La renta mínima no frena la búsqueda de empleo

En los últimos años, los diferentes gobiernos autonómicos han puesto en marcha, o proyectan hacerlo, programas de rentas garantizadas para hogares en situaciones económicas y sociales vulnerables que suponen un aumento de la generosidad y la incondicionalidad de las prestaciones no contributivas en España. Este tipo de rentas garantizadas tienen su origen y principal referente en la renta de garantía de ingresos (RGI) del País Vasco. El propio Pedro Sánchez planea una renta básica a nivel nacional, con pagas de entre 600 y 1.800 euros, cuyo coste podría llegar a 10.000 millones de euros anuales.

Diversos estudios apuntan a que estas ayudas estarían cumpliendo satisfactoriamente uno de los cometidos para las que fueron creadas, reducir los umbrales de pobreza. Los detractores de estas prestaciones, sin embargo, denuncian que, a cambio, estarían desincentivando la búsqueda de empleo. Según su teoría, al recibir un sustento que les permite llegar a fin de mes, muchos desistirían de hacer esfuerzo alguno por buscar trabajo.

Pero las evidencias empíricas no son tan contundentes al respecto. Al menos eso asegura un artículo del Doctor en Sociología y científico titular del IPP-CISF Luis Miguel Miller Moya titulado «Políticas de Rentas Mínimas. ¿Cómo afecta el cobro de la prestación a la inserción laboral?», publicado por Funcas, que concluye que estas políticas tienen un «nulo o escaso efecto negativo sobre la inserción laboral».

Miller argumenta que casos como el vasco confirman que las rentas mínimas reducen el riesgo de pobreza. Asegura, en este sentido, que diversos trabajos han puesto de manifiesto la efectividad para disminuir la pobreza extrema y la eficiencia para evitar el gasto inadecuado de recursos de la administración de la RGI vasca. La prestación, que consume el 4,5% del gasto público de la comunidad autónoma, ha contribuido a la erradicación del 85% de la denominada pobreza severa (ingresos por debajo del 40% del ingreso mediano), un objetivo al que han contribuido el 87% de las prestaciones transferidas a las autonomías, lo que supone un nivel alto de eficiencia.

Los positivos resultados en la lucha contra la pobreza que están cosechando estas rentas estarían contribuyendo de forma positiva a la empleabilidad de sus receptores. «Aunque la evidencia es aún preliminar, la reducción del riesgo de pobreza conseguida por las políticas de rentas mínimas podría contribuir a la generación de un círculo virtuoso, mejorando determinadas variables psicosociales, lo que, a su vez, contribuiría a disminuir la probabilidad de caer o mantenerse en el desempleo», asegura el documento.

Las prestaciones causarían «efectos intangibles en variables que no se observan a primera vista, pero que pueden tener una influencia muy importante sobre la vida de las personas, como, por ejemplo, los efectos psicológicos, de salud e incluso morales del desempleo y de la pobreza que genera». Varios estudios, prosigue, «han relacionado el desempleo, la pobreza y la consiguiente desigualdad con efectos negativos para la salud mental, tales como depresión, ansiedad, estrés, bajo bienestar subjetivo y baja autoestima». El desempleo y la mala situación económica personal «pueden propiciar que las personas entren en un círculo vicioso que las lleve a empeorar sus decisiones económicas o a cambiar sus valores con respecto al trabajo», concluye. Todos estos efectos negativos se verían contrarrestados por la erradicación de la pobreza que facilitaría la renta mínima, creando el círculo virtuoso del que habla Miller.

La combinación de sus buenos resultados para erradicar la pobreza y mejorar la empleabilidad llevan a concluir que los debates sobre la idoneidad de poner en marcha este tipo de programas «deberían centrarse más en la capacidad económica de los países y regiones para mantenerlos, que en los potenciales efectos no deseados de estos sistemas que, a partir de la evidencia disponible, no parecen muy importantes».