Las CC AA gestionarán más de mil millones de la nueva formación

La tensión entre la patronal y el Gobierno va en aumento. El detonante no es otro que la reforma de la Formación Profesional para el Empleo, que vacía de competencias y excluye de la gestión de fondos a sindicatos y a empresarios, que son quienes aportan la mayoría de los recursos –cerca de 2.000 millones de euros a los fondos– mediante la cotización de las cuotas de formación profesional.

Según el texto del anteproyecto de Real Decreto que aún perfila el Ministerio de Empleo, y sobre el que la patronal asegura que se sigue negociando pese a que desde el departamento de Fátima Báñez se asegura que «se aprobará por las buenas o por las malas», los interlocutores sociales no serán más juez y parte en la formación y no gestionarán, como sucedía hasta ahora, la ejecución de la formación.

Ésta recaerá exclusivamente en el Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de una Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, que estará presidida por la secretaria de Estado, Engracia Hidalgo. De hecho, el Gobierno tendrá la mayoría absoluta en este nuevo órgano, rompiendo el tradicional equilibrio de la Fundación Tripartita entre el Ejecutivo, los sindicatos y las patronales.

Si, como parece, las comunidades autónomas (CC AA) entran a formar parte del Patronato de la Fundación, la cuota representativa para las organizaciones empresariales y sindicales quedará aún más escuálida, ya que la Administración General del Estado (AGE) tendrá siempre la mayoría. Con esta fórmula, el Gobierno se garantiza el control de la Formación: el SEPE gobernará la Formación y la nueva Fundación, controlada por el Gobierno, controlará al SEPE.

Gestión del capital

Quienes mantienen su estatus son las autonomías, a pesar de que gran parte de los fraudes registrados tienen que ver con la utilización que algunas comunidades autónomas han realizado en el pasado con los fondos que les corresponden. De hecho, no sólo mantienen la capacidad de ejecución de la formación que les corresponde (desempleados) y las partidas para políticas activas de empleo, más de 1.000 millones de euros, sino que entran a formar parte de los órganos de seguimiento.

La reforma plantea la creación de un «cheque formación» para trabajadores desempleados. Según indicaron las mismas fuentes a LA RAZÓN, esto implica romper la unidad de mercado, ya que cada comunidad autónoma podrá «hacer lo que quiera». «Hasta ahora no ha habido un control sobre la gestión que las regiones hacían de esos fondos y el anteproyecto no establece un control concreto ni sobre eso ni sobre los resultados», indica uno de los negociadores. La intención es que las autonomías informen de la utilización de los fondos y aseguren la libre concurrencia de las empresas que darán los cursos. «Todo es un engaño. Seguirán haciendo lo que quieran», añade la misma fuente.

Los fondos para la formación de trabajadores y desempleados salen de las cuotas que empresas y trabajadores entregan a la Seguridad Social y que, sólo por este concepto, alcanzan los 2.000 millones de euros. Además, el Fondo Social Europeo aporta más de 200 millones de euros con la exigencia de que el Estado agregue una cantidad similar.

Las regiones reciben casi la mitad de estos fondos, que financian de forma mayoritaria las cuotas de las empresas, y eso pese a que el Tribunal Constitucional ha fallado a favor de que las cantidades aportadas en las cotizaciones para formación profesional deben ser finalistas, es decir no pueden dedicarse a financiar las política activas de empleo para desempleados, que deben correr por cuenta de las arcas del Estado. Es decir, a juicio del Alto Tribunal, no pueden entregarse a las regiones y sólo pueden dedicarse a formar trabajadores en activo.

El malestar en la CEOE es mayúsculo, pese a lo cual la patronal aún negocia sobre dos puntos. Por una parte, trata de ganar más flexibilidad en cuanto a los criterios de formación en la empresa, para que algunos de los requisitos contemplados queden a discrección de las necesidades de cada compañía. La patronal se queja de que, por ejemplo, haya requisitos como módulos de seis horas cuando a una empresa le pueda ser suficiente con una hora.

El segundo asunto que plantea la patronal es que el Ministerio de Empleo le otorgue un «protagonismo total» en la formación de oferta (para trabajadores en activo, pero no directamente relacionada con el puesto de trabajo, como la formación bonificada). La CEOE no quiere que el SEPE diseñe el modelo y considera que no hay nadie mejor que la propia empresa para conocer sus necesidades de formación de sus trabajadores.

Además de la pérdida de protagonismo en el control de la formación por parte de la CEOE, algunas confederaciones sectoriales de la patronal perderán una fuente importante de ingresos con esta reforma.

Más de 3,2 millones de trabajadores

Las empresas españolas utilizaron más de 608 millones de euros en créditos para formación en 2013, el último año del que hay datos disponibles, según la Fundación Tripartita para la formación en el empleo, formada por el Estado, los sindicatos y la patronal (CEOE). En total, más de 478.000 compañías, especialmente pymes, formaron a más de 3,2 millones de trabajadores. El coste por participante fue de 39 euros, de los que 179 fueron bonificados y los 216 euros restantes fueron aportaciones privadas de las corporaciones. Por sectores de actividad, las empresas con mayor presencia fueron las de servicios, que representaron el 42,6% del total, mientras que las compañías agrícolas alcanzaron el 2,29%.

Claves del nuevo modelo de formación laboral

1 Patronal y sindicatos

Los interlocutores sociales ya no serán más juez y parte en la formación y dejarán de gestionar la ejecución de la formación.

2 Estado y comunidades

La ejecución de la formación recaerá exclusivamente en el Estado, a través del SEPE, y las CC AA formarán parte de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

3 «Cheque» para la formación

La reforma plantea la creación de un «cheque» para la formación de los trabajadores desempleados, que estará gestionado al 50% por las comunidades autónomas.