Megacontrato de 370 millones de AENA para evitar otro caos aéreo

Destinará 55 millones más a contratar nuevos vigilantes. Habrá sanciones más duras para las empresas que no cumplan.

Controles de seguridad bloqueados, terminales atestadas de viajeros, vuelos perdidos... la huelga de los vigilantes de los arcos de seguridad de la empresa Eulen en el aeropuerto de El Prat dejó el pasado verano imágenes que la dirección de AENA no quiere que se repitan. Para evitarlo, el gestor aeroportuario ha incrementado un 26% el presupuesto destinado a los servicios de seguridad, hasta los 370,3 millones de euros. De ese aumento, un 15%, 55 millones de euros, se destinará a la contratación de nuevo personal, según han confirmado fuentes de la compañía a LA RAZÓN.

El servicio se sacó a concurso el pasado mes de diciembre. La licitación se ha hecho en dos expedientes de contratación debido a su tamaño. Uno recoge los 27 aeropuertos con mayor tráfico. Está dotado con 359 millones de euros y tendrá diversos adjudicatarios al estar dividido en lotes. En el aeropuerto de Madrid-Barajas habrá cuatro paquetes para cuatro adjudicatarias, que pujarán por la seguridad de la inspección de los pasajeros; la de equipajes, bodega y ronda; la de «fast track» –embarque prioritario independiente– y la del centro de gestión aeroportuaria. En el de Barcelona-El Prat habrá tres lotes, los mismos que en Barajas pero excluido el de «fast track». El resto de los aeropuertos con más de 400.000 pasajeros, a excepción de Palma de Mallorca, están agrupados en lotes en función de su localización. Por ejemplo, Ibiza y Menorca van en uno y Sevilla y Jerez en otro. El otro expediente es para los otros veinte aeródromos con un tráfico menor a 400.000 pasajeros y que tendrá un solo adjudicatario. El servicio está pendiente de licitarse en el aeropuerto internacional de Murcia, cuyo contrato de gestión firmó AENA hace semanas.

El plazo de adjudicación de los servicios será de dos años, prorrogables anualmente durante otros dos más previo acuerdo entre las partes. Al haberse puesto en marcha en diciembre, el concurso estará resuelto antes de verano, lo que pemitirá a AENA llegar a la temporada alta con el asunto de la seguridad resuelto.

Dado que gran número de los contratos permanecen en vigor, el objetivo de AENA en la licitación es recoger las especificaciones del acuerdo alcanzado por los ministerios de Fomento, Empleo e Interior con sindicatos y empresarios sobre la contratación de los servicios de seguridad privada el pasado mes de noviembre. Después del caos de El Prat, y ante la amenaza de su extensión a otros aeropuertos, el Ministerio de Fomento impulsó en septiembre, a propuesta de los sindicatos, un grupo de trabajo para fijar las nuevas condiciones en la contratación de los servicios de seguridad del gestor aeroportuario. El 21 de noviembre se firmó el pacto. El acuerdo incluye un anexo que fija nuevos pluses para determinadas actividades. Los vigilantes de los aeropuertos recibirán un complemento genérico de 0,68 euros por hora efectiva trabajada.

Los destinados en los arcos de seguridad, donde se originó el conflicto de El Prat, tendrán un suplemento de 1,19 euros la hora. Y los que se ocupen de los filtros de rotación –las filas de pasajeros–, otros 0,6 euros. Para este último colectivo, el acuerdo también recoge una cantidad extra variable vinculada a cada pliego que no forma parte del convenio colectivo. El pacto incluye que cada uno de estos importes se incrementarán en un 2% anual, tal y como figura en el convenio estatal de seguridad privada que se pactó hace unos meses.

Para garantizar que el servicio se presta de forma correcta, los nuevos pliegos de contratación no se limitan a mejorar las condiciones laborales de los vigilantes y a aumentar su cantidad. Los pliegos de prescripciones técnicas se centran en incrementar la calidad del servicio y mejorar la atención a los pasajeros y su percepción de la misma. Uno de los aspectos clave de este apartado será el sancionador. AENA va a endurecer las penalizaciones que soportarán las compañías de seguridad en caso de que no presten los servicios según los estándares fijados. El gestor considera que un incremento presupuestario de un 26% es «más que generoso» como para exigir a cambio un buen servicio.