Los mercados le dicen a la Generalitat: «Así no»

La fuga de empresas tan importenes como Sabadell o Caixabank por la inseguridad jurídica ha dado un golpe mediático de primer orden al «procès» y lo ha puesto contra la cuerdas.

La noticia económica más relevante de esta semana ha sido, sin lugar a dudas, la continuada fuga de la sede social de numerosas empresas desde Cataluña al resto de España: Caixabank se ha mudado a Valencia; Sabadell, a Alicante, y Aguas de Barcelona y Gas Natural a Madrid. Y tan sólo estamos hablando de algunas de las más representativas, ya que el listado de nombres es muy largo: Oyrizon, Eurona, Proclinic, Dogi, Catalana Occidente, Banco Mediolanum, etc.

Los traslados han constituido un golpe mediático de primer nivel contra el «procés». Algunos de sus promotores incluso lo han descrito como una «guerra económica» emprendida por el Gobierno central contra el independentismo catalán. Sin embargo, la iniciativa de estos movimientos no ha partido del Ejecutivo de Rajoy (quien únicamente ha facilitado esta demanda a través de un decreto que permite que las empresas relocalicen su sede social sin pasar por la junta de accionistas, siempre que esto último no constituya una obligación estatutaria), sino fundamentalmente de las propias compañías, deseosas de escapar de la región ante la perspectiva de que se produzca una declaración unilateral de independencia a lo largo de los próximos días.

¿Por qué entonces se marchan las empresas? Lo primero a aclarar es que, por ahora, únicamente estamos ante cambios de la sede social: es decir, no se trata de que estas compañías se estén llevando sus infraestructuras y sus trabajadores a otras partes de España, sino de que cambian la ubicación que determinará su «nacionalidad». Si Cataluña se independizara, todas estas compañías seguirían siendo españolas aun cuando el grueso de su negocio no se hubiera trasladado físicamente. ¿Y por qué desean seguir siendo españolas ante la perspectiva de una secesión catalana? Por la seguridad jurídica que les proporcionaría seguir dentro de la Unión Europea y dentro de la Eurozona.

La seguridad jurídica es fundamental para el desarrollo de cualquier actividad empresarial. Sin la previsibilidad que proporciona un horizonte institucional estable, los cálculos inversores se desvanecen entre la incertidumbre del dirigismo político. La Unión Europea y la Eurozona, a pesar de las muchas crisis internas que han experimentado en el pasado, constituyen anclas de sosiego para muchas compañías, especialmente para los bancos, porque representan un marco institucional conocido, consolidado, vigente, creíble y resistente. El sistema financiero, de hecho, tendría imposible seguir dentro del euro sin contar con acceso a la financiación regular que proporciona el Banco Central Europeo. Y semejante acceso se halla condicionado a que los bancos estén radicados en un país miembro de la Eurozona.

Por eso, todas estas compañías han huido de Cataluña ante la perspectiva de una declaración unilateral de independencia que, primero, modifique de un modo absolutamente imprevisible el marco regulatorio de referencia al que se encuentran sometidas y, segundo, saque a Cataluña de la Unión Europea y del sistema europeo de bancos centrales. La fuerte integración del mercado español ha permitido que este traslado de sedes sociales se haya producido con una rapidez inusitada.

Por desgracia, todo lo anterior no significa necesariamente que la declaración unilateral de independencia vaya a abortarse. No ya porque sus promotores puedan haber entrado en una dinámica de no atender a razones, sino porque, en algunos aspectos, y por paradójico que parezca, la fuga de empresas podría rebajar el coste socioeconómico de la independencia en el muy corto plazo. Dado que Caixabank y Sabadell, como bancos españoles, seguirán sí o sí dentro de la Eurozona, el riesgo de un «corralito» en Cataluña se vuelve algo menor por ahora. Mas los líderes independentistas no deberían soslayar el mensaje que «los mercados» les están inequívocamente lanzando un «así no».

¿... Y el déficit?

Una vez que los grandes bancos catalanes han encontrado acomodo social en el resto de España, la gran pregunta a responder para determinar si una Cataluña independiente seguiría dentro del euro es qué sucederá con sus finanzas públicas.

A corto-medio plazo, el mercado financiero se mostraría reacio a financiar a la Generalitat, de modo que ésta debería equilibrar sus cuentas (lo que se tendría que traducir en que la recaudación debería ser exactamente igual a los gastos). De no ser así, por necesidad tendría que salir del euro para financiarse emitiendo su propia divisa. Pues bien, a cierre de 2016, el déficit público de la Generalitat ascendía a 1.906 millones de euros. La cifra no es ni mucho menos gigantesca, pero habida cuenta de que una declaración unilateral de independencia provocará una caída de los ingresos en el corto plazo (agravada por la salida de empresas) y un aumento de gastos (propios de un Estado independiente), no queda claro que el Estado catalán fuera a ser capaz de sufragarlo ni siquiera con lo que se ahorraría de transferencias fiscales al resto de España. Y si no fuera capaz, sólo habría dos alternativas: o un ajuste fiscal de caballo o salida del euro.

Tensión en los mercados

Los mercados financieros españoles han alternado esta última semana momentos de calma y de desesperación. El saldo neto de tales altibajos apenas se ha traducido en una caída del Ibex inferior al 2% y en una subida de la prima de riesgo de siete puntos básicos. Los inversores se mantienen en un estado de tensión, a la espera de que la crisis catalana se resuelva en una dirección o en otra. Si la inseguridad jurídica que pesa sobre Cataluña puede dañar a la economía regional, la incertidumbre sobre el futuro de esta autonomía también puede perjudicar a la economía española. Si finalmente la crisis institucional se estabilizara –incluso si llegáramos a un acuerdo de descentralización fiscal que acabara con la distorsionadora «solidaridad interterritorial»–, entonces es dudoso que lo sucedido hasta el momento deje huella alguna en nuestro futuro. Si, en cambio, la crisis institucional se agravara, sí cabe esperar una repercusión mucho más negativa tanto sobre nuestra economía real como sobre nuestra economía financiera. Y eso se trasladaría a los mercados financieros. Sin duda.

También el turismo

La incertidumbre no sólo afecta a la inversión, sino que incluso puede repercutir sobre las visitas turísticas. De acuerdo con Álvaro Nadal, ministro de Energía, Industria y Turismo, la actividad turística catalana ha pasado a crecer a apenas tasas del 2% interanual, cuando venía expandiéndose por encima del 10%. Es verdad que resulta difícil distinguir qué parte del frenazo se ha debido a la influencia de los atentados terroristas en Barcelona del pasado mes de agosto y qué parte, en cambio, es propiamente atribuible al proceso de independencia impulsado en junio de este mismo año. Pero resulta difícil negar que algún tipo de efectos sí está teniendo sobre una de las principales industrias españolas y catalanas. De hecho, esta misma semana, American Airlines, una de las principales compañías aéreas del mundo, que comparte alianza con Iberia y British Airways, alertó a sus clientes de que la situación de la región podría volver recomendable un cambio de destino durante los próximos días. Asimismo, el Foreign Office –es decir, el Ministerio de Exteriores inglés– también ha alertado sobre el posible estallido de violencia en Cataluña. No es la mejor «marca» que podemos crear.