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La Fiscalía pide mantener las acusaciones particulares en el juicio del «caso Bankia»

Considera que el perjuicio de su salida a bolsa no se limita al Frob y rechaza aplicar la «doctrina Botín».

  • Los acusados por la salida a bolsa de Bankia, con su expresidente Rodrigo Rato -a la derecha- entre ellos, durante la sesión de ayer en la Audiencia Nacional
    Los acusados por la salida a bolsa de Bankia, con su expresidente Rodrigo Rato -a la derecha- entre ellos, durante la sesión de ayer en la Audiencia Nacional

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29 de noviembre de 2018. 01:03h

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S. de la Cruz .  29/11/2018

- La Fiscalía Anticorrupción rechazó ayer aplicar en el juicio por la salida a bolsa de Bankia la denominada «doctrina Botín», que supondría eliminar del proceso a las acusaciones populares, al considerar que el presunto perjuicio derivado de dicha operación no se limitó únicamente al Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB). La llamada «doctrina Botín» fue adoptada por el Tribunal Supremo en 2007 para cerrar el caso de las cesiones de crédito en el que estaba implicado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y establecía que las acusaciones populares no podían pedir la apertura de juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa.

Ante la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la fiscal Carmen Launa defendió la «relevancia e interés colectivo» de la presunta falsedad de las cuentas «de la cuarta entidad financiera del país», que puso en riesgo el sistema financiero en su conjunto y que exigió 23.000 millones de euros de rescate. Sostuvo que los delitos que las acusaciones populares y particulares atribuyen tanto al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, como al exvicepresidente José Luis Olivas, como a otras 32 personas, físicas y jurídicas, incluidas la propia entidad y su matriz, «afectan a la comunidad» por lo que avalaron su legimitidad en la causa, informa Efe.

En opinión del Ministerio Público, que únicamente acusa a Rato y a los otros tres antiguos administradores del banco –José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú– de estafa a los inversores, el FROB no fue el único perjudicado, ya que las cuentas ahora cuestionadas fueron «objeto de publicidad evidente» y trascendieron al ciudadano al ser publicadas en los medios. Una «imagen de solvencia» por la que las acusaciones piden penas de hasta doce años de cárcel para los exdirectivos y el socio auditor y multas millonarias para Bankia, su matriz, BFA y Deloitte, y que según Launa, fue reforzada por el dividendo de 152 millones que ofreció Rato respecto a esas cuentas. Por ello, insistió en que el titular del supuesto perjuicio serían «las cajas y sus partícipes»; además, se opuso a que los acusados puedan ausentarse de las sesiones programadas en aras de garantizar sus derechos, y aunque aceptó toda la documentación aportada por las partes, pidió que la sala cierre el plazo para entregar nuevos informes.

Sobre la operación, la fiscal aseveró que la rebaja en el precio de salida de las acciones de Bankia repercutió de forma negativa en BFA, haciendo irrecuperable el valor de los activos y afectando a la situación de la entidad, motivo por el que los inversores que acudieron al parqué en julio de 2011 estarían habilitados para acusar a ambas por vía penal.

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