Jubilación

La edad de jubilación se estanca en 64,1 años pese a la reforma de las pensiones

Aunque aumentó a 64,3 años en 2013, desde 2015 se ha reducido en dos décimas. Las prejubilaciones trastocan los planes del Gobierno de prolongar la vida laboral y ayudar así a sostener estas prestaciones

Los jubilados anticipados con largas carreras de cotización se sienten traicionados por Podemos
Los jubilados anticipados con largas carreras de cotización se sienten traicionados por Podemoslarazon

Aunque aumentó a 64,3 años en 2013, desde 2015 se ha reducido en dos décimas. Las prejubilaciones trastocan los planes del Gobierno de prolongar la vida laboral y ayudar así a sostener estas prestaciones.

Desde poco después de que estallara la recesión, cuando se empezó a dibujar con nitidez el riesgo de que el sistema público de pensiones pudiera no ser sostenible a largo plazo según estaba configurado, los gobiernos se han afanado en buscarle solución al entuerto. Uno de los remedios en apariencia más simples, aunque también más impopulares, es el de prolongar la vida laboral de los españoles. Trabajar más años para que la nómina de las pensiones que mensualmente paga la Seguridad Social sea menor. Así de simple es su planteamiento, aunque no tanto su ejecución. Según los datos aportados por el Gobierno a Bruselas en la Actualización del Programa de Estabilidad y del Plan Presupuestario 2018, la edad efectiva de jubilación en 2017, a la que realmente se retiran los españoles de trabajar, fue de 64,1 años. Se trata de la misma que en 2016 y 2015 y está por debajo de la de 2014 y 2013.

Reforma de 2013

El motivo de este auge y caída en la edad de jubilación hay que buscarlo en los cambios legales que introdujo el Gobierno en materia de pensiones en 2013 para modificar aspectos de la reforma hecha en 2011. Según explica Santos Miguel Ruesga, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en la materia, «hubo un salto cuando se puso fin a las jubilaciones anticipadas». La reforma que introdujo el Ejecutivo del PP adelantó el acceso a las jubilaciones parciales y anticipadas (ordinarias y parciales) a ese ejercicio, cuando inicialmente estaba previsto para 2024. El efecto inicial fue el deseado y la edad real de jubilación se incrementó de los 64 años en 2012 a los 64,2 años en 2013. Sin embargo, desde entonces, ha ido hacia abajo. Ruesga apunta que, «una vez pasado el efecto inicial de la medida, es lógico este comportamiento».

Al mismo ha contribuido también una exención legal que se introdujo en la reforma de 2013. Esta medida permitía a muchos trabajadores seguir jubilándose de forma anticipada en las mismas condiciones previas a las de 2011, lo que se ha traducido en que estos procesos se han mantenido en un ritmo alto. Si en 2013 el 38% del total de las altas de jubilación fueron por jubilaciones anticipadas o parciales, en 2014 el porcentaje se elevó al 41%; en 2015, al 43,8%; en 2016, al 44,3%; y el año pasado, al 43,45%, ligeramente por debajo.

Lo previsible sería ahora otro aumento este ejercicio dado que a partir del próximo año queda sin efecto la salvedad para retirarse de modo anticipado en condiciones más ventajosas. Después, este tipo de retiros deberían tender a disminuir por efecto del incremento legal de la jubilación, como apunta Ruesga. La reforma de 2011 introdujo un incremento paulatino en la edad legal de jubilación hasta 2027, cuando se fija en los 67 años. Este año, ha quedado fijada en 65 años y 6 meses. No obstante, aquellos que hayan cumplido los 65 años de edad podrán seguir retirándose, aunque el requisito de años cotizados para hacerlo también se irá incrementando de forma paulatina hasta 2027 a razón de tres meses por año, hasta quedar fijado en los 38 años y 6 meses. Este año está fijado en 36 años y 6 meses y el que viene estará en 36 años y 9 meses.

Ruesga no espera que el efecto de este retraso escalonado de la edad de jubilación tenga un efecto en la real hasta al menos 2020. «Lo normal es que se vaya incrementando una o dos décimas al año hasta 2027», explica.

La sostenibilidad del sistema público de pensiones ha sido puesta en entredicho por casi todos los estudios y organismos en los últimos años, excepto la AIReF. La autoridad fiscal independiente cree que no se está tomando en cuenta la incorporación al mercado laboral de la mujer y los inmigrantes.