Montoro dice que al recortar el Gobierno se carga de razón frente a las CC AA

Montoro discute con las autonomías la flexibilización del objetivos de déficit y propone realizar reuniones bilaterales con los gobiernos de las CC AA, que rechazan aplicar más ajustes

La Administración Pública española tendrá que realizar este año un ajuste combinado de gasto público y alza de ingresos de algo más de 23.000 millones de euros si quiere reducir el déficit desde los más de 54.000 millones de 2015 (el 5% del PIB, a la espera de conocer el cambio contable de la UE) hasta los 31.000 millones (2,8%) del objetivo marcado para el presente ejercicio. De la cifra total que tendrá que recortar el sector público, el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que el Estado asumirá 2.000 millones a través de una enmienda en los Presupuestos Generales que el Ejecutivo dejó aprobados antes de las elecciones del pasado 20 de diciembre.

Con este movimiento, decidido durante el Consejo de Ministros previo al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Montoro tomó la primera decisión de ajuste en la Administración central después de anunciar el incumplimiento del objetivo de déficit de 2015, fijado en el 4,2% del PIB. Además, el ministro aprovechó la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo para mostrarse convencido del «compromiso» de las comunidades con el límite del 0,3%, pese a las evidentes discrepancias que ha generado el plan de ajuste propuesto desde el Gobierno en funciones.

Montoro detalló que el acuerdo de no disponibilidad de gasto público de 2.000 millones –similar al reclamado a las comunidades– no afectará a partidas de corte eminentemente social como la Sanidad, la Educación o el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), a través del cual se gestionan las prestaciones por paro. El ministro también excluyó del ajuste algunos capítulos que el Gobierno considera esenciales, como la seguridad o las inyecciones de liquidez a Adif para el mantenimiento de la red ferroviaria nacional.

Casi la mitad del acuerdo de no disponibilidad, unos 950 millones de euros, impactará en el capítulo VIII de los Presupuestos –es decir, en los gastos financieros–, y en las partidas asignadas a los ministerios de Economía, Industria y Fomento, según explicó el ministro. Montoro detalló que el reparto se realizó de forma «proporcional» y que ésta es una de las respuestas del Gobierno a los avisos de Bruselas.

El pasado 9 de marzo, la CE instó a España a aplicar medidas de corte más duradero para ajustar el déficit público a los límites pactados. A cambio de estas nuevas decisiones presupuestarias, el Gobierno podría negociar una nueva senda de estabilidad presupuestaria con Bruselas. «Para que haya más margen, tenemos que aplicar medidas», dijo Montoro tras reunirse con las autonomías en un CPFF «muy positivo» y sin carácter decisorio, es decir, principalmente informativo.

El ministro detalló que Hacienda pretende realizar «reuniones bilaterales» con los gobiernos autonómicos para discutir de forma individual los planes de ajuste de cada una. «Varias nos los han enviado ya», apuntó Montoro, que se mostró confiado en que el resto tardarán poco. Las comunidades adscritas al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) no recibirán los fondos hasta que sus proyectos de reducción del déficit publico estén completos.

En las jornadas previas, prácticamente todas las regiones habían rechazado los planes de ajuste propuestos por el ministro y habían pedido flexibilizar los plazos para reducir el déficit al 0,3%. Antes del encuentro, el ministro trató de restar importacia a las discrepancias y habló de «matices» respecto al plazo que necesita cada «pata» de la Administración para cumplir sus objetivos.

Algunas comunidades, como Aragón, utilizaron las horas previas para «calentar» la reunión con el ministro. El Gobierno regional aragonés definió como «chantaje» que el cobro de los 180 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) venga asociado a «ceder en algunas cuestiones». El Ejecutivo de la comunidad manifestó su intención de oponerse a cualquier recorte y pidió una mayor flexibilidad en los objetivos de déficit. Pidió límites «realistas» tras la reunión con el ministro de Hacienda.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, aseguró en clave política que el «Partido Popular siempre que hay una oportunidad castiga a Andalucía y a los andaluces». Antes de la reunión, la consejera de Hacienda de la Junta, María José Montero, rechazó los ajustes y dijo que la «recuperación económica» se tiene que trasladar a los «más vulnerables».

La portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, señaló, por su parte, que «entre cumplir la Constitución o la Ley de Estabilidad Presupuestaria», la región «va a seguir cumpliendo la primera». «No estamos ni en condiciones ni dispuestos a hacer recortes que al final lo que llevan es a que las personas no vean garantizados sus derechos». El consejero de Hacienda, Vicent Soler, acusó a Montoro de «hacer sufrir» a los ciudadanos.

El consejero catalán de Relaciones Institucionales, Raúl Romeva, rechazó de forma tajante antes de la reunión las propuestas de Hacienda –«poco tajantes y precisas»– para reducir el déficit público y dijo que «no se van a aplicar en Cataluña». Tras la reunión con Montoro, se mostró dispuesto a estudiar la posibilidad de realizar reuniones bilaterales con Hacienda.

La consejera de Economía de Madrid, Engracia Hidalgo, aseguró estar «comprometida» con el proceso de estabilidad porque ha traído «crecimiento económico y empleo» a la comunidad. No obstante, también dijo que pediría a Montoro «un mayor margen de flexibilidad temporal» para reducir el déficit público.

En una línea parecida, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Murcia, Andrés Carrillo, insistió en que el «gran problema» de esta comunidad es la «infrafinanciación» y se mostró optimista, con «una expectativa favorable», ante la discusión del nuevo sistema de financiación.

La consejera de Hacienda de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, por último, manifestó su esperanza de que Montoro dé marcha atrás en su decisión de retener fondos de financiación a la comunidad para abonar directamente las facturas a los proveedores del sector privado.