España atraviesa una década decisiva según el último informe económico de la OCDE, que describe al país como una economía capaz de crecer por encima de sus socios -un 3,5% en 2024, frente al promedio europeo- y de crear empleo a un ritmo superior, pero atrapada en tensiones profundas que amenazan su estabilidad futura.

Aunque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha revisado nuevamente al alza su pronóstico de crecimiento para España para este año y el siguiente, después de la mejora anunciada el pasado mes de septiembre, y ahora anticipa que la economía crecerá un 2,9% en 2025 y un 2,2% en 2026, lo que implica una subida de tres y dos décimas, respectivamente, respecto del pronóstico anterior, también advierte de los riesgos: la inversión supera ya el 20% del PIB, la inflación se ha moderado y el mercado laboral ha absorbido niveles récord de inmigración entre 2022 y 2024, lo que ha sostenido el consumo y el PIB per cápita.

Pero, bajo esa solidez, persisten tres grandes presiones: un aumento explosivo del gasto en pensiones, un déficit estructural prácticamente inmóvil y una tensión creciente en el mercado de la vivienda por una oferta muy inferior a la construcción de nuevos hogares.

Todo ello sucede mientras la productividad continúa rezagada respecto a la eurozona, las pymes siguen dependiendo del crédito bancario y la tasa de paro se mantiene como la más alta de la OCDE, pese a su reducción reciente.

Ajustes insuficientes

La OCDE subraya que España ha mejorado sus cuentas públicas tras la pandemia, pero advierte de que el ajuste es insuficiente. El déficit caerá hasta el 0,8% en 2031, según el propio plan del Gobierno, y la deuda rondará el 90,6% del PIB en ese año; sin embargo, sin reformas adicionales los costes del envejecimiento harán que la deuda vuelva a dispararse en la década de 2040.

Hoy, el país ya dedica 3% del PIB a transferencias del Tesoro para cubrir las pensiones -una cifra que ha escalado desde los 15.600 millones de euros en 2019 hasta los 41.600 millones en 2024, según datos de la AIReF-. Y aunque el sistema cubre solo un 70% del gasto con cotizaciones, las reformas de 2021-2023 han elevado su coste, no su sostenibilidad.

El organismo pide al Gobierno un plan fiscal más detallado, un refuerzo de la eficiencia del gasto y una reforma tributaria que amplíe bases, elimine distorsiones y reduzca la carga sobre el trabajo. En 2024, la brecha entre coste laboral y salario neto (tax wedge) se sitúa en el 40,6% para un trabajador medio sin hijos, frente al 34,9% de la media de la OCDE, y alcanza el 39,5% para una familia con dos hijos, también superior a los promedios europeos.

En cambio, el IVA recauda poco porque su base está erosionada por múltiples tipos reducidos y exenciones, y la imposición ambiental podría aportar un 0,7% del PIB adicional, según estimaciones del FMI citadas en el documento.

Más licencias de construcción

El mercado de la vivienda concentra parte del diagnóstico más urgente. Entre 2022 y 2024 se concedieron solo 345.000 licencias de obra, frente a una formación neta de 604.000 hogares, lo que ha generado un déficit que el Banco de España cifra en 600.000 viviendas, impulsado también por la llegada de población migrante en zonas de alta demanda.

Los precios han vuelto a acelerarse -las casas suben un 12,7% interanual en el segundo trimestre de 2025- y los alquileres crecen con fuerza, en un contexto en el que el 70% de las hipotecas en vigor siguen siendo de tipo variable y el crédito, aunque prudente, empieza a expandirse de nuevo.

La OCDE aconseja ampliar la oferta mediante más suelo urbanizable, procedimientos de licencias más rápidos, inversión en vivienda social y un sistema nacional de ayudas al alquiler basado en ingresos y precios locales, para evitar distorsiones que puedan inflar aún más los precios si no van acompañadas de más oferta.

Absentismo y paro con baja actividad

En el ámbito laboral, España tiene aún el desempleo más alto de la OCDE, pese al récord de creación de empleo. La tasa de actividad de los mayores de 55 años sigue rezagada y la inactividad por incapacidad temporal ha crecido, con aumentos significativos en los días perdidos por enfermedad, especialmente en edades superiores.

Las reformas recientes han ampliado la flexibilidad de jubilación, pero la OCDE cree necesario revisar los incentivos del subsidio de mayores de 52 años, ampliar la formación para adultos y reforzar la integración de migrantes, que han sido un motor clave del crecimiento entre 2022 y 2024.

En productividad, el diagnóstico es conocido: el PIB per cápita creció más del 9% desde 2021, más del doble que la eurozona, pero aún no converge con los niveles de los países pares porque la productividad por trabajador sigue siendo baja. El capital por empleado crece lentamente y las pymes -que representan el grueso del tejido empresarial- tienen menos acceso a financiación alternativa: en 2024, hasta un 50% de las pequeñas empresas percibe la financiación como un obstáculo para invertir, frente al 20% de las grandes.

La inversión en I+D también está por debajo del objetivo europeo y las empresas tardan en incorporar tecnologías avanzadas.

Con la combinación de deuda elevada, envejecimiento acelerado y vivienda tensionada el conjunto de la economía podría colapsar.

Desaceleración

España ha crecido un 3,5% en 2024, impulsada por un consumo sólido apoyado en una población activa en aumento y en el fuerte dinamismo de los servicios, especialmente el turismo, que tras la pandemia ha recuperado niveles previos con la llegada de visitantes extranjeros y el retorno del gasto interno.

El PIB seguirá expandiéndose pero a menor ritmo: 2,9% en 2025, 2,2% en 2026 y 1,8% en 2027, según las proyecciones de la OCDE, que calcan las del Gobierno. Ese crecimiento se apoya también en la inversión, que ha alcanzado el 20% del PIB y ha recuperado el nivel prepandemia, especialmente en maquinaria y propiedad intelectual, reflejando un giro hacia activos más intensivos en conocimiento.

Parte de esa recuperación se debe al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha cumplido ya el 69% de sus hitos y ha movilizado recursos hacia proyectos tecnológicos y verdes que han logrado atraer capital privado adicional. Sin embargo, solo el 15% de los objetivos directamente ligados a inversiones se ha cumplido, lo que refleja obstáculos regulatorios y retrasos en la ejecución de fondos.

En el mercado laboral, la creación de empleo ha sido intensa y ha permitido absorber niveles récord de inmigración, que han impulsado tanto el empleo como el crecimiento del PIB. Aun así, la OCDE recuerda que España mantiene la mayor tasa de paro de la OCDE y que ciertos segmentos del mercado, como los trabajadores mayores, continúan enfrentando fuertes obstáculos.

La tasa de actividad de los ciudadanos de entre 55 y 64 años sigue siendo baja y, aunque ha aumentado la participación de los de 60 a 64 años -un avance de 8,8 puntos porcentuales entre 2019 y 2024-, muchos trabajadores siguen abandonando el mercado antes de la edad legal de jubilación. En paralelo, el absentismo por incapacidad temporal ha aumentado con fuerza, lo que genera un coste económico creciente y plantea dudas sobre la eficiencia del sistema de prestaciones por enfermedad.

El déficit público ha mejorado desde los años más duros de la pandemia, pero el componente estructural apenas ha disminuido. Las necesidades de gasto en pensiones, sanidad, cuidados de larga duración y dependencia crecerán de manera significativa: la ratio de dependencia se incrementará de forma acusada entre 2024 y 2054, y el gasto en pensiones aumentará desde el 14,5% del PIB hasta un 16,1% en 2050, lo que supone un incremento de 3,2 puntos en menos de tres décadas.

No tocar más los costes laborales

A pesar de que la AIReF no ha activado la cláusula de salvaguarda en su primera evaluación de la reforma de pensiones, ha advertido de que la brecha entre gasto y cotizaciones crecerá en las próximas décadas, agravada por la indexación plena con el IPC y la eliminación del factor de sostenibilidad, lo que hace que el sistema sea más sensible a los cambios demográficos.

El aumento de las cotizaciones decidido en las reformas recientes tampoco es suficiente para cerrar esta brecha, y la OCDE desaconseja seguir subiendo los costes laborales por el riesgo de agravar la baja productividad y afectar al empleo.

Respecto al capítulo fiscal, la OCDE recomienda ampliar la base del IVA, revisar beneficios fiscales que generan distorsiones y avanzar hacia impuestos más orientados a incentivar el empleo y la inversión. También sugiere reformar los impuestos de transmisiones patrimoniales, entre los más altos de la OCDE, para mejorar la movilidad residencial y reducir fricciones en el mercado de la vivienda.

En paralelo, el margen para aumentar la recaudación mediante mayor imposición sobre el tabaco, el alcohol y los productos nocivos para la salud también es amplio, dado que los impuestos sobre bebidas alcohólicas se encuentran entre los más bajos de la UE.

En materia empresarial, las pymes continúan encontrando obstáculos para financiarse y crecer. Hasta un 50% de ellas considera que la falta de financiación limita su inversión, y el recurso al mercado de capitales sigue siendo escaso. La OCDE propone revisar regulaciones que dificultan la salida a bolsa de empresas medianas, fomentar la inversión en capital riesgo y facilitar el acceso a instrumentos financieros alternativos. También recomienda reforzar la cooperación entre pymes de alto potencial y bolsas, cámaras de comercio e inversores institucionales, para impulsar la innovación y la competitividad.

España mantiene una posición financiera relativamente sólida en el sector privado: la deuda de los hogares y las empresas ha descendido y los bancos aplican criterios prudentes, con límites de préstamo sobre el valor del 80% para residentes y de entre el 60% y el 70% para no residentes. No obstante, la OCDE advierte de que una relajación de las condiciones financieras podría recalentar el mercado de la vivienda y aconseja vigilancia estrecha, incluyendo límites más estrictos de endeudamiento si surgieran señales de riesgo.

Así pues, las reformas en pensiones, fiscalidad, vivienda, productividad y empleo son, según la OCDE, imprescindibles para garantizar que España mantenga un crecimiento sólido y evite los riesgos que, de no corregirse, podrían erosionar la estabilidad fiscal, agravar la desigualdad y comprometer la prosperidad.