La presión regulatoria sobre los grandes bancos globales

Las entidades con mayor presencia internacional tratan de amoldarse a las nuevas y más duras exigencias de los supervisores donde operan. Francisco Uría, socio de KPMG, analiza en exclusiva para TU ECONOMÍA el impacto de este nuevo entorno en los grandes bancos españoles.

Bajo el mandato de José Manuel Durão Barroso, la Comisión Europea reconoció que durante la crisis financiera se tuvo que actuar con cierta improvisación para acomodar la nueva regulación del sector financiero a los continuos «shocks» que iban apareciendo. Con algo más de margen, el Banco Central Europeo (BCE), la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el nuevo organismo creado para supervisar a las mayores entidades del mundo, el Financial Stability Board (FSB), están poniendo ahora el foco sobre los bancos globales, aquellos que son considerados sistémicos porque su caída supondría una crisis para todo el sistema financiero internacional.

Ser un banco global en las actuales circunstancias implica asumir una serie de desafíos sobre la capacidad de gestión, las relaciones con los supervisores e incluso el modelo de negocio que están llevando a algunas entidades a replantearse su propia razón de ser. Francisco Uría, socio responsable del sector financiero en KPMG, destaca que «para los bancos con presencia global es absolutamente crítico compaginar el cumplimiento y la adaptación a la nueva regulación global, regional y local, y tratando de minimizar los efectos sobre su rentabilidad».

Para ayudar a las entidades en este objetivo, la firma de auditoría y servicios ha desarrollado tres «centros de excelencia regulatoria» para América, con un «hub» en Brasil que cubre las singularidades regulatorias latinoamericanas; EMA (Europa, parte de Asia y África) y la región de Asia-Pacífico. «Además, se crearon equipos locales especializados en regulación financiera en todos los países en los que KPMG tiene presencia. Esto nos permite proporcionar a nuestros clientes capacidad de asesoramiento y acceso a los reguladores tanto a nivel local como global», señala Uría, que es abogado del Estado desde 1991 y ha sido miembro de diversos comités nacionales e internacionales.

El objetivo de esta estrategia de la firma, continúa, «es alinear de forma global las políticas, procesos y sistemas de las entidades tratando de garantizar estándares comunes de cumplimiento que minimicen los costes y dificultades de esa adaptación».

Europa ha sido un gran centro de transformación regulatoria. La crisis de los últimos años ha terminado configurando un nuevo mapa financiero bajo la Unión Bancaria y el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el órgano de vigilancia supranacional, cuyas tareas recaen en el BCE y que se erige ahora como el Gran Hermano de los mayores bancos europeos.

La adaptación a este nuevo entorno no ha concluido y el tsunami regulatorio tiene aún más recorrido. Cada día la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) somete a consulta pública nuevos desarrollos de la normativa ya en vigor y exige a las entidades nuevos esfuerzos de adaptación.

Dos de los asuntos más relevantes de la agenda de reformas que están por llegar tienen que ver con «el tratamiento de los Activos Ponderados por Riesgo (APRs) y con la composición del capital y su capacidad de absorción de pérdidas para las entidades sistémicas», detalla Uría. En el primer caso, la homogeneización de este indicador resulta clave para que los bancos compitan en igualdad de condiciones ante los requerimientos de capital o apalancamiento que exigen los supervisores, y que en todos los casos se miden en función de los APRs.

El reparto de la carga en las crisis financieras también es paradigmática de esta nueva era bancaria: tras los millonarios rescates de la banca a costa del contribuyente, la nueva regulación, que en la UE se articula en torno a la Directiva de Resolución y Reestructuración Bancaria (BRRD), impone a las entidades la obligación de contar con una capacidad suficiente de absorción de pérdidas, de modo que serán los accionistas, los acreedores (sin distinguir «seniority») e incluso los depositantes no garantizados (aquellos de más de 100.000 euros) los que costeen los próximos rescates antes de echar mano al nuevo Fondo Único de Resolución y, en última instancia, al dinero público.

Estos requisitos son aún más exigentes para los bancos sistémicos, a los que se les exigirá un colchón adicional (conocido como TLAC en el argot financiero) que elevará hasta el 20% de los activos ponderados por riesgo el pasivo susceptible de sufrir pérdidas. En la actualidad, KPMG audita al 33% de estas entidades.

Toda esta presión regulatoria ya se ha dejado notar en la actividad de algunas entidades globales. Algunas han anunciado un repliegue hacia mercados más consolidados y reducirán en los próximos años su presencia internacional. Otras han apostado por reorientar sus modelos de negocio desde actividades que concentran una mayor presión regulatoria hacia otras con un menor perfil de riesgo.

Los dos bancos españoles globales, Santander y BBVA, parecen estar en una situación algo más confortable ante este nuevo desafío. «La fortaleza del modelo organizativo y de negocio de los dos grandes bancos españoles con mayor presencia internacional les ha permitido compaginar una estructura basada en filiales con la aplicación global de políticas y estándares de gobierno corporativo y gestión de riesgos a la altura de las mejores prácticas internacionales», resalta Francisco Uría.

Este experto recalca que estos dos bancos «han mantenido tradicionalmente un modelo de negocio centrado en su relación global con el cliente, al que se prestan servicios financieros de forma integral», lo que permitirá que «esta nueva orientación sea más fácil puesto que sólo implicará acentuar rasgos que ya formaban parte esencial de su ADN».