Las autopistas quebradas resucitan

El tráfico en las vías se dispara tras la rebaja de los precios de los peajes un 30% y su gratuidad por las noches

Cabina de cobro de una autopista de peaje
Cabina de cobro de una autopista de peaje

El tráfico en las vías se dispara tras la rebaja de los precios de los peajes un 30% y su gratuidad por las noches.

Los vehículos han vuelto a las autopistas de peaje quebradas. El Gobierno decidió rebajar los precios un 30% desde el pasado 1 de enero y no cobrar entre las 00.00 horas y las 06.00 horas y su efecto sobre el tráfico se ha dejado notar de forma más que notable. En seis de las nueve vías cuya gestión revirtió al Estado el año pasado tras la quiebra de sus concesionarias el tráfico se ha disparado hasta el pasado mes de agosto.

El incremento más notable se registró en la autopista Ocaña-Roda. La intensidad media de vehículos (IMD) que circulan por esta carretera se ha incrementado un 287%, desde los 1.791 coches hasta los 6.949. El segundo mejor registro fue el de la Madrid-Ocaña, con una mejora del tráfico del 135%, de 4.140 a 9.753 vehículos. Les siguen la Circunvalación de Alicante, con un incremento de su IMD del 138%, de 4.995 a 11.933 vehículos; Cartagena-Vera (+97,6%, de 2.014 a 3.980 vehículos); Madrid-Arganda (+30,4%, pasando de una IMD de 9.435 vehículos a 12.309) y la Madrid-Navalcarnero, con una mejora del 19,6%, pasando de 7.558 a 9.041 vehículos.

En las tres vías restantes, la rebaja de los precios no ha logrado resucitar sus respectivos tráficos. En la Madrid-Toledo ha caído un 20,1%; en el Eje del Aeropuerto, un 18,1%; y en la Madrid-Guadalajara, un 6,9%.

La intención de Fomento al rebajar los peajes era igualar los distintos peajes que cada una presentaban e incentivar el aumento de su tráfico con el fin de lograr un mayor aprovechamiento de estas infraestructuras que nunca han alcanzado los proyecciones de usuarios realizadas cuando se construyeron.

Esta falta de usuarios, junto con los sobrecostes en las expropiaciones por un cambio legal, motivaron la quiebra de las sociedades que explotaban las vías en régimen de concesión antes de que sus contratos venciesen. Ahora, tras recuperar su titularidad, el Estado debe indemnizar a esas compañías -ahora, fondos de inversión que adquirieron la deuda- por contrato. La cantidad a pagar en concepto de responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), como se conoce esta compensación, es motivo de discordia entre ambas partes. El Estado ha establecido ya un método de cálculo que fija en un máximo de 3.300 millones la cantidad a pagar. La cantidad queda lejos de los más de 4.000 millones que piden los fondos. No obstante, hasta que no haya Gobierno, no se puede fijar de forma definitiva cantidad alguna.