años también aparecerán nuevos pensionistas que, para más inri, habrán devengado derecho a una prestación más elevada que la de aquellos otros que vayan saliendo del sistema.

No en vano, de acuerdo con la AIReF, incluso con la actual congelación de las pensiones públicas (y, por tanto, con su merma de poder adquisitivo entre un 6,5% y un 10% a lo largo del próximo lustro), el déficit de la Seguridad Social apenas se reducirá desde el actual 1,7% al 1,14% del PIB en 2022. Sólo si suspendiéramos toda revalorización de estas prestaciones sociales durante un quinquenio conseguiríamos de facto acabar con el desequilibrio de esta administración (de acuerdo con la AIReF, sin siquiera subirlas un 0,25% por año, el déficit en 2022 se reduciría hasta el 0,22% del PIB).

Los datos son preocupantes porque ilustran el pésimo estado de salud de la Seguridad Social (un pésimo estado de salud que, por cierto, se agravará muchísimo más a partir del año 2035, cuando la pirámide demográfica se invierta de manera muy acusada y avancemos hacia una tasa de cobertura de un pensionista por trabajador). También ilustran hasta qué punto las promesas de eliminar las últimas dos reformas del sistema de Seguridad Social y de multiplicar las pensiones, articuladas por ciertas formaciones políticas de corte populista, son un puro engaño únicamente orientado a captar el sufragio de aquellos votantes que se dejan embaucar por sus cantos de sirena. En definitiva, las pensiones españolas van a sufrir fuertes recortes a lo largo de las próximas décadas. No porque haya una campaña política orquestada para arruinar a los pensionistas, sino porque los sistemas públicos de reparto son una ruina y terminan estallando cuando la demografía no responde. Por desgracia, nosotros lo descubriremos demasiado tarde.

Subir impuestos en España: un desastre económico

BBVA Research publicó esta semana un muy interesante informe sobre cuáles serían los costes económicos de incrementar los impuestos en España hasta aquel tope en el que maximizáramos nuestro nivel de recaudación. Como es sabido, en ocasiones los incrementos de impuestos no aumentan sino que reducen los ingresos del Estado. Según BBVA Research, España no se halla todavía en esa situación y, si optara por incrementar los tipos impositivos, sería capaz de aumentar su recaudación. Sin embargo, el coste de hacerlo en términos de destrucción de actividad económica y de puestos de trabajo sería gigantesco. Por ejemplo, si colocáramos los impuestos sobre el capital al nivel que maximizaría la recaudación, el PIB caería un 20% y el empleo un 4,5%; si hiciéramos lo propio con las rentas del trabajo, el PIB se hundiría un 31,1% y el empleo un 29%; y si optáramos por hacerlo con el gasto en consumo, ambas magnitudes se desplomarían más de un 30%. Mejor no subamos impuestos: bajémoslos.

Récord de deuda pública

Bajar los impuestos dinamizaría nuestra actividad económica y nos permitiría crear mucha más riqueza para todos. Sin embargo, para poder disminuirlos no queda otra que recortar el gasto. En caso contrario, nuestro déficit público seguirá disparado y nuestra deuda pública acumulándose a ritmos insostenibles. No por casualidad, la OCDE nos otorgó la semana pasada un premio de dudoso honor: nuestro país fue el que más incrementó su deuda pública entre 2007 y 2015, sobresaliendo por encima de todos los otros miembros que conforman esa organización internacional. Hemos sido los líderes del endeudamiento por delante de Grecia, Portugal o Eslovenia tras haber incrementado el peso de nuestros pasivos sobre el PIB en 75 puntos porcentuales. Es verdad que durante los últimos ejercicios hemos reducido sustancialmente la velocidad de expansión de nuestras obligaciones financieras, pero el déficit público estructural se resiste a desaparecer. De ahí que toda necesaria y sana minoración de impuestos deba venir asociada a un enérgico recorte del gasto.

¿Otra burbuja en el ladrillo?

Según los datos del Ministerio de Economía, la construcción de nuevas viviendas en España se ha duplicado en 2017 con respecto a 2016. En la actualidad, se inicia cada día la construcción de 200 nuevos inmuebles, esto es, una media de 73.000 viviendas por año. Las cifras parecen impresionantes pero están muy lejos de apuntar hacia un recalentamiento peligroso del sector de la construcción. Baste señalar que, durante los años dorados de la burbuja inmobiliaria, los visados de obra nueva se ubicaban entre 600.000 y 900.000 por ejercicio. Incluso en años tan malos para el sector como fueron 2009 o 2010, arrancó la edificación de 110.000 y 90.000 viviendas, respectivamente. Dicho de otro modo, lo que estamos viviendo en el ladrillo es una normalización sectorial después de un fortísimo desplome durante 2012 y 2013. No es que debamos olvidarnos de los riesgos burbujísticos, pero tampoco es responsable izar la bandera de la catástrofe ante cualquier síntoma de expansión que experimente la industria.