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«El lobby siempre se ha asociado a gente con gafas de sol y maletín»

Los hermanos Jorge y José María Fernández-Rúa, socios directores de la consultora Cariotipo, han escrito el «Manual del buen lobista», que aporta una visión rigurosa de una actividad profesional tan poco conocida como necesaria

Jorge y José María Fernández-Rúa
«El lobby siempre se ha asociado a gente con gafas de sol y maletín»Archivo

La obra, presentada en el Congreso de los Diputados, pretende neutralizar la imagen negativa con la que convive el sector y trasladar la experiencia de los autores para sacar ese trabajo de una zona de sombras que sólo crea sospechas injustas.

¿Cuándo nació el término lobby?

El origen de lobby como actividad profesional está en disputa por vestíbulos representativos de dos grandes centros de poder: Londres y Washington DC. La leyenda recoge que el presidente Grant, cansado de la multitud de peticiones que recibía por parte de los representantes de intereses que se acuñaban en el vestíbulo del hotel, los acabó llamando lobistas en tono despectivo. En España contamos con casos documentados de la actividad de lobby a principios del siglo XIX, en concreto durante la redacción de la Constitución de 1812 conocida como «La Pepa».

¿Por qué se sigue percibiendo esta palabra como peyorativa?

El lobby entendido como entidad siempre se ha asociado a gente con gafas de sol, traje y un maletín y nada más lejos de la realidad. Es una actividad que se puede llevar a cabo desde una asociación de pacientes, una empresa, una patronal, un colegio profesional o un país o región. Porque hablar de lobby significa hablar de influencia, intereses, política, legitimidad, políticas públicas, información, sociedad civil, participación y comunicación, o, dicho de otra forma, implica hablar de democracia. Sin embargo, la palabra se percibe como peyorativa, incluso entre los propios profesionales del sector, y se suele criticar desde la sociedad.

La regulación del lobby todavía es incipiente en España, ¿qué hace falta para que aterrice?

A nivel nacional no existe, lo que hay es un registro en la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) y luego hay otro a nivel autonómico. Hay una regulación en la Comunidad de Madrid, Valencia, Cataluña, Castilla La Mancha. En 2021, el Gobierno puso en marcha la rueda para la elaboración de una regulación de la actividad; primero, con la consulta pública previa y, después, con la publicación del Anteproyecto de ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés en el último trimestre de 2022. Sin embargo, dicha propuesta de regulación es limitada (afecta solo al Ejecutivo de ámbito nacional) y está por ver que, si se aprueba, pueda tener el efecto deseado, que no debiera ser otro que el de dotar de máxima transparencia a la toma de decisiones pública.

¿Cuáles son sus propuestas para su regulación?

Se debería definir la actividad de representación de intereses de forma amplia e inclusiva, no dejando lugar a ambigüedades. Habría que establecer un registro obligatorio para aquellas personas, físicas o jurídicas, o plataformas o alianzas de organizaciones, que vayan a realizar la actividad de representación de intereses y actividades de influencia. Al mismo tiempo, todo representante público debería informar de manera clara de los contactos que mantiene en relación con cada medida o política pública y publicar su agenda de trabajo.

¿Influyen mucho los lobbys en la política española?

Sí y no. La capacidad de influir en la toma de decisiones no depende de ninguno de nosotros, sino de lo bien que esté trabajado un caso, de la legislación comparada, y por supuesto del contexto. Por muchas veces que defendamos un tema, no podemos pegarnos contra la pared. Lo difícil de nuestro trabajo es ir alineando los asuntos o intereses de los distintos actores para empujar en la misma dirección.

¿Cuáles son las claves para hacer lobby?

El largo plazo y la anticipación. Cuanto antes se empiece a trabajar, a discutir y a reflexionar sobre un asunto antes de que esté aprobado, se tienen más posibilidades de que se tenga en consideración. No es lo mismo ir a los grupos parlamentarios cuando ya está el periodo de enmiendas cerrado de un proyecto de ley a llevar dos años trabajando en ello.