La Audiencia embarga ocho viviendas y 12 cuentas al ex presidente de Abengoa

El ex presidente de Abengoa Felipe Benjumea y el que fuera consejero delegado de la compañía de energías renovables Manuel Sánchez Ortega –investigados por administración desleal por las millonarias indemnizaciones que cobraron tras abandonar la entidad– tienen desde ayer todos sus bienes embargados por orden judicial. La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela –tras constatar que ninguno de los dos ha avalado las fianzas de 11,5 y 4,5 millones de euros que les impuso, respectivamente, para hacer frente a posibles responsabilidades civiles– ha acordado el embargo de sus propiedades y el bloqueo de sus cuentas bancarias. La decisión se produce después de que la instructora rechazase, como pretendían los investigados, aceptar como aval de esas cantidades (que coinciden con las que percibieron como indemnizaciones) unas pólizas de seguros.

En el caso de Benjumea, la jueza ordena el embargo de ocho propiedades del ex presidente de Abengoa (cinco de ellas en Sevilla, dos en Soria y el resto en los municipios de Puerto de Santa María, San Roque y San Juan de Aznalfarache) y de seis vehículos (dos Mercedes, un BMW, un Chrysler, un Ford y una «scooter» Piaggio), imponiéndole la «prohibición absoluta» de disponer de ellas, venderlas o gravarlas.

Asimismo, ha acordado el bloqueo de doce cuentas bancarias (siete en el Banco Santander, tres en el Sabadell y dos más en Bankia y Unicaja), incluyendo productos bancarios como fondos de inversión, planes de pensiones o imposiciones a plazo fijo, entre otros.

En cuanto a Sánchez Ortega –a quien al igual que a Benjumea dio 24 horas de plazo el pasado día 11 para hacer efectiva la fianza–, el embargo afecta a una finca en Las Rozas (Madrid), un Jaguar y una cuenta bancaria de su titularidad en la entidad Ibercaja.

Los investigados pueden recurrir ahora la decisión ante la propia magistrada y ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Posible imputación del Consejo

Precisamente ayer, la defensa de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa –que agrupa a varios accionistas y titulares de bonos de la compañía afectados– anunció que está dispuesta a solicitar a la jueza que instruye el caso la imputación, como cooperadores necesarios, de los miembros de la comisión de nombramientos y retribuciones y del consejo de administración de la compañía –entre los que figura el ex ministro y ex presidente del Parlamento Europeo Josep Borrell– que autorizaron el pago de las indemnizaciones a Benjumea y Sánchez Ortega.

Los abogados Felipe Izquierdo y Eliseo Martínez ya han presentado un escrito en la Audiencia Nacional pidiendo a la magistrada Lamela que reclame a Abengoa las actas de las reuniones de ambos organismos en las que se acordó el pago de esas retribuciones, pues su intención es proceder únicamente contra quienes respaldaron con su voto los desembolsos.

Izquierdo –que criticó la falta de control de la CNMV en el desplome de Abengoa– aseguró también que estudian ampliar la denuncia a los delitos de falseamiento de documentación financiera y estafa.